MIAMI - El recaudador de impuestos del Condado Miami-Dade, Dariel Fernández, anunció la aplicación de medidas "contundentes" contra las empresas locales que realicen actividades comerciales con Cuba sin la debida autorización federal, una acción que podría llevar a la revocación de sus licencias y al cierre de sus operaciones.
Esta ofensiva se fundamenta en estatutos estatales y ordenanzas del Condado diseñadas para hacer cumplir las sanciones de Estados Unidos contra el régimen cubano, en un esfuerzo por impedir que las compañías se beneficien del "dolor del pueblo cubano".
La decisión de la oficina de impuestos de Miami-Dade de intensificar la fiscalización responde a la creciente presión de la comunidad del exilio y al respaldo de figuras políticas que exigen un mayor control sobre las empresas que podrían estar eludiendo las restricciones federales.
Según trascendió, las empresas bajo la lupa incluyen agencias de paquetes turísticos, servicios de logística y paquetería, así como la venta de automóviles a la isla, sectores que presuntamente sirven de fachada para canalizar recursos que sostienen al gobierno cubano.
Marco legal y advertencias claras
La autoridad del recaudador para actuar se basa en el Estatuto Estatal de Florida 205.0532, que faculta a los gobiernos locales a denegar o revocar los recibos de impuestos comerciales a cualquier negocio que mantenga relaciones comerciales con Cuba.
A esta normativa se suma la Orden Administrativa del Condado Miami-Dade No. 3-13, que instruye específicamente al recaudador a cancelar las licencias de aquellas entidades que violen la ley federal en sus transacciones con la isla.
Fernández, un cubanoamericano que emigró en la década de los años 1990, advirtió que su oficina comenzará a enviar notificaciones a las empresas infractoras en las próximas semanas.
"Sabemos quiénes son y dónde están, y tomaremos todas las medidas necesarias para proteger nuestra comunidad y hacer cumplir el Estado de derecho", declaró el funcionario en un comunicado. Aquellas empresas que no acaten la normativa se arriesgan al cierre definitivo.
Respaldo político y escrutinio federal
Esta iniciativa local cuenta con un importante respaldo a nivel federal a través de la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar.
La legisladora había solicitado previamente al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro que se investigara a empresas del sur de la Florida sospechosas de utilizar intermediarios para evadir las sanciones.
"Cada dólar que fluye hacia La Habana fortalece a los dictadores asesinos y socava la política estadounidense", afirmó Salazar, quien prometió "consecuencias reales" para los infractores.
Postura firme contra la "tiranía"
En sus declaraciones, el recaudador Fernández fue enfático en su compromiso personal y oficial con esta causa. "No vamos a permitir que los cómplices de la dictadura comunista asesina operen libremente aquí", manifestó. A lo que sumó su experiencia personal como "un emigrante cubano que conoce de primera mano el dolor y sufrimiento que esta dictadura ha infligido".
La oficina del recaudador de impuestos anunció que trabajará en estrecha colaboración con autoridades a nivel municipal, estatal y federal para asegurar una aplicación rigurosa de la ley.
FUENTE: Martí Noticias