MIAMI - La reciente decisión de aplazar por tercera vez las acciones de desalojos y ejecuciones hipotecarias anunciada por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, es un innegable alivio para miles de residentes en el estado que han perdido sus empleos desde hace más de dos meses y no han podido recibir la ayuda estatal por desempleo.

La prórroga de 30 días hasta el 1ro de agosto ofrece una nueva oportunidad para que clientes y propietarios negocien sus pagos en un aconsejable ambiente de comprensión mutua, en el centro de una crisis sanitaria y económica que ha afectado a casi todos.

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La otra cara del asunto es que la medida representa también un gran dolor de cabeza para los dueños de propiedades que también poseen deudas hipotecarias y se les acaba el término de impago que las instituciones bancarias concedieron por las afectaciones de la pandemia en Florida.

Cientos de solicitudes para desalojos se encuentran estancadas en las cortes del estado, lo que indica que con la nueva decisión agravará el problema, ya que se seguirán sumando nuevas peticiones de propietarios a las ya existendes durante más de tres meses.

Por otra parte, el anuncio de DeSantis saca del agobio por un mes más a matrimonios con hijos, parejas o residentes individuales, cuya situación laboral permanece en un limbo, en medio de cifras de desempleo que superan el 15% en algunas ciudades como Miami y Hialeah.

Según el Departamento de Oportunidades Económicas de Florida, más de 170.000 personas esperan por sus reclamos de desempleo. Desde marzo, más de 2.5 millones de solicitudes de beneficio por desempleo han sido procesados.

Otro factor relevante es que a pesar de que la mayoría de las empresas y pequeños negocios han reabierto, muchos -como restaurantes, bares y hoteles- funcionan a media capacidad y con múltiples regulaciones que han reducido sus ingresos en más de un 40%, lo que implica que miles de empleados que han comenzado a trabajar sufren también reducciones salariales.

Tras un rebrote de la pandemia, fundamentalmente en los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach, la recuperación económica será mucho más lenta que lo previsto. En los últimos días, las autoridades locales han arreciado las inspecciones con el propósito de hacer cumplir las normas de salud impuestas y así intentar frenar el incremento de casos que ha generado la reapertura.

En Miami-Dade, el número de fallecidos por el SARS-COVID-2 llegó este miércoles a los 1,000.

lmorales@diariolasamericas.com

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