Un juez evalúa una sanción clave que permitiría activar un acuerdo mayor para resolver miles de demandas. El pacto contempla aportes de la familia Sackler, compensaciones a víctimas y la transformación total de la em
En la actualidad existen miles de demandas vinculadas a la crisis de los opioides en Estados Unidos.
COLLAGE DLA MIAMI. – Según una investigación de Geoff Mulvihill para The Associated Press, el proceso judicial contra Purdue Pharma queda pendiente de una decisión clave: la aprobación de una sanción de $225 millones que permitiría activar el acuerdo global destinado a resolver miles de demandas vinculadas a la crisis de los opioides en Estados Unidos.
El monto forma parte de un entendimiento alcanzado en 2020 con el Departamento de Justicia (DOJ) para cerrar frentes civiles y penales. Su validación evitaría penalidades adicionales y habilitaría la implementación del pacto mayor, con fecha proyectada para el 1 de mayo.
El eje financiero establece que miembros de la familia Sackler aporten hasta $7,000 millones durante un período de 15 años. La mayor parte de esos recursos se dirigiría a gobiernos estatales, locales y comunidades tribales para programas de respuesta a la epidemia, además de contemplar compensaciones a afectados directos y sus familiares.
En ese esquema, varios estados y entre ellos Florida forman parte del grupo de jurisdicciones que podrían beneficiarse de los fondos derivados de acuerdos relacionados con la crisis, en un contexto donde autoridades locales han enfrentado presión para acelerar el uso de esos recursos en tratamiento, prevención y atención a sobredosis.
La base del caso se remonta a noviembre de 2020, cuando la compañía se declaró culpable de tres cargos penales federales. Admitió no haber implementado controles eficaces para evitar el desvío de sus analgésicos al mercado ilegal, pese a haber asegurado lo contrario ante la Administración para el Control de Drogas (DEA). También reconoció prácticas orientadas a incrementar la prescripción, incluidos pagos a médicos mediante programas de conferencias y el uso de información clínica con fines comerciales.
Aunque no concentraba la mayor cuota de distribución en el país, la estrategia de promoción de OxyContin ha sido considerada determinante en la expansión del consumo y la dependencia. Durante su etapa de crecimiento, se impulsaron esquemas de prescripción intensiva que luego quedaron bajo escrutinio.
El acuerdo redefine además el alcance de las sanciones. A cambio del pago de $225 millones, el gobierno federal renunció a cobrar aproximadamente $5,300 millones en decomisos penales y $2,800 millones en responsabilidades civiles, integrando esas cifras dentro del arreglo global.
Como parte de la reestructuración, Purdue Pharma dejaría de operar bajo su modelo actual y sería sustituida por una nueva entidad, Knoa Pharma, concebida como organización de beneficio público y administrada por una junta designada por los estados.
Este proceso figura entre las reorganizaciones corporativas más complejas registradas en litigios de este tipo. Hasta finales del año pasado, la empresa había destinado más de $1,000 millones a honorarios legales y servicios profesionales vinculados al caso.
A pesar de la magnitud del pacto, ningún integrante de la familia Sackler ha enfrentado cargos penales. Entre 2008 y 2018, los propietarios recibieron alrededor de $10,700 millones en pagos de la compañía, con una porción significativa destinada a cubrir obligaciones fiscales. Desde 2018 no han percibido nuevos desembolsos y su salida de la junta directiva se concretó en 2019.
El entendimiento incluye protecciones legales para los miembros de la familia frente a futuras demandas relacionadas con opioides por parte de quienes acepten compensaciones, un aspecto que ha generado cuestionamientos.
Más de 54,000 reclamantes han respaldado el acuerdo, mientras que un grupo reducido se opone al considerar que no establece responsabilidades individuales en una crisis asociada a cerca de 900,000 muertes en el país desde 1999.
También persisten dudas sobre el destino de los fondos. Parte de los afectados advierte que recursos previamente asignados no siempre se han utilizado de forma efectiva para enfrentar la situación.
La decisión pendiente no solo definirá el futuro de la farmacéutica, sino que también marcará un precedente en la forma en que se abordan las responsabilidades corporativas, el uso de los recursos y el alcance de la justicia en una de las crisis de salud pública más profundas de las últimas décadas.
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