MIAMI.- Los senadores de la Florida, el republicano Marco Rubio y el demócrata Bill Nelson, se unieron para sacar adelante un proyecto de ley que busca que el presidente de Estados Unidos pueda imponer sanciones al régimen de Nicaragua.
El pasado 19 de abril empezaron las protestas en Managua, en otras partes de ese país centroamericano, contra el gobierno de Daniel Ortega por cambios que le hizo al sistema de seguridad social que subían las contribuciones a los trabajadores y hacía recortes en las pensiones de los jubilados.
Pero esa protesta inicial, liderada por los jóvenes, se convirtió en un levantamiento popular contra el régimen de Ortega, quien gobierna a nombre del sandinismo.
De acuerdo con la comisión interamericana de derechos humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos) la respuesta represiva del gobierno y el uso desmedido de la fuerza han dejado, hasta el momento, por lo menos 273 personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.
El proyecto de ley le exige al gobierno nicaragüense que inicie negociaciones para llegar a una solución política a la crisis actual del país, y que se comprometa a celebrar elecciones anticipadas. También requerirá que el secretario de Estado verifique, cada año, si el gobierno de Nicaragua toma medidas para defender la democracia, los derechos humanos y lucha contra la corrupción.
Si el gobierno no cumple con los estándares en esas áreas – determinados por Estados Unidos- sería entonces objeto de nuevas sanciones.
Tales sanciones, establecidas por esa ley, incluirían bloqueo de fondeos de funcionarios del gobierno nicaragüense, su expulsión de Estados Unidos o la prohibición de que puedan entrar a ese país, mediante la revocación de visas.
Este proyecto de ley lo apoyan los senadores Bob Menendez (demócrata), Ted Cruz (republicano), Dick Durbin (demócrata), David Perdue (republicano), Patrick Leahy (demócrata), Tim Kaine (demócrata) Ben Cardin (demócrata) y Tom Cotton (republicano).
El nombre oficial de la propuesta es “Ley de derechos humanos y anticorrupción en Nicaragua”.
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