MIAMI.-JOSÉ PERNALETE
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Opositores reclaman acciones contundentes contra la delincuencia que acaba con las esperanzas de las generaciones de relevo
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Venezuela fue sorprendida por el asesinato del dirigente estudiantil Conan Quintana, así como Luis Ángel Álvarez, en el centro de Caracas, donde fueron ultimados a disparos por parte de dos delincuentes quienes trataron de abordarlos mano armada.
El lamentable hecho generó que organizaciones no gubernamentales, que agrupan a opositores del Gobierno de Nicolás Maduro, en Miami expresaran el rechazo contundente contra la delincuencia que amenaza constantemente a los ciudadanos del país sudamericano.
Patricia Andrade, presidenta de la Fundación Venezuela Awareness, lamentó esta tragedia que enluta a dos familias venezolanas. “No solamente mataron a dos jóvenes luchadores del movimiento estudiantil, quienes se dieron a conocer por sus ideales por la libertad y la democracia, sino, que también, fueron unos emprendedores que tenían una venta comercial para redondear la economía familiar”.
La activista exclamó que ahora “ellos forman parte de las altas estadísticas de muertes que se registran en Venezuela. Nosotros repudiamos que, además, ahora pareciera que la delincuencia se está enfocando más en los jóvenes venezolanos”. Indicó que existen muchas probabilidades de que este doble homicidio quede impune ante la falta de políticas de Estado que controlen la inseguridad, flagelo que se incrementa en todo el territorio de esa nación.
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Por otra parte, el presidente de la organización VEPPEX (Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio), José Antonio Colina, condenó este ataque delictivo contra “dirigentes estudiantiles que mantienen una confrontación en hacia el régimen de Nicolás Maduro”.
“Esto demuestra el grado de delincuencia que hay en Venezuela donde nadie está seguro y nuestra generación de relevo es asesinada” apuntó.
En un comunicado enviado por la organización opositora, VEPPEX afirma que el gobierno de Venezuela “ha aumentado el poder a los grupos armados conocidos como colectivos y ha utilizado al poder judicial para perseguir a los que piensan distinto a la ideología comunista que impera en esa nación”.
El documento también indica que “lamentablemente en Venezuela los tribunales, fiscales y organismos de seguridad son para encarcelar a los opositores por un lado y para proteger por otro a los delincuentes en sus diferentes manifestaciones, colectivos, bandas de narcotráfico, extorsionadores y secuestradores”.
Quintana tenía dos hermanos, una de ellas era morocha. Estudiaba geografía e historia en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), donde también era consejero universitario. Participó en diversas manifestaciones opositoras en rechazo a la violación de derechos humanos y la persecución política.
Este joven se encontraba dentro de una camioneta en compañía de Álvarez, otro dirigente juvenil. Ambos fueron sorprendidos por dos delincuentes armados quienes se acercaron a pie para arrebatarles sus pertenencias. Ante el intento de huida de los muchachos para resistirse al asalto, los antisociales abrieron fuego. Las víctimas murieron por consecuencia de heridas de arma de fuego.
Desespero por acorralamiento
En otro hecho violento ocurrido en Caracas, antisociales que operaban en la popular barriada de Petare, fueron salvajemente golpeados y maniatados por parte de una comunidad que tomó represalias violentas contra los hampones quienes intentaban atracar a una mujer con una niña en un transporte público.
Al respecto, Colina comentó que “estamos llamados en este momento, que los tribunales y los organismos de seguridad de Estado están para perseguir al liderazgo político, a que la sociedad tiene defenderse de todos los delincuentes y demostrar que no están dispuestos a entregar sus vidas”.
Alertó sobre las sensaciones colectivas a las que están expuestas cotidianamente el pueblo de su país, como el miedo y la frustración. “Esto se convierte en una rabia que lleva al ciudadano común a defender su integridad […] estamos llegando a un punto de quiebre, donde no hay retorno” agregó.
Entre tanto, Andrade dijo que “ya cuando un país empieza a tomar la justicia por sus propias manos es señal de la desesperación por tener unas instituciones que no operan, que no trabaja, pareciera que protegen a los delincuentes y de paso, si los llegan a detener son puestos inmediatamente en libertad”.
Considera que el deterioro del sistema judicial y social en su tierra natal ha distorsionado la realidad e invirtiendo los roles entre víctimas y victimarios, sometiendo a los denunciantes al asecho de los criminales en libertad y en búsqueda de retaliación por advertir a las autoridades.
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