José Javier Rodríguez: "Ciudades podrían desligarse de las acciones de ICE"

“Si estas ciudades quieren decir ‘no’, tienen el derecho a hacerlo”, subrayó Rodríguez en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS y aseguró que, de ganar las elecciones de noviembre, defendería esa posición desde la Fiscalía General, al tiempo que cuestionó la presión ejercida desde Tallahassee para ampliar la participación de las policías municipales en tareas migratorias.

La discusión tiene consecuencias inmediatas en el sur de Florida. Doral afronta nuevas peticiones para abandonar su acuerdo con ICE, mientras que en Miami residentes y organizaciones han reclamado una decisión similar. La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, ha respondido que revocar la resolución municipal no cambiaría la legislación federal ni impediría que ICE opere en esa municipalidad.

La legislación estatal exige cooperación con las autoridades migratorias federales y prohíbe las llamadas políticas de “ciudad santuario”. Sin embargo, el artículo 908.11, que establece la obligación expresa de firmar un acuerdo 287(g), se refiere a los sheriffs o responsables de centros de detención de los condados y no formula esa exigencia en los mismos términos para todas las policías municipales.

El candidato también puso la corrupción en el centro de su campaña, a tal punto que prometió buscar la recuperación de $10 millones procedentes de un acuerdo relacionado con Medicaid que fueron dirigidos a la fundación Hope Florida. Un gran jurado cuestionó el destino de ese dinero, aunque concluyó que no tenía pruebas suficientes para presentar cargos penales contra una persona concreta.

Rodríguez habló además del centro de detención conocido como Alligator Alcatraz, de las tarifas eléctricas, los seguros de vivienda, el precio de la insulina y los fraudes en asociaciones de condominios.

—Ante la presión estatal para lograr que policías condales o municipales cooperen con ICE mediante acuerdos 287(g), ¿considera que ciudades como Doral o Miami podrían decidir abandonar ese convenio? Si llega a ser fiscal general, ¿defendería jurídicamente esa decisión?

En Florida no hay ninguna jurisdicción que califique como “ciudad santuario”. Todas las ciudades y los condados cooperan con ICE y otras agencias federales en lo que tienen que hacer, como proporcionar información y notificar cuando hay personas bajo su custodia. Eso es lo más básico. El debate surge sobre si están obligados a ir más allá. Quienes sí tienen que ir más allá son los responsables de las prisiones o los sheriffs. Fuera de eso, la ley no obliga a un gobierno local a funcionar como si fuera ICE. Pueden hacerlo si quieren, pero no están obligados. Sí deben coordinar, proporcionar información y notificar cuando tienen inmigrantes bajo su custodia. Esa coordinación entre agencias es parte de la función policial y no requiere necesariamente un acuerdo formal. Cuando se va más allá de esas obligaciones, en ciudades como Miami o Doral es decisión de sus autoridades si quieren usar el dinero de los contribuyentes locales para hacer el trabajo de ICE. Como fiscal general, dejaré muy claro que, si estas ciudades quieren decir “no”, tienen derecho a hacerlo, a poner condiciones o a manejarlo como prefieran. Si quieren ir más allá del mínimo que exige la ley, es su decisión. Para mí, lo que ocurre desde Tallahassee es un intento de imponer el poder político en lugar de aplicar la ley. Hacer cumplir la ley es nuestra función; intimidar políticamente no lo es.

—Sobre Hope Florida, usted prometió investigar el destino de $10 millones después de que un gran jurado cuestionara el uso de esos fondos, pero no presentara cargos. ¿Qué actuación específica ordenaría si llega a la Fiscalía General?

Para dar contexto, mi campaña se basa en las “tres C”: crimen, costos y corrupción. Buscamos mantener la seguridad, reducir los costos y enfrentar la corrupción. Proteger los fondos destinados a programas de salud, como Medicaid y Medicare, y perseguir el fraude donde ocurra es una función central de los fiscales generales. Será una prioridad para mí. Menciono esto porque el fraude en Medicaid ha llegado a un punto que la propia administración Trump ha calificado de “horripilante”. Deberíamos aplicar las leyes. Lo más sencillo —aunque no será fácil— es recuperar esos $10 millones. Días después de que se publicó el informe del gran jurado, redacté una carta para notificar a James Uthmeier [actual fiscal] y a otros 19 individuos y organizaciones que deben preservar la evidencia. Los pusimos sobre aviso para que no la destruyan. La razón más básica es que vamos a buscar la recuperación de ese dinero. Además, continuaremos la investigación donde la dejó el gran jurado. Seguiremos la evidencia para determinar quiénes son los responsables. Esto no tiene que ver solamente con Hope Florida: considero que es la punta del iceberg de la corrupción en Tallahassee. Hemos visto problemas con los seguros, las cuentas de luz, el uso del dinero para educación y salud, y el desperdicio de recursos en Alligator Alcatraz. Necesitamos a alguien dispuesto a enfrentar esos intereses.

José Javier Rodríguez conversa con un ciudadano.

CORTESÍA CAMPAÑA JJR

—Mencionó el centro de detención en los Everglades y recordemos que usted pidió investigar su construcción y funcionamiento. Qué examinaría primero: ¿los contratos, el gasto público o el trato a los detenidos?

Quiero aclarar que no estoy pidiendo que se haga una investigación: estoy diciendo que la haré cuando sea fiscal general [en caso de salir elegido]. Hay dos asuntos importantes. El primero son los abusos y las condiciones del centro. Nos prometieron que allí retendrían a individuos peligrosos. Aunque algunos lo eran, la gran mayoría eran inmigrantes a quienes nadie acusaba de un crimen. Por eso digo que nos mintieron. Los detenidos, sus familias y sus abogados nos han reportado abusos, entre ellos dificultades para acceder a representación legal, violaciones de sus derechos y malas condiciones de detención. El propio Departamento de Seguridad Nacional emitió un informe que encontró incumplimientos significativos de los estándares aplicables. Esas condiciones requieren una investigación. El segundo asunto es el dinero. Se recurrió a contratistas para prácticamente todo, desde el director del centro hasta los inodoros. Sostengo que el proyecto fue muy lucrativo para personas cercanas a mi oponente. Él recibió los aplausos y nos dejó a nosotros los abusos, las malas condiciones y las cuentas. Según mis cálculos, se han pagado $1.400 millones a esos contratistas y siguen llegando facturas. Eso lo convertiría en el centro de detención más caro en la historia de Estados Unidos, con un costo veinte veces superior al promedio de otros centros.

—La Fiscalía General acaba de demandar a fabricantes e intermediarios por presuntas prácticas que encarecen la insulina. ¿Continuaría esa demanda o la desecharía?

Necesitamos una estrategia integral para dar alivio a los floridanos. Definitivamente, si podemos actuar contra las compañías farmacéuticas para reducir los costos, debemos hacerlo, sobre todo cuando sus prácticas dificultan el trabajo de compañías locales que quieren suministrar medicamentos. Los pacientes lo merecen y lo necesitan. Haré todo lo posible para reducir los costos, incluidos los de los medicamentos, siempre que exista una base para presentar una demanda que permita recuperar fondos y reducir los precios.

—Usted ha hablado de los costos de la electricidad y de los seguros de vivienda. ¿Cuál sería su primera acción legal concreta y qué puede conseguir realmente un fiscal general sin cambiar la ley?

He estado pidiendo el voto de la gente, pero también les pido que imaginen lo que puede hacer una Fiscalía General dispuesta a enfrentar a los intereses especiales en Tallahassee. Ha pasado tanto tiempo sin ese tipo de liderazgo que, cuando hablo de la renta, la cuenta de la luz o los seguros, la gente pregunta cómo podría intervenir un fiscal general. Hay muchos asuntos federales, pero los aumentos de la cuenta de la luz y de los seguros pasan por decisiones tomadas en Tallahassee. Hay dos cosas que se pueden hacer. La primera es pelear contra los aumentos de las tarifas. Hace décadas que no tenemos un fiscal general que los combata. La segunda, como se ha hecho en Michigan, es buscar la recuperación de millones de dólares cobrados mediante tarifas injustas o ilegales. Eso tampoco lo hemos visto aquí y es lo que planeo hacer.

—Usted propone perseguir los fraudes en las asociaciones de condominios y combatir el fentanilo. ¿Qué haría en esos dos frentes?

Ha pasado mucho tiempo sin un liderazgo que implemente un plan integral frente a las drogas sintéticas que llegan a nuestras comunidades, la violencia con armas de fuego y los peligros que enfrentan los niños en internet y las redes sociales. Esos temas serán una prioridad. No se trata solamente de dar conferencias de prensa. Hay que coordinar esfuerzos con fiscales generales de otros estados y con las fiscalías locales para poner en marcha una estrategia de seguridad. En cuanto a los condominios, muchos propietarios en Florida me recuerdan porque abogué constantemente por ellos. Debemos usar las herramientas de la Fiscalía General porque, cuando se presentan demandas por dinero contra una asociación, muchas veces los propios dueños terminan pagando los costos. La fiscalía puede ofrecer un alivio real. Como senador trabajé muy de cerca con fiscales locales en este asunto y pondré todo el peso institucional a favor de los propietarios que enfrentan fraudes en sus edificios.