CARACAS. Al cumplirse un mes del doblete sísmico que devastó Venezuela, no se ha iniciado una investigación oficial para determinar las causas del colapso de edificios, así como tampoco se tiene información oportuna sobre la cifra de desaparecidos. Por eso, las ONG solicitan que se nombre una comisión supranacional para determinar las responsabilidades civiles y penales a que haya lugar.Esta comisión tendría por objeto analizar objetivamente las consecuencias de los terremotos y determinar las responsabilidades
“La tragedia ocurrida el pasado 24 de junio tiene que servir para analizar consecuencias y determinar responsabilidades, sin ocultamientos ni amiguismo, así como para actualizar las normas que correspondan, con criterios alejados de lo político y de lo circunstancial”, plantean en una misiva pública de las ONG Fundación Espacio Abierto, Gente del Petróleo y Grupo La Colina, entre otras.
En el país suramericano se abrió un debate sobre la calidad de las edificaciones construidas, especialmente las relacionadas con el programa gubernamental Misión Vivienda, en el estado La Guaira, declarado zona de desastre.
“La reconstrucción de las zonas fuertemente afectadas requiere, previamente, conocer con precisión las causas explicativas de severos daños causados en la infraestructura, viviendas, vías, hospitales, aeropuerto y otras edificaciones, que provocaron una tan elevada cantidad, aún en proceso de cálculo, de fallecidos, heridos, desaparecidos y familias sin hogar”. “La reconstrucción de las zonas fuertemente afectadas requiere, previamente, conocer con precisión las causas explicativas de severos daños causados en la infraestructura, viviendas, vías, hospitales, aeropuerto y otras edificaciones, que provocaron una tan elevada cantidad, aún en proceso de cálculo, de fallecidos, heridos, desaparecidos y familias sin hogar”.
De acuerdo con el parte oficial, la cifra de personas fallecidas supera las 5.400; la de heridos, 16.000. Sin embargo, el número de personas desaparecidas por esta tragedia no ha sido informado. Cálculos privados señalan que pasan de 40.000 las personas en esta situación.
Rendición de cuentas
Por otro lado, 39 ONG exigieron que el proceso de reconstrucción tras el doble terremoto del 24 de junio se desarrolle con transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, al advertir que, un mes después de la emergencia, “la opacidad continúa siendo la regla”.
En un comunicado difundido por Laboratorio de Paz, las organizaciones señalaron que la respuesta inmediata al desastre dio paso a una etapa decisiva para el país y sostuvieron que “la manera en que este proceso sea conducido marcará no solo la recuperación de las ciudades afectadas, sino también la calidad de nuestras instituciones y la confianza de la ciudadanía en la acción pública”.
El documento recuerda que el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres de Naciones Unidas plantea que toda reconstrucción debe convertirse en una oportunidad para “Reconstruir Mejor”, es decir, reducir las vulnerabilidades que agravaron la tragedia post terremotos mediante infraestructura más segura, instituciones fortalecidas y una mayor participación de la ciudadanía.
Sin embargo, las organizaciones sostienen que la información pública sobre la reconstrucción sigue siendo insuficiente.
“Aunque las autoridades han realizado anuncios parciales relacionados con la recuperación, la ciudadanía sigue sin disponer de información pública suficiente que permita comprender cómo se desarrollará el proceso de reconstrucción”, señala el comunicado-
Según las organizaciones, aún no se conocen de forma integral los criterios para priorizar las obras, los cronogramas de ejecución, los presupuestos, los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, ni las medidas previstas para garantizar derechos como la salud, la educación y la vivienda mientras avanzan los trabajos.
También advierten que persiste la incertidumbre sobre la rehabilitación de hospitales y centros de salud afectados, la recuperación de escuelas, las soluciones para las familias que perdieron sus viviendas y la continuidad de la atención médica y educativa para las personas desplazadas.
Las exigencias
Entre las principales solicitudes dirigidas al Estado venezolano figuran:
Publicación periódica de información verificable sobre los planes de reconstrucción.
Levantamiento de las restricciones al acceso a la información pública y a los medios independientes.
Facilitar el trabajo de periodistas, organizaciones humanitarias y voluntarios.
Garantizar que los refugios temporales cumplan estándares internacionales de derechos humanos
Incorporar a las comunidades afectadas en el diseño y seguimiento de las políticas públicas.
Derogar normas que obstaculizan el trabajo de la sociedad civil en tareas de asistencia y recuperación.
“La reconstrucción es mucho más que una tarea de ingeniería. Es también un proceso de reconstrucción democrática. Sin transparencia no habrá confianza. Sin participación no habrá resiliencia. Y sin instituciones democráticas que actúen dentro del marco constitucional, la reconstrucción difícilmente podrá responder a las necesidades y derechos de las personas afectada”.
El pronunciamiento también cuestiona que, en medio de la emergencia por los terremotos, continúen los bloqueos contra portales informativos y medios de comunicación independientes, al considerar que esas restricciones limitan el derecho de la población a acceder a información de interés público y dificultan el seguimiento ciudadano de la reconstrucción.
Las organizaciones también lamentan que durante la atención de la emergencia se hayan registrado obstáculos para iniciativas de voluntariado y solidaridad comunitaria.
“Esa energía cívica constituye uno de los principales recursos con que cuenta cualquier sociedad para enfrentar una catástrofe y debió haber sido reconocida, facilitada y articulada por las autoridades, no limitada mediante restricciones innecesarias”, afirmaron.
FUENTE: Con información de Ifobare/La Patilla/ Tal Cual
