lunes 27  de  abril 2026
NICARAGUA

Ortega quiere el control de la Policía

Un proyecto legislativo que aprobará el Congreso anula el Ministerio de Gobernación y subordina la jefatura policial al mando del Presidente

Acostumbrado a controlarlo todo, a Daniel Ortega sólo le faltaba buscar más subordinación de la Policía Nacional para mantener dominio absoluto de los cuerpos castrenses de Nicaragua.

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Un proyecto de ley que sus diputados leales aprobarán pronto en el Congreso nicaragüense, anula al Ministerio de Gobernación (Migob) y subordina directamente la jefatura policial al Presidente de la República, en su carácter de jefe supremo de la Policía Nacional.

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Con la iniciativa de Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, dictaminada sin ser ampliamente consultada por diputados sandinista de una comisión parlamentaria, el gobierno sustituirá la Ley 228, Ley de la Policía Nacional, aprobada el 31 de julio de 1996.

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La directora de la Policía Nacional, Aminta Granera ve necesario una nueva ley porque dentro de la policía, explica, hay 19 especialidades nuevas dentro de la institución que suman funciones y no están reguladas dentro de la actual legislación.

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A esto se le suma que hay legislaciones reformadas como el Código Penal, que a juicio de Granera, u201cnos obliga a la creación de una ley [de policía] más moderna, más ajustada a la realidad actual u201d.

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Desde que Ortega envió hace semanas al parlamento el proyectos, sus críticos observaron como subordina a la policía, algo similar a lo ocurrido con el Código Militar; cuando Ortega mediante ley plantea la instalación de bases militares para fines de adiestramiento, instrucción e intercambio, mediante solicitud del presidente y ratificación del parlamento, reelección del Jefe del Ejército, quien a su vez coordinará con el presidente planes de defensa y seguridad nacional, anulando funciones del Ministerio de Defensa.

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Con la nueva ley suprime las atribuciones del Migob y le da más poder al presidente como jefe supremo, amplía hasta 40 años el servicio de los policías, se pueden reintegrar a oficiales retirados y hasta hacer proselitismo político dentro de la institución.

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u201cHay un cambio en el mando jerárquico. [El presidente] tendría unas funciones que probablemente se preste a la manipulación de la institucionalidad de la Policía u201d, ha dicho el presidente de la Comisión que dictaminó por mayoría sandinista la reforma, el diputado liberal Luis Callejas.

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u201cAquí va a haber policía del orteguismo, esta no sería la policía de los nicaragüenses. Específicamente de Daniel Ortega u201d, añade el diputado, quien señala que una vez aprobada, será el presidente y no la jefatura policial, quien ordene quitar o poner a oficiales o altos mandos.

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El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) también criticó las atribuciones quitadas al Migob, además de la poca consulta de una ley de trascendencia nacional.

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La Comisión solo dispuso hora y media para su consulta y después dictamen. En ese periodo participaron dos entidades del Gobierno y el Ieepp.

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El diputado Callejas señala otra incongruencia grave del proyecto que roza con la labor del periodismo. La redacción del artículo dos de la reforma es u201cconfusa u201d para el legislador, dado que se presta para interpretaciones antojadizas al facultar solo a la policía para hacer investigaciones.

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u201cLe prohíben a la sociedad investigar. Ahora todo aquel que denuncie algo va preso, porque lo fuiste a investigar. u00bfCómo hiciste?, van a decirte. Anduve preguntando, pero te van a decir eso solo es atributo de la Policía. Ojo, los días de los periodistas están contados u201d, consideró el legislador.

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El texto en cuestión reza que u201cse prohíbe a toda persona, sea natural o jurídica, el ejercicio de funciones que corresponden conforme a la Constitución Política y esta ley, de forma exclusiva a la Policía Nacional u201d.

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u201cNo podrán las personas naturales o jurídicas, llevar a cabo actividades de investigación privada o cualquier otro acto que vulnere los derechos constitucionales, la intimidad y la privacidad de las personas u201d, añade el proyecto.

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La jurista del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Azalea Solís, considera que no solo la actividad periodística será afectada, sino organizaciones que defienden los derechos humanos.

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El Centro Nicaragüense de Derecho Humanos (Cenidh) comparte otra preocupación. Con la nueva ley se ampliará de 200 a 300 metros el perímetro de seguridad de la casa del presidente a Ortega, en Managua, la cual funciona como casa del partido y del gobierno y ya tiene 9 retenes de policía.

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Esta ampliación dificultará más el ingreso de los vecinos a sus viviendas, quienes deben andar dando vuelta para regresar a sus hogares por las múltiples vayas que existen para cuidar al presidente de un país que se supone es el más seguro de Centroamérica, criticó Vilma Núñez, presidenta del Cenidh.

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El nuevo perímetro es considerado por sus críticos como una paranoia del presidente. La ley fue dictaminada por la Comisión de Gobernación y será remitida para su aprobación al plenario, donde los diputados sandinistas son mayoría.

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Aunque no quedó patentado en el proyecto, la ampliación del perímetro en la seguridad de Ortega queda a discreción de la Policía ejecutarlo.

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