MIAMI.- Un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida formalizó este jueves 9 de agosto acusaciones contra cuatro individuos involucrados en un presunto esquema de soborno y lavado de dinero relacionado con las elecciones en Filipinas, informó la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Este caso ha sacudido los cimientos de la integridad electoral internacional y puso bajo escrutinio a una empresa proveedora de servicios y máquinas de votación, así como a un expresidente de la Comisión Electoral de Filipinas (COMELEC).
Los acusados incluyen a Roger Alejandro Pinate Martínez, ciudadano venezolano residente en Boca Ratón, Florida, y Jorge Miguel Vásquez, ciudadano estadounidense de Davie, Florida, quienes junto con otros cómplices habrían orquestado el pago de sobornos por un valor mínimo de un millón de dólares a Juan Andrés Donato Bautista, expresidente de COMELEC.
Desde 2016
Estos sobornos presuntamente tenían el propósito de asegurar y mantener contratos relacionados con el suministro de máquinas de votación y servicios electorales para las elecciones filipinas de 2016. Además, buscaban garantizar el pago de estos contratos, incluidos los liberados del impuesto al valor agregado.
El esquema de soborno supuestamente se financió a través de un fondo creado mediante la sobrefacturación del costo de las máquinas de votación. Para encubrir la naturaleza corrupta de estos pagos, se empleó lenguaje codificado y se crearon contratos y acuerdos de préstamos falsos.
Posteriormente, los fondos relacionados con el soborno se habrían lavado a través de cuentas bancarias en múltiples ubicaciones, incluidas áreas en Asia, Europa y Estados Unidos, específicamente en el Distrito Sur de Florida.
Las implicaciones legales son severas para los acusados. Pinate y Vásquez enfrentan cargos de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y violación sustancial de la misma, cada uno con una pena máxima de cinco años de prisión. Por otro lado, Bautista, Pinate, Vásquez y Elie Moreno, quien posee doble ciudadanía venezolana e israelí, están acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y tres cargos de lavado internacional de instrumentos monetarios, con una pena máxima de 20 años por cada cargo.
El anuncio oficial fue realizado por la Fiscal General Adjunta Principal Nicole M. Argentieri, junto con Markenzy Lapointe, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, y los agentes especiales a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Miami y del IRS CI Miami. El Grupo de Trabajo El Dorado Miami de HSI lidera la investigación, con el apoyo crucial del IRS CI Miami.
El caso está siendo procesado por los abogados litigantes Michael DiLorenzo, Connor Mullin, Alexander Kramer de la Sección de Fraude de la División Penal, y el fiscal federal adjunto Robert Emery para el Distrito Sur de Florida. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y la colaboración con la Oficina del Defensor del Pueblo de Filipinas han sido fundamentales para avanzar en este caso complejo y de gran repercusión internacional.
Seguridad en elecciones
En un comunicado, Smartmatic confirmó que dos de sus empleados habían sido acusados y dijo que "independientemente de la veracidad de las acusaciones y aunque nuestros empleados acusados siguen siendo inocentes hasta que se demuestre lo contrario, hemos colocado a ambos empleados en licencia, con efecto inmediato".
“No se ha alegado fraude electoral y Smartmatic no está acusado”, dijo la compañía, y agregó: “Los votantes de todo el mundo deben tener la seguridad de que las elecciones en las que participan se llevan a cabo con la máxima integridad y transparencia. Estos son los valores por los que vive Smartmatic”.
Smartmatic ha presentado demandas contra Fox News y los aliados del expresidente Donald Trump, incluido el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, por supuestas afirmaciones falsas de que sus máquinas se utilizaron para manipular los resultados de las elecciones estadounidenses de 2020.
Este escándalo no solo pone en tela de juicio la integridad de los procesos electorales en Filipinas, sino que también destaca la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción transnacional. El impacto de estas acusaciones resonará en los círculos políticos y legales tanto en Estados Unidos como en Filipinas, promoviendo una mayor vigilancia y transparencia en futuros procesos electorales a nivel global.
FUENTE: Oficina de Asuntos Públicos