Proyecto HB 7100 de Florida busca aliviar la carga fiscal de dueños de viviendas en un contexto de inflación y aumento sostenido de los impuestos locales.
El representante estatal republicano Jeff Holcomb, del distrito 53, en la Cámara.
CÁMARA DE REPRESENTANTES MIAMI. – Un programa de alivio fiscal que administraría el Departamento de Servicios Financieros de Florida (DFS) es la iniciativa legislativa del representante estatal republicano Jeff Holcomb, del distrito 53, condado de Hernando, presentada en medio de la creciente presión tributaria sobre los propietarios de viviendas en Florida, que busca otorgar un reembolso anual de $1.000 a propietarios elegibles.
La propuesta de ley HB 7100, que crearía el Homestead Property Tax Relief Program, fue introducida el 30 de septiembre de 2025 durante la sesión regular de 2026 y estaría en vigor entre 2026 y 2030, lo que representaría un alivio total de 5.000 dólares en cinco años consecutivos.
El proyecto fue asignado al Comité Selecto sobre Impuestos a la Propiedad en su primera parada del proceso legislativo. De aprobarse, entraría en vigor el 1 de julio de 2026.
De acuerdo con el texto legislativo original, el programa se aplicaría exclusivamente a los propietarios que:
El proyecto establece que el director financiero de Florida (Chief Financial Officer, CFO) será el responsable de emitir los cheques o “warrants” cada 30 de septiembre, coordinando con los tasadores de propiedad de cada condado para identificar a los beneficiarios. El DFS elaborará las normas administrativas para el manejo de los fondos, y el programa se revocará automáticamente el 1 de enero de 2031.
“Mi meta es que este dinero llegue antes de noviembre, cuando las familias comienzan a recibir los avisos de impuestos”, explicó Holcomb en declaraciones a la cadena WFLA. “No quiero dañar a los gobiernos locales porque sé cómo funcionan sus presupuestos. La seguridad pública representa más de la mitad del gasto: policías, bomberos, 911, servicios animales. Nuestro deber es proteger a la gente”, puntualizó.
El proyecto llega en un momento crítico. Según datos de Zillow, en 2025, el valor promedio de las viviendas en Florida ronda los 377.000 dólares, frente a los 250.000 dólares que promediaban en 2018. Estos datos reflejan un aumento cercano al 50 % en siete años.
A pesar de que la ley de Florida limita el incremento anual del valor imponible a un máximo de 3% o el índice de inflación, los propietarios se han visto golpeados por alzas en las tasas municipales y costos adicionales de servicios.
Según datos del Florida TaxWatch y del U.S. Census Bureau, los ingresos por impuestos locales han aumentado de forma sostenida desde 2020, mientras que los salarios de los hogares no han crecido al mismo ritmo.
En condados como Miami-Dade, donde el valor medio de las viviendas supera los 519.000 dólares (Zillow, 2025) y el seguro de propietario sobrepasa los 6.000 dólares anuales, el gasto total en vivienda puede absorber más del 40 % del ingreso familiar medio.
El origen político de HB 7100 se remonta a marzo de 2025, cuando el gobernador Ron DeSantis planteó la posibilidad de otorgar “un reembolso promedio de 1.000 dólares por vivienda principal”, como parte de un plan más amplio para eliminar gradualmente los impuestos a la propiedad en el estado.
“Creo que los impuestos a la propiedad han asfixiado a mucha gente, y debemos hacer algo al respecto”, dijo DeSantis en una conferencia en Tampa.
“Alguien que compró una casa por 300.000 dólares hace diez años, hoy ve que vale 750.000 dólares. No ha vendido, pero su factura fiscal se disparó. Eso no tiene sentido”, agregó.
El mandatario, que ha calificado el gravamen como una “forma opresiva e ineficaz de tributación”, sostiene que los floridanos deben tener “su vivienda libre de la carga gubernamental”, y que el Estado debe buscar “formas alternativas de financiación, como los impuestos a turistas y no residentes”.
En declaraciones posteriores, DeSantis resumió su visión con un concepto provocador. “El impuesto a la propiedad es un alquiler eterno al gobierno. Debemos devolverles a los ciudadanos la propiedad plena de sus hogares”.
El gobernador ha adelantado que trabaja en una enmienda constitucional para 2026 que permitiría abolir o reducir drásticamente los impuestos a la propiedad, siempre que cuente con el apoyo del 60% de los votantes.
Según estimaciones del propio Holcomb, su propuesta que aún debe pasar por los filtros de los distintos comités, podría beneficiar a unos 3.5 millones de propietarios en Florida. El costo aproximado sería de 3.500 millones dólares en cinco años, es decir, 700 millones de dólares anuales, que serían cubiertos íntegramente con fondos estatales.
A modo de comparación, el presupuesto de Florida para el año fiscal 2025-2026 supera los 120 mil millones dólares, lo que significa que el programa representaría menos del 1% del gasto total del estado.
El impacto individual, aunque limitado, podría aliviar el pago de los impuestos anuales en condados como Miami-Dade, donde el propietario promedio paga cerca de 4.500 dólares anuales. En esos casos, el bono de 1.000 dólares representaría una reducción efectiva del 22%.
“No es una solución estructural, pero sí un alivio directo en un momento en que las familias necesitan apoyo”, dijo un asesor del comité fiscal republicano.
Desde el sur del estado, el tasador de propiedad de Miami-Dade, Tomás Regalado, aplaudió la intención de ofrecer alivio fiscal, pero advirtió que el sistema requiere una revisión más profunda.
“Tenemos una legislación obsoleta que castiga a los más vulnerables: los adultos mayores con ingresos fijos”, dijo Regalado.
“El valor de las casas sube, pero las pensiones no. Y quienes viven aquí desde hace décadas pagan como si fueran inversionistas”.
El funcionario propone enmiendas que ajusten la carga fiscal según edad, ingresos y antigüedad en la vivienda, y que corrijan la desigualdad entre residentes permanentes y no residentes, especialmente en zonas con alta inversión extranjera.
Regalado también ha insistido en la necesidad de coordinar la nueva política estatal con los tasadores de condado, pues son ellos quienes manejan las bases de datos y determinan los valores imponibles.
La HB 7100 se encuentra actualmente en revisión en el Comité Selecto sobre Impuestos a la Propiedad, y deberá ser evaluada por al menos dos comisiones adicionales antes de llegar al pleno de la Cámara. Luego deberá pasar al Senado de Florida y finalmente ser firmada por el gobernador.
Aunque el Partido Republicano domina ambas cámaras, el debate debe centrarse en cómo se financiará el programa y qué efectos tendrá sobre las reservas estatales.
Existe apoyo político para el alivio, aunque también preocupación por su sostenibilidad a largo plazo. Sin una fuente alternativa de ingresos, los programas de este tipo podrían aumentar la presión sobre el presupuesto en caso de una recesión, advierten analistas fiscales.
El debate sobre los impuestos a la propiedad en Florida ha escalado al primer plano de la agenda estatal. Según la Oficina del Censo, Florida sumó más de 800.000 nuevos residentes entre 2020 y 2024, impulsando la demanda de vivienda y, con ella, el valor catastral.
Al mismo tiempo, las auditorías de eficiencia impulsadas por DeSantis y el CFO Blaise Ingoglia señalan que los presupuestos locales han aumentado un 60% en los últimos cinco años, sin que los servicios esenciales se expandan al mismo ritmo.
“Los gobiernos locales están gastando demasiado. En lugar de devolver el dinero a los contribuyentes, lo gastan”, afirmó DeSantis. “Queremos educación, seguridad y bomberos, sí, pero no necesitamos despilfarros”.
El proyecto de ley HB 7100, aunque limitado en alcance económico, tiene un alto valor político. En vísperas de un posible referéndum para reformar el sistema tributario, el programa serviría como antesala del debate sobre el futuro fiscal de Florida.
Para millones de propietarios, un cheque anual de 1.000 dólares puede significar la diferencia entre mantener su vivienda o endeudarse. Pero más allá de su efecto inmediato, la propuesta envía un mensaje claro: el gobierno estatal busca devolver poder financiero a los residentes frente a los gobiernos locales y la inflación inmobiliaria.
De prosperar, el Programa de alivio de impuestos sobre la propiedad con Homestead, se comenzará a emitir los primeros reembolsos el 30 de septiembre de 2026, beneficiando potencialmente a millones de floridanos que han visto duplicarse sus impuestos en menos de una década.
El camino legislativo aún es largo, pero el impulso político del gobernador DeSantis y la popularidad de la medida auguran un debate intenso sobre el papel del Estado en la defensa del sueño americano: tener una vivienda propia libre de cargas.
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