MIAMI.- Las enmiendas constitucionales, aprobadas por el electorado de la Florida, que legalizaron la marihuana medicinal o la recuperación automática de los derechos civiles de los exconvictos, podrían ser asunto del pasado si es aprobado un proyecto de ley que podría limitar, en varios aspectos, las iniciativas ciudadanas.

Uno de ellos es la propuesta de subir del 60% más un voto -como lo establece hoy en día la Constitución de Florida- a 66.67% el porcentaje de votos a favor para que una enmienda sea aprobada.

Te puede interesar

Para cambiarlo, hay una propuesta de enmienda constitucional, que iría en la boleta electoral de 2020.

Pero hay otros proyectos de ley que buscan reglamentar de una manera más estricta cómo se recogen las firmas para que una enmienda o referendo vaya a las urnas; qué tipo de información se debe dejar en claro sobre los patrocinadores de dichos proyectos, y el supuesto impacto financiero sobre los votantes de la enmienda o referendo que se propone.

“Esta es la manera que tenemos nosotros, los ciudadanos, para hacer oír nuestra voz. Esto nos limitaría la posibilidad de pasar leyes”, indicó el exrepresentante estatal demócrata Roberto Asencio.

Acción extraparlamentaria

Una de las motivaciones de los ponentes de esos proyectos de ley, en su totalidad republicanos, es la “protección de la Constitución” estatal y que, si se desea cambiar, que se sigan los procedimientos parlamentarios, sin tener que acudir a referendos o enmiendas.

En 2018, hubo 11 propuestas de enmienda constitucional. Siete de ellas pasaron por debajo del 66.67%. No obstante, la de la marihuana medicinal – aprobada en noviembre de 2016- logró el 71.3% del sí de los electores.

Con una intensa lucha de cerca de 15 años, los proponentes de la enmienda 4 -que reestablece de manera automática el derecho al voto de los exconvictos que no cometieron asesinato o delitos sexuales- obtuvo el 64.55% de aprobación del electorado.

“El liderazgo republicano, que ha dominado Tallahassee los últimos 25 años, quiere mantener el control. Y lo hace de esta manera porque ve que han funcionado los esfuerzos de los ciudadanos. Esta es una lucha para hacer más difícil, casi imposible, que los votantes puedan aprobar una enmienda constitucional”, puntualizó Asencio.

DIARIO LAS AMERICAS buscó hablar con varios legisladores republicanos, entre ellos los proponentes de los proyectos, pero no respondieron a nuestras llamadas.

Otras normas

Pero al lado del umbral propuesto para pasar una enmienda, están todos los cambios que dificultarían aún más las iniciativas ciudadanas.

El proyecto de ley que ya ha pasado dos comités en el Senado y uno en la Cámara estatal, toca puntos sensibles como la recolección de firmas. Se busca que a quienes hagan esta tarea se les pague un sueldo fijo, no por el número de rúbricas que logren recolectar.

También busca que los peticionarios dejen en claro el impacto económico y la carga fiscal que podría caer sobre el contribuyente al aprobar una enmienda. Esa información debe incluirse en la boleta electoral.

Además, los organizadores de un movimiento para lograr una enmienda constitucional deben dejar en claro el nombre del patrocinador del proyecto, el total de las contribuciones obtenidas de personas u organizaciones que residen en el estado. Se excluyen partidos políticos o comités políticos.

Varias de las enmiendas que han salido adelante, y otras que han naufragado en el proceso legal, han tenido apoyo económico y político de organizaciones localizadas fuera del Estado.

Para Asencio, ese proyecto de ley, si se aprueba, tendría un impacto considerable en las propuestas comunitarias que se hacen en el ámbito local. “[En condados o municipios] será casi imposible sacar adelante propuestas que terminen en la boleta electoral. [Los republicanos en Tallahassee] han tratado de quitarles el poder a las jurisdicciones locales”.

Al respecto, el exrepresentante demócrata citó el ejemplo de un proyecto de ley, en trámite en este momento en el parlamento estatal, que tiene propósito de que el dinero dedicado al incremento de los salarios de los maestros de Miami-Dade y la seguridad en las escuelas (fondos nacidos de un referendo aprobado por los electores en las pasadas elecciones de noviembre de 2018) “pase también a las escuelas chárter, en contra de la voluntad del votante”, preciso Asencio.

Temas pendientes

Para 2020, habría en la lista de propuestas de enmiendas constitucionales que se llevarían a la boleta electoral, dos en especial sensibles: el establecimiento del salario mínimo y la prohibición de la venta de rifles de asalto.

Ninguna de las dos ha visto la luz en Tallahassee. Pero en razón del intenso debate que ha habido en Florida sobre el incremento en el pago a los trabajadores (un intento de establecer una cantidad mínima y progresiva en Miami Beach naufragó en la corte) y el impulso que adquirió el tema del control de armas después de la masacre en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, hacen que ese par de temas puedan tener una buena oportunidad de ser aprobados a través de un referendo o enmienda constitucional.

“Eso asusta a una parte del congreso en Tallahassee y de los políticos de la Florida”, expuso Asencio.

Sin embargo, los ponentes de los proyectos de regulaciones más estrictas de enmiendas constitucionales, y del incremento en el límite del porcentaje de votantes para aprobarlas, han afirmado que su intención no tiene temas específicos.

Lo único que quieren, y lo han dicho de manera explícita, es que sea más difícil cambiar la Constitución estatal y que no haya fondos procedentes de organizaciones ajenas al estado que apoyen tales iniciativas.

Por ahora, un fuerte debate se está dando frente a la posibilidad de reglamentar la enmienda 4. Sus defensores y patrocinadores dicen que el intento de los legisladores republicanos es reducir hasta donde sea posible el número de exconvictos que podrían calificar para recuperar sus derechos civiles.

Se ha calculado que 1 millón 200 mil exprisioneros, que cumplieron sus penas, serían beneficiarios de esa enmienda, si se respetara el mandato popular de que el restablecimiento de tales derechos sea automático, sin condiciones.

Algo similar sucedió con la reglamentación de la marihuana medicinal. La pasada legislatura prohibió que se fumara, en abierta contradicción con el deseo de los electores que aprobaron esa enmienda.

Tal prohibición fue demandada, la corte les dio la razón a los demandantes y la nueva sesión legislativa de 2019 levantó ese veto, acción que dejó sin piso una apelación que había hecho la pasada administración de Rick Scott.

¿Se podrían cerrar entonces las puertas para las iniciativas populares y extraparlamentarias? La respuesta la tendremos el 3 de mayo, cuando finalicen las sesiones ordinarias del parlamento floridano.

Aparecen en esta nota:

 

Deja tu comentario

Se está leyendo

Lo último

Encuesta

¿Está de acuerdo con la posibilidad de que los maestros de Florida estén armados en las aulas para prevenir ataques?

Las Más Leídas