"A la luz de las restricciones gubernamentales locales, sin precedentes, impuestas a personas y empresas durante el año pasado" el gobernador promulgó la orden ejecutiva 21-116 que otorga “un indulto” a individuos o empresas “que hayan sido o puedan ser arrestados, acusados, declarados culpables, condenados, sujetos a una suspensión de adjudicación, sujetos a una declaración de culpabilidad o nolo contendere (no voy a contestar) por, o de otra manera sujeto a una sentencia penal o sanción por todos los delitos no violentos relacionados con las restricciones de COVID-19 del gobierno local”.
De esta manera, la orden ejecutiva suspende el enjuiciamiento y sirve como defensa por violaciones de delitos federales, pero no aplica a citaciones emitidas por el estado.
Tampoco se aplica a centros de vida asistida, hospitales u otros proveedores de atención médica.
La orden entra en vigor inmediatamente, aunque aún no está establecido si los montos de las multas colectadas tendrán que ser devueltas.
"Los gobiernos locales hemos estado trabajando fuertemente para mantener a todos los residentes a salvo y saludables durante la pandemia”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.
La alcaldesa no abordó directamente la orden ejecutiva del estado, pero señaló que ahora es más importante promover el plan de vacunación.
“Para poder avanzar con seguridad hacia un retorno a la normalidad, es importante asegurarnos de que todos en la Florida estén vacunados y por eso instamos al gobernador a que priorice recursos para seguir persuadiendo a la gente para que se vacune", comentó.
Y luego subrayó: “Seguimos adelante con el plan de vacunación. Lo anterior no me preocupa. Lo importante es vacunarse”.
En julio, del pasado año, cuando la pandemia entraba en su fase crucial, la Comisión de Miami-Dade adoptó aplicar multas, de 100 a 500 dólares, según el caso, a quienes no usaran mascarillas y 500 dólares a locales comerciales que no acataran las normas sanitarias, luego de que el entonces alcalde Carlos Giménez insistiera en la necesidad de adoptar “una penalidad civil”.
En aquel momento, el juez estatal John Kastrenakes falló que las órdenes sanitarias eran legales, ya que “no hay derecho constitucional de infectar a otros".
De esta manera, el juez dictaminó que “requerir una mascarilla está dentro de los derechos del Condado para proteger al público durante una pandemia y las personas que se oponen al mandato no pueden demostrar que sus derechos constitucionales son violados”.
De hecho, decenas de personas y locales comerciales fueron multados, pero en septiembre, cuando la pandemia comenzó a ceder y fue promulgada la fase de reapertura, el gobernador DeSantis emitió una orden ejecutiva para suspender las multas. Ahora las condona.
Repercusiones
El comisionado condal de Miami-Dade Joe Martínez fue más enfático cuando dijo: “Esto nos hace lucir impotentes. La próxima vez que declaremos una emergencia, la gente podría incumplirla y decir ‘póngame las multas que quiera’. Como mínimo va a traer confusión”.
Martínez mencionó como el Gobierno estatal, que radica en Tallahassee, a 480 millas de Miami, promulga órdenes y leyes que no se ajustan a la realidad de Miami-Dade.
En otras palabras, no es lo mismo aplicar un perdón en Liberty County, que colinda con Tallahassee, con apenas 8.300 habitantes, que Miami-Dade, que cuenta con cerca de tres millones.
“Limitar los poderes es entrometerse en los asuntos locales. En Tallahassee no comprenden lo que suceda en Miami-Dade, como aquí no sabemos lo que sucede o cómo solucionar los problemas en Tampa. Las poblaciones son distintas. El estado de Florida es el tercero más poblado de la nación y es muy diverso. Lo que funciona en un lugar no funciona en otro”, argumentó el comisionado condal.
Antecedentes
En agosto pasado, Mike y Jillian Carnevale abrieron las puertas del gimnasio que operan en Plantation, al norte de Miami, e incluso animaron a los clientes a no usar mascarillas, donde entonces existía una orden sanitaria de mantener cerrados esos locales.
Horas más tarde, la Policía arrestó a la pareja. Tres arrestos a tres semanas, todos por violar la orden sanitaria de usar mascarilla.
En septiembre, DeSantis suspendió las multas y hace unos días emitió una orden ejecutiva que revoca todas las restricciones de coronavirus en Florida y ratificó la ley que condiciona futuras normas de emergencia que sean emitidas por gobiernos locales, lo que también disparó la preocupación de condados y municipios.
Aún en mayo, Mike y Jillian aguardaban por el fallo de un juez, que pudiera mutarlos o asignarles unos días de cárcel por “no solo incumplir la orden sanitaria, sino por atentar, con sus hechos, contra la salud pública”, según argumentó la fiscalía del condado Broward.
La orden ejecutiva del perdón los indulta, a no ser que sea discutida en corte.
“Aún no conocemos los pormenores del perdón. No sabemos si hay que devolver las multas o no. Ya veremos”, apuntó Martínez.
DeSantis apuesta por ser reelegido gobernador en las elecciones 2022 y se perfila como posible candidato presidencial republicano en 2024.
"Creo que han tratado mal a la gente (durante la pandemia) y, afortunadamente, tienen un gobernador que se preocupa", indicó DeSantis.
A diferencia de otros estados y países, donde las normas sanitarias responden al interés de la salud pública, DeSantis opinó que las pautas sanitarias "deben ser de asesoramiento", no "punitivas", aunque perjudique la salud de otros.
“Respeto los derechos de cada cual, y también respeto el derecho de la gente que no quiere enfermar, y por eso no veo bien que una orden sanitaria, que busca proteger la salud pública, solo deba ser cumplida por quien quiera”, opino el doctor Hugo Lara, especialista en enfermedades contagiosas.
Florida suma hasta estos días más de 2.3 millones de contagios y 36.300 muertes por coronavirus desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado.
El condado Miami-Dade, el más afectado por la pandemia en el estado, acumula cerca de medio millón de casos y 6.400 decesos.
