El tasador de la propiedad de Miami-Dade, Tomás Regalado, tiene una propuesta que promete defender en el Congreso estatal y que define como “eco de miles de voces”
Tomás Regalado, tasador de la propiedad de Miami-Dade.
DLA / Silvio CamposMIAMI.- Una tormenta política y fiscal se cierne sobre Florida, alimentada por el creciente descontento de millones de propietarios que ven cómo sus facturas de impuestos se disparan al ritmo de un mercado inmobiliario implacable.
Miami-Dade, el condado más poblado del estado, aporta buena parte de ese malestar, en donde el tasador de la propiedad, Tomás Regalado, canaliza lo que él llama "el eco de miles de voces" recogidas en eventos realizados en más de 20 municipalidades o sitios estratégicos.
Este veterano de la política local lidera una cruzada para tratar de enmendar una legislación que considera “obsoleta” y que “castiga injustamente” a los residentes más vulnerables: las personas mayores con ingresos fijos.
Pero esta iniciativa local se suma a un debate estatal mucho mayor, amplificado por el gobernador Ron DeSantis, que coloca a Florida ante un dilema de consecuencias históricas: ¿cómo ofrecer un alivio fiscal real sin desmantelar los servicios esenciales que sostienen a sus comunidades?
La propuesta de Regalado no solo nace del clamor comunitario, sino del análisis de una ley estatal existente que, en teoría, debería ofrecer un alivio sustancial a los residentes mayores, pero que en la práctica se ha vuelto casi inútil, según el tasador.
"Nosotros estamos proponiendo que la Legislatura estatal evalúe modificar una ley que consideramos anticuada", explicó Regalado a DIARIO LAS AMÉRICAS, en referencia a un estatuto que permite eximir a ciertos residentes del pago de impuestos municipales y del Condado.
El problema, detalló, reside en cuatro requisitos acumulativos que un propietario debe cumplir. Los tres primeros, aunque estrictos, son alcanzables para miles de personas en Miami-Dade.
El dueño de casa debe tener 65 años o más, haber vivido en la propiedad por un mínimo de 25 años y tener un ingreso familiar por debajo del umbral estatal, fijado para 2025 en unos 37.000 dólares.
Es el cuarto requisito el que, según Regalado, convierte la ley en ‘letra muerta’ en el sobrecalentado mercado inmobiliario del sur de Florida: el valor de mercado de la vivienda debe ser inferior a 250.000 dólares.
"Ahí es donde nosotros hemos visto que muchas personas vienen a nuestra oficina tratando de buscar este tipo de beneficio y se van decepcionadas", lamentó el tasador.
La realidad es que el auge inmobiliario de la última década elevó el valor de casi todas las propiedades muy por encima de ese tope. Personas que compraron sus casas hace treinta años por menos de 100.000 dólares ahora ven cómo su valor supera con creces el límite legal, lo que las descalifica del beneficio, sin importar cuán bajos sean sus ingresos fijos.
La solución que impulsa Regalado es, por tanto, una enmienda legislativa puntual: eliminar o reformar ese tope de valor. Su argumento es que el límite de ingresos ya actúa como un “filtro eficaz” para asegurar que el alivio fiscal llegue a quienes realmente lo necesitan y no a propietarios acaudalados.
Según lo expresado, el objetivo sería proteger a un segmento demográfico que, afirmó, se encuentra en una “situación límite” que puede desembocar en decisiones apresuradas o situaciones inesperadas.
"Estamos hablando de personas que tienen ante sí la necesidad de tener que deshacerse de su casa o de perder su casa, en el peor de los casos, simplemente porque no pueden pagar los altos impuestos con sus ingresos mínimos", subrayó.
La iniciativa de Regalado no es un esfuerzo aislado. Refleja un sentimiento más amplio que recorre el sur de Florida, donde la presión fiscal se siente con mayor intensidad.
Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade, se unió al llamado por un alivio general para los propietarios, pero lo enmarca en un interrogante que resuena con fuerza entre los contribuyentes.
Su pregunta encapsula la esencia del movimiento: "¿Si un residente ha cumplido con su obligación y es dueño absoluto de su hogar, por qué debería seguir cargando con ese peso tributario año tras año?".
Esta línea de pensamiento pone una gota de picante al debate, pues desafía la idea de que los ciudadanos deban pagar un "alquiler perpetuo" al gobierno por una propiedad que ya es suya. Fue precisamente esta metáfora la que el gobernador DeSantis adoptó y elevó a nivel estatal, convirtiéndola en sustento de su iniciativa.
Mientras Regalado enfoca su lucha en una reforma específica, el gobernador DeSantis ha conducido el debate a una escala más alta. Su objetivo final es nada menos que la eliminación completa del impuesto a la propiedad para las residencias principales en Florida.
Para lograrlo, el titular de Tallahasse propuso una enmienda constitucional que se presentaría a los votantes en 2026, un camino que requiere un umbral de aprobación del 60%.
DeSantis calificó el gravamen como una "forma opresiva e ineficaz de tributación" y lo redujo a un concepto simple y poderoso: un "alquiler eterno", como también lo dijo el recaudador Fernández, que los ciudadanos tienen que pagar por siempre para el financiamiento de servicios comunitarios.
Como anticipo de su promesa, DeSantis planteó un reembolso directo de 1.000 dólares para más de cinco millones de propietarios, una medida que considera “viable” mientras se libra la batalla por la reforma estructural.
Sin embargo, esta visión abolicionista choca frontalmente con la del presidente de la Cámara de Representantes, Daniel Pérez. En una clara divergencia de prioridades, Pérez impulsa una reducción permanente del impuesto estatal sobre las ventas, del 6% al 5.25%.
Los defensores de esta propuesta argumentan que la medida ofrecería un alivio más equitativo, ya que beneficiaría a todos los consumidores, incluidos los inquilinos, las familias de bajos ingresos y las empresas, no solo a quienes poseen una vivienda.
Este cisma entre los dos líderes republicanos más influyentes del estado revela dos filosofías en competencia: una dirigida a la poderosa base electoral que representan los propietarios, y otra de corte más clásico, centrada en el estímulo económico a través del consumo. Lo cierto es que el resultado de esta pugna podría redefinir la agenda fiscal de Florida en los próximos años.
Más allá de la retórica política, la propuesta de abolición del impuesto a la propiedad conlleva consecuencias fiscales importantes. Este gravamen es la columna vertebral financiera de los gobiernos locales y genera una cifra promedio de 55 mil millones de dólares anuales.
Incluso una eliminación parcial, que afecte únicamente a las residencias principales, crearía un déficit de ingresos de aproximadamente 19 mil millones, según estudios.
Estos fondos son el motor que mueve los servicios más básicos de una comunidad: los salarios de policías y bomberos, la construcción de escuelas, el mantenimiento de parques y la reparación de carreteras.
En condados con altos valores inmobiliarios, los impuestos a la propiedad pueden financiar más del 80% del presupuesto escolar. Su eliminación dejaría a los distritos escolares con un agujero de casi 8 mil millones de dólares, de acuerdo con investigaciones acerca del tema.
La solución más citada para llenar este vacío es duplicar la tasa del impuesto estatal sobre las ventas, que se dispararía al 12%, la más alta de la nación. Un análisis económico profundo revela que este "intercambio fiscal" representaría una transferencia masiva de la carga tributaria. Se pasaría de un impuesto basado en la riqueza inmobiliaria a uno basado en el consumo.
Las familias de ingresos bajos y medios, que gastan un mayor porcentaje de sus entradas económicas en bienes gravables, y los inquilinos, que no recibirían el beneficio directo del recorte, pero sí sufrirían el aumento en sus compras diarias, terminarían por financiar el alivio fiscal de los propietarios.
Además, la eliminación del impuesto a la propiedad, a juicio de expertos, socavaría un pilar del gobierno de Florida: la autonomía local. Las comunidades perderían el poder de fijar sus propias tasas impositivas para satisfacer sus necesidades, y pasarían a depender de los fondos distribuidos desde Tallahassee, un cambio que centralizaría el poder fiscal y que enfrenta la oposición de la Liga de Ciudades y la Asociación de Condados de Florida, entre otras organizaciones.
En últimas, la viabilidad de cualquier reforma dependerá de su capacidad para navegar un terreno político complejo. La Cámara de Representantes ya estableció un comité selecto bipartidista para estudiar el asunto a fondo, con recomendaciones que se esperan para la sesión legislativa de 2026.
Organismos no partidistas como Florida TaxWatch han adoptado una postura cautelosa, y ponen sobre la mesa opciones más pragmáticas como una eliminación gradual o un aumento sustancial de la exención de vivienda principal (Homestead Exemption).
Regalado, por su parte, ya tiene una hoja de ruta clara para su propuesta. "Estaremos en la ciudad de Destin, cerca de Pensacola, donde se van a reunir todos los tasadores del estado de Florida. Ahí se van a discutir las prioridades legislativas", afirmó, y añadió que planea estar en Tallahassee cuando comiencen los comités para presentar sus argumentos directamente.
El tasador condal dijo que confía en la receptividad del liderazgo político. "Hay una gran disposición del presidente de la Cámara, Daniel Pérez, de permitir que legisladores locales lleven estos proyectos de ley a los distintos comités", aseguró.
Florida se encuentra, en definitiva, en una encrucijada. La decisión que tomen sus líderes y los votantes, si prospera la enmienda de DeSantis, no solo afectaría los bolsillos de los contribuyentes, sino que trazaría el modelo de gobernanza, la competitividad económica y el equilibrio de poder entre el estado y sus comunidades locales.
De cualquier manera, la batalla por el futuro del impuesto a la propiedad en el Estado del Sol apenas comienza.
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