MIAMI.- “Eso fue algo personal”, así resumió el comisionado del distrito 11 del condado Miami-Dade Joe Martínez, la razón de fondo por la cual desapareció la autoridad de carreteras de Miami-Dade.

En un comunicado, la versión del alcalde condal Carlos Giménez es muy distinta: la ley aprobada por el gobernador DeSantis, que convierte MDX en GMX (autoridad de carreteras del gran Miami), “es un completo engaño”. Una nueva entidad, “creada y controlada por políticos de Tallahassee”, subrayó el edil.

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De acuerdo con fuentes consultadas por DIARIO LAS AMÉRICAS, la liquidación de MDX es el resultado de un “patrón de conducta” por parte de la delegación republicana del Condado Miami-Dade en Tallahassee, que ha buscado concentrar autoridad en asuntos locales, en detrimento de los poderes legislativos del Condado, según opinan. Sucedió con UBER y también con Airbnb.

“Buscaban también dominar MDX, pero cuando Giménez se convirtió en el presidente de la junta directiva de esa agencia, eso fue visto como un desafío”, indicó una fuente que conoce muy bien esa pugna pero no quiso que citáramos su nombre para poder hablar con libertad.

Por lo tanto, hubo motivaciones “populistas” (supuestamente reducir el valor de los peajes en todas la autopistas que atraviesan el Condado) y, como lo calificó Giménez en un comunicado, “es irracional que el gobernador DeSantis permita que unos pocos legisladores locales con venganzas personales y políticas, hayan logrado sus objetivos cuando mucha gente en nuestro condado será perjudicada con el resultado”.

Usurpación

“El resultado” no está claro. Para el comisionado del distrito 7 de Miami-Dade Xavier Suárez la ley que ya está en vigencia (la HB 385) es “totalmente constitucional, legal, legítima e idónea. Esta gente estaba fuera de control. Además, con Giménez al mando, ahora se peleó con el gobernador y los legisladores”.

El comisionado indicó que el GMX “le quita el poder a Giménez”… y de paso a la Comisión porque en la composición de la junta directiva del nuevo ente –que tiene nueve miembros– tres son nombrados por el gobernador, otros tres por el MPO (organización metropolitana de planeación del transporte), dos por los comisionados condales y uno por el Departamento de Transporte de Florida. “Nosotros no hemos nombrado los nuestros”, puntualizó Suárez. Y añadió: “Si seguimos pataleando como niños malcriados, y no nombramos a nuestros representantes, se presta para que puedan actuar los que están nombrados, y entonces estaríamos perdiendo poderes”.

Por otra parte, para Suárez, el tema económico y operativo no es un problema para GMX. “Me imagino que la nueva junta aprobará proyectos de corto plazo que no comprometen los bonos de deuda, habrá dos o tres intersecciones vitales y nosotros las aprobamos en el MPO. Pero si quieren emitir bonos [de deuda] el estado se puede apoderar de los bonos de esa agencia, porque tienen una muy buena calificación (AAA), al igual que los de la junta que administra el impuesto del medio centavo. Además, MDX tiene un montón de dinero en efectivo”.

Además de considerar que el estado “usurpó” los poderes de MDX, en la demanda el equipo legal de esa agencia planteó que dicho organismo “es responsable por la seguridad de millones de personas, de cientos de millones en construcciones en marcha, obligaciones con los compradores de bonos y contratistas”.

Pero Suárez ve las cosas de otra manera. “El estado puede tomar la obligación, o pagarla y refinanciarla con el crédito del estado, mucho mejor que MDX, o simplemente acabar con los gastos excesivos, suspender todas las obras que no están comprometidas a largo plazo, y seguirán teniendo más que suficiente. Creo que podrían reducir los peajes a la mitad”.

Martínez no piensa que eso sea posible, “porque todo está comprometido con deudas y proyectos que ya están andando”. Y, desde su perspectiva, sería muy difícil emprender nuevos proyectos porque las agencias calificadoras de riesgo (como Moody’s) ya les bajaron el rating a los bonos de MDX.

Por lo tanto, “si les va a costar más pedir dinero prestado para hacer un nuevo proyecto, no lo hacen, o se demora mucho más, o lo hacen pero tienen que subir los peajes para pagar por los intereses más altos”.

Éxito de la demanda

Para algunos observadores, si en el proceso de apelaciones esta demanda llega hasta la Corte Suprema de Florida, no sería posible que tuviera éxito por la nueva composición del alto tribunal, de mayoría conservadora, con magistrados nombrados por DeSantis.

Sin embargo, hay puntos que, en principio, parecen preocupantes.

En primer lugar, “la constitución de la Florida prohíbe que el Congreso [estatal] apruebe proyectos de ley locales o acciones especiales aplicadas sólo al Condado Miami-Dade. La Constitución da a la constitución del Condado Miami-Dade el poder exclusivo de crear o abolir unidades de gobierno que sólo operen dentro del Condado, así hayan sido creadas por el Congreso [estatal], un municipio o, como en este caso, la comisión del Condado Miami-Dade”.

Por otra parte, la demanda se refiere al vacío que habría entre la disolución de MDX y el tiempo en el que GMX podría estar operando en su totalidad. “[La nueva ley] no se refiere a cómo este sistema crítico de autopistas podría operar en el ínterin, o quién podría operarlo, pagar las facturas, administrar las obras y atender las emergencias. Nadie en el Condado está autorizado por la ley para actuar a nombre de la nueva unidad del gobierno mientras se conforma su estructura […]”.

Suárez, al respecto, explicó que “ellos [los funcionarios de MDX] ya instalaron una serie de equipos que se manejan bastante bien. Si se detienen las obras, la operación se puede manejar por computadora, desde la casa”.

 

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