MIAMI.- Unas 5.605 personas fueron puestas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) en el área de responsabilidad de su oficina de Miami entre el 1 y el 26 de julio, según informó un representante de la agencia federal.
El número equivale a casi 216 nuevos ingresos diarios a centros de detención durante ese período y ofrece una medida de la intensidad de las operaciones migratorias vinculadas con esta oficina regional. Sin embargo, no significa que las 5.605 personas hayan sido arrestadas dentro de la ciudad de Miami ni exclusivamente en el sur de Florida.
Las cifras corresponden a personas registradas por primera vez en una instalación para comenzar una nueva estancia bajo custodia migratoria. Ese total puede incluir a inmigrantes detenidos directamente por agentes federales, entregados por otras autoridades o trasladados desde dependencias distintas. ICE define un ingreso inicial como el primer registro en una instalación para comenzar un nuevo período de detención.
Una jurisdicción más amplia que Miami
La denominación “oficina de ICE en Miami” puede causar confusión sobre el alcance geográfico de los datos. El área de responsabilidad de esa dependencia comprende todo Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EEUU, de acuerdo con información oficial de la agencia.
Por esa razón, los 5.605 ingresos no permiten establecer cuántos arrestos ocurrieron en Miami-Dade, Broward, Palm Beach o en otras zonas del estado.
ICE tampoco proporcionó un desglose por condado, nacionalidad, edad, tiempo de residencia en EEUU, situación familiar o antecedentes penales. La ausencia de esos detalles impide medir con precisión el impacto de las operaciones sobre las comunidades inmigrantes del sur de Florida.
Tampoco se conoce cuántas de las personas detenidas tenían procesos migratorios pendientes, órdenes definitivas de expulsión o solicitudes de protección bajo evaluación.
Impacto en familias inmigrantes
Sin embargo, la magnitud de las cifras adquiere una dimensión humana en casos como el de Anderson Javier Infante, venezolano de 50 años detenido tras una infracción de tránsito en Pompano Beach.
Un video grabado por el propio inmigrante muestra a los agentes cuando le ordenan salir de su camioneta y posteriormente lo sacan por la fuerza. Sus hijas denunciaron que el procedimiento habría sido “excesivamente agresivo” y expresaron preocupación por desconocer durante varias horas dónde se encontraba y en qué condiciones permanecía.
La familia solicitó asilo en 2019 y asegura que todavía espera la entrevista correspondiente. ICE sostuvo que Infante entró legalmente a EEUU en julio de 2018, pero permaneció en el país después del período autorizado. El venezolano quedó recluido en el Centro de Procesamiento Krome North.
Otro arresto que causó inquietud dentro de la comunidad venezolana fue el del periodista Wilmer Solano, detenido el domingo 26 de julio mientras trabajaba cerca de Haulover Beach, en Miami Beach.
La Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (Apevex) señaló que Solano ingresó legalmente a EEUU en 2015, mantiene una solicitud de asilo pendiente, posee autorización de empleo y cuenta con una licencia de conducir vigente en Florida.
Sus familiares aseguran que no tiene antecedentes penales en Venezuela ni en Estados Unidos. Hasta el 28 de julio, ICE no había informado públicamente la razón específica de su detención.
Ambos episodios han reforzado la incertidumbre entre familias que llevan años a la espera de una respuesta sobre sus solicitudes migratorias.
Los arrestos muestran que una solicitud de asilo pendiente o un permiso de trabajo no eliminan por sí solos el riesgo de quedar bajo custodia migratoria, mientras la ausencia de información inmediata sobre el paradero y el futuro de los detenidos amplía el impacto emocional y económico sobre sus hogares.