Secretario de las cortes supervisa revocatorio y dos auditorías en Miami-Dade

El funcionario explicó a DIARIO LAS AMERICAS que su oficina tendrá que validar las firmas recolectadas por el comité organizador bajo estrictos criterios legales, en el contexto del revocatorio iniciado por el influencer Alex Otaola.

El secretario detalló que su intervención en el procedimiento se limita a la verificación de formas y plazos: tras rechazar una primera solicitud por errores de formato, dio curso a la segunda petición, con lo que se activó un reloj de 120 días para la recolección de firmas, según dilucidó.

Este mecanismo podría desembocar en una elección especial si se cumplen los requisitos estatutarios, un camino democrático ya transitado en el pasado con el exalcalde Carlos Álvarez.

Paralelamente a la agitación política, el contralor sostuvo que mantiene la lupa sobre las arcas públicas y confirmó que se desarrolla una auditoría exhaustiva sobre el Presupuesto General del Condado, así como una investigación específica acerca de sobrepagos salariales a funcionarios.

Para blindar estos procesos de cualquier conflicto de interés, dado su doble rol dentro del gobierno condal, Fernández-Barquín aseguró haber delegado la ejecución de estas pesquisas en firmas de contabilidad independientes.

Sin embargo, la fiscalización no es el único reto. El sistema judicial de Miami-Dade opera bajo una asfixia financiera provocada por tarifas estatales congeladas desde 2008, lo que ha generado un déficit estructural de 75 millones de dólares a nivel de Florida.

Para contrarrestar esta parálisis, una propuesta legislativa tendría como fin ajustar los costos procesales a la realidad económica actual, sin afectar, según aclaró, a las multas de tráfico o estacionamiento.

Entretanto, Fernández-Barquín impulsa una modernización agresiva de la oficina a su cargo que incluye el lanzamiento de la aplicación "My Driver's Vault" para prevenir suspensiones de licencias.

Asimismo, su visión a largo plazo contempla la integración de inteligencia artificial para agilizar la atención al ciudadano, buscando eficiencia en un entorno de recursos limitados.

-Comencemos por el tema que domina la conversación política actual: el proceso de revocatoria (recall) contra la alcaldesa Daniella Levine Cava. Usted recientemente autorizó a los organizadores a proceder con la recolección de firmas. ¿Podría explicarnos cuál es su papel en este proceso y los pasos legales que siguen ahora?

Es fundamental aclarar ante la opinión pública que el rol de mi oficina en este asunto es estrictamente administrativo y ministerial. Mi función no es política bajo ningún concepto; mi deber constitucional es verificar que la petición cumpla rigurosamente con los requisitos de forma establecidos en la ley. En diciembre, los organizadores presentaron una solicitud inicial que me vi en la obligación de rechazar porque el formato del documento no se ajustaba a las normativas legales vigentes. Posteriormente, subsanaron esos errores y presentaron la forma correcta, razón por la cual procedí a aprobarla, tal como me manda la ley. Los pasos para seguir están detallados en la Carta Constitutiva (Charter) del Condado de Miami-Dade. Es un documento fascinante desde el punto de vista jurídico, porque nuestra constitución condal es incluso más antigua que la constitución estatal actual de 1968, lo que otorga a Miami-Dade una autonomía única en Florida. Según la norma, el comité organizador dispone de 120 días para recolectar las firmas necesarias. Una vez cumplido el plazo, deben entregarlas todas juntas, en un solo lote, a mi oficina. A partir de ese momento, nosotros tenemos la responsabilidad de verificar la validez de cada rúbrica, asegurándonos, por ejemplo, de que provengan de electores debidamente registrados en el condado y que no excedan el 25% de un solo distrito de comisionados, garantizando así la representatividad territorial.

-Para que la ciudadanía comprenda el alcance de este mecanismo: una vez que su oficina valida las firmas, ¿la destitución de la alcaldesa es automática o se convoca a un proceso electoral?

No es automática. Primero se realiza la validación técnica de las firmas. Si logran certificar el número requerido por ley, se procede a convocar una elección donde la boleta planteará una pregunta directa a los votantes: "¿Debemos quedarnos con nuestra alcaldesa?". Si la mayoría vota "No", es decir, a favor de la revocatoria, entonces se convoca a una segunda elección para elegir a un nuevo alcalde o alcaldesa. Es exactamente el mismo proceso democrático escalonado que se aplicó en el pasado con el exalcalde Carlos Álvarez y la comisionada Natacha Seijas. Es un mecanismo diseñado para devolver el poder de decisión a los votantes.

B9110A45-477D-4D79-BD19-1700A6B2C0C3

-Pasando a su rol de fiscalización como contralor, el año pasado usted mencionó a la prensa la existencia de casos administrativos que generaban dudas dentro de la gestión del Condado. Su despacho está adelantando una auditoría de gran envergadura. ¿Qué puede informar a la comunidad sobre el estado actual de esta gestión?

Debido a que se trata de un proceso en curso, debo ser prudente y reservarme los detalles específicos para no comprometer la integridad de la investigación. No obstante, puedo confirmar categóricamente que la auditoría está activa y avanzando. Mi oficina está evaluando la situación financiera del Condado con el rigor técnico que nos caracteriza. Además de esa auditoría general al presupuesto, quiero destacar que estamos llevando a cabo otra auditoría paralela referente a los sobrepagos de salarios. Como recordarán, hubo un caso de conocimiento público donde el comisionado Roberto González recibió un sobrepago significativo; estamos hablando de cifras que podrían ascender a varios millones de dólares si sumamos diferentes instancias y periodos. Para garantizar la objetividad y transparencia total de estos procesos, hemos contratado los servicios de una firma de contabilidad externa, un tercer ente neutral. Esto es vital para evitar cualquier conflicto de interés o apariencia de parcialidad, dado que yo, como Contralor, también formo parte de la estructura del gobierno del condado.

-Cambiando de tema hacia la gestión operativa de las cortes, usted ha señalado en repetidas ocasiones la crisis de financiamiento. Sabemos que los secretarios de las cortes en toda Florida están solicitando mayores recursos, dado que las tarifas judiciales no aumentan desde 2008. Existe una iniciativa legislativa que podría entrar en vigor el 1 de julio para corregir esto. ¿En qué consistiría este ajuste y por qué es vital para su oficina?

El proyecto de ley busca actualizar las tarifas de los trámites civiles para ajustarlas a la inflación acumulada. Es crucial destacar que estos montos han permanecido estáticos desde 2008, mientras los costos operativos han subido drásticamente. La propuesta no busca un aumento arbitrario, sino simplemente un ajuste inflacionario calculado hasta el año 2019, ni siquiera hasta la fecha actual de 2026. Si se aprueba, proyectamos que a nivel estatal esto representaría una inyección de aproximadamente 40 millones de dólares. Sin embargo, quiero poner esto en perspectiva para que se entienda la gravedad del asunto: actualmente, a nivel de todo el estado, las cortes operan con un déficit estructural de 75 millones de dólares. Es decir, incluso con este aumento, seguiríamos teniendo un déficit, pero nos ayudaría considerablemente a cerrar esa brecha que lleva abierta casi dos décadas. Estamos hablando de ajustar los cargos a los usuarios directos del sistema judicial civil bajo el principio de "quien usa, paga", no de cargar esto a los contribuyentes generales a través de impuestos.

-Para claridad de nuestros lectores, ¿qué tipo de servicios o trámites experimentarían este incremento en sus costos si la ley es aprobada?

El ajuste se aplicaría específicamente a los cargos por citaciones judiciales (summons), es decir, el costo administrativo de registrar una demanda civil. Esto incluye la página de introducción del caso y otros trámites iniciales. Abarcaría varios tipos de litigios, como demandas civiles generales, ejecuciones hipotecarias (foreclosures) y casos de sucesiones y testamentos.

Hemos realizado un análisis exhaustivo a nivel estatal para identificar los trámites donde un ajuste sería viable sin perjudicar el acceso a la justicia. Quiero ser muy claro: hay ciertos trámites que hemos decidido proteger. Por ejemplo, en las demandas de menor cuantía (small claims), aquellas por debajo de los 500 dólares, no aumentaremos las tarifas porque no tendría sentido económico ni social hacerlo; afectaría desproporcionadamente a quienes reclaman sumas pequeñas. El objetivo es actualizar los costos en aquellos procesos complejos donde la inflación ha erosionado nuestra capacidad operativa.

-En medio de esta estrechez económica, su oficina ha lanzado una herramienta tecnológica, "My Driver's Vault", que promete mejorar la vida de los conductores. ¿Podría explicarnos en qué consiste esta aplicación y sus beneficios tangibles?

El elemento más revolucionario de nuestra aplicación es la funcionalidad "My Driver's Vault" (La Bóveda del Conductor). Esta herramienta permite al usuario digitalizar y cargar su licencia de conducir, así como registrar hasta tres matrículas de vehículos diferentes. El beneficio fundamental radica en el sistema de notificaciones proactivas. Si un usuario recibe una multa de tráfico o una infracción de estacionamiento, la aplicación le enviará una notificación automática (push notification) directamente a su teléfono móvil, similar a un mensaje de texto. Esto es crucial para la tranquilidad del ciudadano. Por el momento, el sistema abarca exclusivamente las infracciones emitidas dentro de Miami-Dade. Un aspecto vital de recibir estas alertas es evitar consecuencias mayores: si una persona no paga una multa de estacionamiento, el sistema bloquea la posibilidad de renovar el registro del vehículo. A menudo, los ciudadanos no se enteran de la multa porque el papel se voló del parabrisas o alguien lo retiró. Con esta aplicación, garantizamos que el conductor esté informado al instante, evitando así la suspensión de la licencia.

-Este avance representa un salto cualitativo respecto a la obsolescencia tecnológica que usted encontró al asumir el cargo. ¿Hacia dónde apunta su visión en materia de modernización para los próximos años?

Mi visión a largo plazo es ambiciosa pero necesaria: quiero implementar inteligencia artificial (IA) en los procesos de la oficina. Debemos ser realistas; esto no ocurrirá de la noche a la mañana, pero es el camino inevitable. Actualmente, enfrentamos limitaciones significativas de capital humano y restricciones presupuestarias para contratar personal. La implementación de la IA sería trascendental, específicamente en los centros de atención telefónica para temas de tráfico y estacionamiento, que constituyen la gran mayoría de las consultas que recibimos. Hoy en día, hablar con un operador puede tomar tiempo. Con un sistema de IA avanzado, el usuario podría interactuar con un asistente virtual capaz de resolver dudas complejas, procesar pagos o agendar audiencias de manera inmediata, liberando a nuestro personal para tareas más críticas. Esa es la meta: un sistema judicial más ágil y accesible para todos.El