MIAMI.— La alcaldesa Christi Fraga presentó un balance favorable de la gestión municipal durante su discurso sobre el Estado de la Ciudad la noche del jueves, pero también reservó una parte del mensaje para reconocer la preocupación que las políticas migratorias han provocado entre familias y comerciantes de Doral.
“Muchas de nuestras familias viven con incertidumbre y los comercios sienten el impacto”, afirmó Fraga durante el acto celebrado en el Trump National Doral, ante funcionarios, empresarios y representantes de organizaciones comunitarias.
La declaración resulta significativa en una ciudad con una amplia población venezolana y latinoamericana, donde comerciantes han reportado disminuciones de clientes y residentes que evitan salir de sus viviendas por temor a encontrarse con agentes federales.
Al respecto, Fraga manifestó que “muchos de nuestros vecinos están sufriendo” y explicó que el municipio no controla las leyes federales ni todas las decisiones que afectan a sus habitantes.
No obstante, la edil sostuvo que el liderazgo local exige escuchar, acompañar a la comunidad y defender sus intereses de manera responsable.
La titular del gobierno municipal también destacó que el crecimiento de Doral no puede entenderse sin el aporte de los inmigrantes.
En este sentido, señaló que familias llegadas de distintos países han abierto negocios, creado empleos y contribuido a construir una ciudad próspera y diversa, por lo que consideró esencial reconocer su esfuerzo y acompañarlas ante la incertidumbre actual.
Seguridad, finanzas y obras
Entre los resultados destacados, la alcaldesa aseguró que la delincuencia general disminuyó 60% durante los últimos cuatro años, y atribuyó el avance al fortalecimiento de la Policía, el uso de lectores de matrículas, la ampliación del programa Doral Connect y la creación de unidades especializadas contra el fraude en asociaciones de propietarios y la conducción agresiva.
Fraga también resaltó la culminación del Doral Central Park, un espacio de aproximadamente 82 acres desarrollado mediante un compromiso de bonos de $150 millones. El complejo cuenta con centro comunitario, instalaciones acuáticas, piscina de competencia, anfiteatro, parque para patinetas, áreas infantiles y programas dirigidos a jóvenes, adultos mayores y personas con necesidades especiales.
En materia financiera, el presupuesto vigente contempla cerca de $148 millones entre todos los fondos municipales. La tasa operativa bajó a 1,5994 dólares por cada $1.000 de valor gravable, mientras el fondo general quedó 6% por debajo del ejercicio anterior y no incorporó nuevos puestos de tiempo completo.
La ciudad también mantiene una calificación crediticia AAA de Fitch y AA+ de S&P Global. Además, obtuvo $2,75 millones estatales: $2 millones para proyectos viales prioritarios y $750.000 para servicios policiales relacionados con visitas presidenciales y la futura cumbre del G20.
La alcaldesa de Doral, Christi Fraga.
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Peticiones sobre el acuerdo con ICE
El discurso de la alcaldesa no incluyó cambios en el convenio 287(g) que Doral mantiene con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Fraga y el jefe policial Matthew Castillo han reiterado que los agentes municipales no recibieron la capacitación requerida ni participan en operativos migratorios.
La mandataria local recordó que solicitó a la Fiscalía General de Florida una aclaración sobre las obligaciones legales del municipio. Su posición es que Doral debe cumplir las disposiciones vigentes mientras gestiona ante las autoridades estatales y federales las preocupaciones de sus residentes.
La permanencia del acuerdo ha sido cuestionada por dirigentes políticos y organizaciones civiles. El 22 de septiembre, el alcalde de South Miami, Javier Fernández; el excongresista Joe García; el representante estatal Kevin Chambliss; la exsenadora Annette Taddeo y Adelys Ferro, del Venezuelan American Caucus, figuraron entre quienes pidieron públicamente rescindirlo.
La presión continuó el 7 de octubre, cuando activistas acudieron al Ayuntamiento con cerca de 200 firmas. Representantes de ACLU Florida, el Southern Poverty Law Center y la Coalición de Inmigrantes de Florida sostienen que Doral puede retirarse del programa.
Hasta ahora, el Concejo no ha convocado una votación para debatir sobre esa posibilidad, por lo que el acuerdo continúa vigente y no existe un calendario definido para revisar su permanencia.