MIAMI.- Saltó a la escena política de Florida, por cuenta del presidente de la Cámara Richard Corcoran, un debate que podrá tener grandes efectos políticos: la financiación de las campañas políticas con dineros públicos.
Se trata del Artículo VI, sección 7, de la Constitución de la Florida. En estos momentos la Comisión de revisión de la Constitución está trabajando en su actualización. Este articulado fue propuesto en 1998 y adoptado por los votantes en ese año.
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Corcoran y Jim Boyd, el presidente del comité de comercio de la Cámara, buscan derogar esa ley.
De acuerdo con Corcoran, “nuestro sistema [político] debe ser un mercado competitivo de ideas en el que los votantes sean capaces de oir diferentes mensajes y seleccionar los candidatos que mejor reflejen la visión de nuestro estado”.
Desde su perspectiva, las redes sociales han hecho que los aspirantes a algún cargo público de elección popular tengan la posibilidad de llegar a sus votantes de manera instantánea y sin costo alguno. “Los candidatos ya no tendrán que depender de manera exclusiva en las plataforma tradicionales para comunicarse con los electores”, añadió el presidente de la Cámara.
En siete años, más de 10 millones de dinero de los contribuyentes, se han ido en financiar campañas políticas. El presidente de la Cámara estatal y el gobernador Rick Scott unieron fuerzas para oponerse a esa ley.
En otros terrenos, como en la financiación de VisitFlorida, estos dos dirigentes estuvieron enfrentados.
Y ahora, en una nueva movida, Corcoran le envió una carta a las 12 entidades de turismo que rompieron relaciones con VisitFlorida.
Sin embargo, el presidente de la Cámara les advirtió que el haber roto cualquier lazo con esa institución, no significa que no tengan que rendirles cuentas a los contribuyentes. “Debe alarmar a cada floridano que esas 12 organizaciones, financiadas con cientos de millones de dólares de los contribuyentes, tomaron la opción de evitar la transparencia en lugar de acogerla”.
Otras reformas
El comité de revisión de la constitución también estaría considerando permitirles a los votantes, sin ninguna afiliación partidista, participar en las primarias de demócratas y republicanas.
Más de 3.4 millones de electores del Estado del Sol están registrados “sin afiliación partidista”. Son los llamados independientes que han hecho de la Florida uno de los estados más competitivos e impredecibles del país.
Otro punto vital que estará en discusión y que con seguridad generará enorme controversia, es el de devolverles el derecho al voto a aquellas personas que cometieron delitos y pagaron su condena. No gozarían de este derecho quienes hubieran sido condenados por homicidio o delitos sexuales.
Cerca de 1.6 millones de ex convictos no pueden votar en la Florida. Un alto porcentaje de ellos pertenecen a las minorías. Esta cifra es la más alta del país cuando se trata de privar a una comunidad de su derecho a elegir y ser elegido.
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