¿Qué hay detrás de una falla técnica que desata conflicto político en Doral?

La concejal Maureen Porras interpuso una demanda legal en la Fiscalía Estatal de Miami-Dade, en la que alega lo que ella define como una "brecha" en el sistema de computadoras, que habría sido utilizada "deliberadamente" para obtener información guardada en su ordenador de trabajo.

De igual forma y con un argumento similar, el también concejal Rafael Pineyro interpuso un reclamo legal ante la Fiscalía. En ambos casos, la queja de estos legisladores refiere que sus archivos de trabajo fueron abiertos sin su consentimiento.

Ante estos señalamientos, que han sido el origen de la controversia que mantiene el interés noticioso en Doral, la alcaldesa Christi Fraga, consultada por DIARIO LAS AMÉRICAS, asegura que se trató de un problema técnico.

En sus declaraciones, la edil explicó que la computadora de su asistente, Marión Troitino, cuyo nombre ha sido mencionado por la concejal Porras en su queja, fue utilizada por personal del departamento tecnológico para realizar unas pruebas.

Y ante la alusión de que las computadoras fueron accedidas con propósito de "espionaje", Fraga aclaró que si se presume que eso haya sucedido, entonces lo mismo habría que decir de lo ocurrido al concejal Rafael Pineyro, quien asegura que los archivos de su computadora también fueron revisados y señala como autor del suceso a la asistente de otro legislador municipal.

Para Fraga, "todos los archivos de la Ciudad y lo que hacemos desde la alcaldía es lo que se llama récord público. Todos los residentes pueden tener acceso a nuestros archivos porque son públicos y para el beneficio del público".

"No tengo ningún temor de que vean todos mis archivos porque lo único que van a encontrar es trabajo para la Ciudad. Todos debemos estar dispuestos a dejar abrir nuestras computadoras, nuestros archivos, para que se vea lo que hacemos en la Ciudad", añadió.

Conforme a su explicación, "no hubo acceso a los correos electrónicos de nadie, solo se registró un problema en el sistema por menos de 48 horas". Dijo desconocer por qué se abrieron los archivos, "no solo de la concejal Porras, sino también del concejal Pineyro".

La alcaldesa añadió que en el momento en el que se descubrió este problema, el Departamento de Información Tecnológica de la Ciudad comenzó a tratar de arreglar el sistema y "esto le demoró unas 36 horas". Después se pidió una auditoría para tener mayor claridad sobre el incidente, dijo.

Luego, de acuerdo con su testimonio, la "gente del departamento de IT entró al sistema a través de la computadora de mi asistente para comprobar si el sistema se había arreglado, igual que hicieron con la otra persona [Pineyro]".

Reveló que una "auditoría interna" que se hizo por este caso "muestra que Claudia Bailly, la asistente de Oscar Puig [vicealcalde y concejal], también miró más de 100 archivos del concejal Pineyro cuando ocurrió este problema".

La polémica desatada, en opinión de la edil, se trata de "pura política porque estamos en un año electoral", a lo que sumó que "la única vez que el nombre de usuario de Marión [Troitino, su asistente] aparece utilizado [en este contexto] fue cuando un empleado del Departamento de IT usó su computadora para ver si el problema se había arreglado. No fue ella [quien accedió al sistema]", asegura Fraga.

En un memorando de la oficina tecnológica de la Ciudad, se explica que "ellos estuvieron en la oficina de Marión, utilizando su computadora a la misma hora en la que su usuario aparece registrado en el sistema", esclareció la alcaldesa.

Según información trascendida y publicada por varios medios locales, en los archivos de la concejal Porras supuestamente se habrían encontrado documentos relacionados con su trabajo profesional como abogada.

Al respecto, Fraga en su entrevista con este rotativo dijo que "cuando ella [la concejal Porras] empezaba su labor pública, yo misma le aconsejé no mezclar su función como concejal con su labor como abogada, pero no me hizo caso".

Fraga mencionó también una declaración de María Rodríguez, quien trabajó como asistente de Porras y se habría referido a su antigua jefa como alguien que la "obligaba a hacer trabajos de inmigración, utilizando la computadora de la alcaldía de manera ilegal, para los residentes, con el fin de obtener 'votos', y en otros casos para su familia y amigos".

Sobre ese particular, la alcaldesa opinó, "tampoco se pueden utilizar los recursos de la Ciudad y una asistente que es pagada por la Ciudad para realizar su práctica privada, no importa si lo estás haciendo gratis o si en algún momento vas a cobrar por ese trabajo. Además, ella trabaja en una organización que le paga por hacer eso [su trabajo de abogada]".

El señalamiento que alude a Porras, acerca del uso de la computadora de la Ciudad para su trabajo privado como abogada, fue publicado por el medio local Dolartoday. DIARIO LAS AMÉRICAS intentó comunicarse con Rodríguez, dejó mensajes en su contestadora y envió mensajes de texto a su teléfono, pero no logró obtener una declaración al respecto.

Fraga resaltó que se sintió "sorprendida" por las alegaciones de Rodríguez en cuanto a que hubiera "sido obligada a hacer trabajos de inmigración, utilizando la computadora de la alcaldía de manera ilegal".

"Pero más me sorprendió que dijera que la concejal Porras nos tiene odio a mí y a mi asistente, algo que también me parece muy triste porque siempre le di mi apoyo", acotó la alcaldesa. Fraga opina que detrás de esta polémica habría personas que "quieren volver al poder".

Concejal Porras

DIARIO LAS AMÉRICAS también entrevistó a la concejal Porras, quien rememoró que "en enero de este año nos dijeron que había un 'breach' [brecha] en nuestros sistemas en la Ciudad, justamente cuando estábamos preparándonos para votar por la destitución de la administradora que teníamos entonces, Bárbara Hernández".

Indicó que "durante ese mismo periodo, ocurrió este 'breach' y nuestros fólderes en la computadora de la Ciudad fueron abiertos y otras personas tuvieron acceso a ellos".

Por esos días, aseguró, siguió pidiendo información acerca del problema en las computadoras "y nunca me la dieron". Después se dio la votación en el Concejo y fue despedida la administradora Hernández.

Más tarde, según su relato, recibió "un reporte donde se muestra cuáles fueron las personas que tuvieron acceso a mi folder", y aquí, asevera, figuraba el nombre de la asistente de la alcaldesa Fraga, Marión Troitino.

Porras en su relato sostiene que se abrieron un total de 60 archivos en su computadora y se lo atribuye a Troitino; sin embargo, la alcaldesa en sus declaraciones a este diario explicó que los técnicos accedieron al sistema de las computadoras del municipio a través del ordenador de su asistente "para realizar unas pruebas".

Porras, además de la denuncia presentada en la fiscalía estatal del condado, pidió en una sesión del Concejo municipal una auditoría externa, bajo la argumentación de que no confía "en el departamento de IT". La auditoría debe entregar un resultado en un plazo de 60 días, dijo.

La concejal Porras intuye que sus archivos fueron revisados porque "querían saber cómo iba a votar en el caso de la antigua administradora. Mi voto era decisivo. El mismo día que la concejal Digna Cabral tuvo una rueda de prensa para anunciar que iba a proponer despedir a la administradora, una hora después se descubrió el 'breach'", asegura Porras.

La legisladora niega tener "una firma de abogados" y que tampoco toma casos. En su defensa alega que "como abogada, recibo muchas solicitudes de ayuda", que asegura, "son 100% pro-bono", y que su labor no se puede ver como "abuso de poder".

En cuanto a los señalamientos de su exasistente María Rodríguez, que, según la citada publicación habría indicado haberse visto obligada a realizar trabajos ordenados por Porras, la concejal dijo estar "sorprendida" porque "siempre pensé que ella hizo un buen trabajo y tenía mucho potencial".

"Ella salió de mi oficina muy agradecida. Me dio una carta de renuncia muy buena, alabándome, diciendo que había aprendido mucho conmigo. Pienso que estos comentarios son muy raros", remarcó.

Denuncia y explicación

DIARIO LAS AMÉRICAS tuvo acceso a la denuncia que presentó la concejal Porras ante la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, fechada el 26 de enero, en la que alega posibles violaciones de la Ley Sunshine y una "grave brecha" en el sistema de datos en la Ciudad de Doral.

Porras destaca que estas brechas ocurrieron en el período previo a una votación anticipada que tendría implicaciones para la posición de la entonces administradora de la Ciudad, Bárbara Hernández, sugiriendo un intento deliberado de influir en los procesos de toma de decisiones. La concejal instó a la fiscal a investigar a fondo cómo ocurrió esa brecha en el sistema y a que defina responsabilidades.

Nuestro medio también obtuvo un memorando firmado el 31 de enero por José Otero, director de Tecnología de la Información de Doral, en el que dice abordar un "problema" recientemente descubierto relacionado con la configuración de permisos en las carpetas del Concejo municipal.

El problema, según se lee en la comunicación, fue identificado el 24 de enero cuando el equipo de IT descubrió que una "configuración incorrecta de permisos" en una unidad de red compartida permitía a "ciertos usuarios" acceder a "carpetas designadas como privadas".

Explica que, aunque inicialmente se caracterizó "erróneamente" como una "brecha", se trataba de una "irregularidad interna sin infiltración externa".

Asegura que el equipo de IT actuó con urgencia para informar del problema, iniciar una investigación y resolver la situación, y que el 25 de enero, el problema se había resuelto tras reconfigurar la seguridad de las unidades de red para evitar futuras incidencias similares.

Otero afirma que la configuración incorrecta no fue causada por un "individuo específico".

@DanielCastrope