La petición surgió durante la audiencia final del presupuesto municipal. El convenio 287(g) ya había sido objeto de un amplio debate público en junio, que terminó sin votación
Ilustración fotorrealista del arresto de un inmigrante.
FREEPIK IA
MIAMI.— La audiencia final del presupuesto de Miami abrió espacio para un reclamo que sigue sin resolverse en la Ciudad: si debe mantenerse en vigor el acuerdo 287(g) entre la Policía municipal y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Aunque el convenio no formaba parte de las decisiones presupuestarias, volvió a ser mencionado ante los comisionados durante la audiencia en la que aprobaron por unanimidad el presupuesto municipal de unos 3.700 millones de dólares para 2026-2027, en medio de la creciente preocupación por las operaciones migratorias en el sur de Florida.
El programa permite que agentes locales seleccionados y capacitados ejerzan determinadas funciones migratorias bajo supervisión federal. Sus críticos sostienen que involucrar a la Policía en esas tareas deteriora la confianza de los residentes y puede disuadir a víctimas o testigos de denunciar delitos.
Las autoridades de Miami, por su parte, han afirmado que la aplicación del acuerdo por su departamento policial ha sido limitada. En junio, el administrador municipal James Reyes sostuvo que la ciudad había iniciado 14 retenciones migratorias durante su primer año en el programa y que ninguna se había aplicado a una persona sin cargos penales.
En ese contexto, Tomás Kennedy, consultor de políticas de la Florida Immigrant Coalition, una red de organizaciones que defiende los derechos de los inmigrantes en el estado, pidió otra vez a la Comisión que sacara a Miami del convenio con la policía de control migratorio.
“Tengo que aprovechar la oportunidad de venir aquí y de nuevo instarles a que se salgan de este acuerdo 287(g)”, expresó el activista durante la audiencia en la Comisión municipal.
Añadió que hay residentes temerosos de salir de sus casas ante la presencia de agentes migratorios y responsabilizó políticamente a quienes apoyaron la colaboración con ICE.
Cabe decir que el reclamo no empezó en la reciente audiencia presupuestaria. El 25 de junio, la Comisión de Miami dedicó una discusión específica al acuerdo 287(g) tras la presión de residentes y organizaciones comunitarias.
Kennedy también estuvo esa ocasión entre quienes pidieron terminarlo. Al concluir el debate, los comisionados no votaron una propuesta para rescindir el convenio.
En la sesión, el administrador Reyes indicó que dos detectives de la Policía de Miami habían recibido capacitación de ICE. Varios comisionados expresaron preocupación por el efecto del convenio en la comunidad, mientras el abogado de la Ciudad advirtió sobre posibles consecuencias estatales si Miami decidía cancelarlo. El intercambio terminó sin cambiar la política vigente.
El tablero de encuentros migratorios del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) registraba, en su actualización del 24 de septiembre, 33.800 encuentros en todo el estado, 27.201 arrestos y una cifra redondeada de 16.000 arrestos vinculados al programa 287(g).
Las categorías no son equivalentes: un encuentro no necesariamente termina en arresto, y esos totales estatales no permiten determinar cuántas detenciones efectuó la Policía de Miami. Los datos pueden consultarse en el tablero oficial del FDLE.
El desglose por agencia plantea otra dificultad. Incluye 1.008 encuentros bajo el nombre “City of Miami Police Department” y 451 bajo “Miami Police Department”, dos denominaciones que parecen referirse al cuerpo municipal.
Kennedy había defendido públicamente la salida de Miami del programa desde febrero. También lo mencionó en la primera audiencia presupuestaria, el 10 de septiembre, cuando relacionó la colaboración policial con ICE con sus objeciones a nuevas inversiones en tecnología de vigilancia.
La presión se ha extendido a otras municipalidades. El martes 22, Kennedy participó frente a la alcaldía de Doral en una convocatoria de dirigentes y activistas que pidieron cancelar el acuerdo 287(g) en esa localidad de Miami-Dade. Cada municipalidad tendría que decidir por separado sobre su convenio.
Durante su intervención más reciente, Kennedy también dirigió sus críticas a la alcaldesa Eileen Higgins, a quien reprochó no haber avanzado en la cancelación del acuerdo ni haberse reunido, según afirmó, con grupos que llevan meses solicitándole un encuentro.
La alcaldesa había declarado previamente que se opone al convenio y que no lo habría firmado, pero sostiene que corresponde a la Comisión, que lo aprobó, tomar la decisión de ponerle fin.
La audiencia presupuestaria dejó constancia de una nueva petición y no produjo una decisión sobre el 287(g), que continúa siendo un asunto pendiente para la Comisión de Miami.
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