La Florida SAVE Act establece plazos para modificar los documentos y contempla reemplazos gratuitos para quienes se naturalicen y actualicen sus datos a tiempo
Composición ilustrativa basada en el diseño de la licencia de conducir de Florida.
IMAGEN GENERADA CON IA A PARTIR DE MATERIAL DEL FLHSMV.
MIAMI.- Las licencias de conducir y tarjetas de identificación que Florida expida a ciudadanos estadounidenses deberán reflejar esa condición, a más tardar el 1 de julio de 2027, conforme a la Florida SAVE Act, firmada por el gobernador Ron DeSantis el 1 de abril de este año.
El cambio se aplicará cuando se emita un documento por primera vez, se renueve o se solicite una reposición, de acuerdo con la información que figure en los registros del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV).
Por su parte, los nuevos controles del registro electoral están previstos para el 1 de enero de 2027. Son dos etapas de aplicación de la misma legislación, con fechas y alcances distintos.
Aprobada mediante el proyecto HB 991 y convertida en la Ley 2026-26, la norma incorpora una sección específica sobre el dato que deberán contener esas credenciales. No ordena un canje inmediato de todas las licencias vigentes.
Quienes obtengan la ciudadanía después de recibir su documento tendrán derecho a una renovación o reposición sin costo si notifican oportunamente su nueva condición al FLHSMV.
El plazo es de 30 días calendario después de adquirirla. Esa obligación está recogida en el artículo 322.19 de los estatutos de Florida y fue incorporada en 2025. La gratuidad prevista por la reforma se vincula al cumplimiento de ese requisito.
En el ámbito electoral, las autoridades contrastarán los datos de quienes soliciten inscribirse o actualicen su información como votantes con los registros del departamento vinculados al sistema REAL ID, además de utilizar mecanismos adicionales de verificación.
Si esa consulta no permite comprobar la ciudadanía, la ley contempla revisiones mediante otras fuentes gubernamentales y notificaciones al interesado. También fija procedimientos para examinar la situación de personas ya inscritas que sean identificadas como potencialmente inelegibles.
Entre las pruebas admitidas figuran el original o una copia certificada del acta de nacimiento de EEUU, un pasaporte estadounidense vigente y el certificado de naturalización. La lista incluye otras alternativas, como el reporte consular de nacimiento en el extranjero y una licencia o tarjeta de identificación válida que indique ciudadanía.
Si el solicitante ha cambiado legalmente de nombre o apellidos y estos no coinciden con la prueba presentada, deberá aportar documentación oficial que acredite la modificación.
Ser ciudadano ya era una exigencia para registrarse y votar en Florida. La reforma modifica los mecanismos utilizados para comprobarla; tener una licencia de conducir, por sí solo, no convierte a su titular en elector habilitado. El estado también expide credenciales a extranjeros que cumplen los requisitos legales correspondientes.
Al promulgar la medida, DeSantis aseguró que reforzaría la seguridad, la transparencia y la confiabilidad de las elecciones: “En Florida, siempre defenderemos la integridad electoral”.
La legislación enfrenta una demanda federal promovida por UnidosUS, la Liga de Mujeres Votantes de Florida y otras organizaciones, con representación de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y sus aliados.
Los demandantes argumentan que las exigencias documentales y la revisión de registros pueden imponer obstáculos a ciudadanos elegibles, especialmente a personas naturalizadas, de bajos ingresos o que hayan cambiado de nombre. Cuestionan asimismo las garantías de notificación antes de una eventual eliminación del padrón. El litigio sigue en curso.
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