Enrique García, exoficial de la DGI y antiguo consultor de la comunidad de inteligencia estadounidense, analiza las acusaciones contra el nieto de Raúl Castro
Enrique García, exoficial de la Dirección General de Inteligencia de Cuba (DGI) y exagente de la CIA y Raúl Guillermo Castro Rodríguez, conocido como "El Cangrejo", señalado por narcotráfico.
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MIAMI. – “Una advertencia de Estados Unidos a la cúpula del régimen de La Habana”, así califica Enrique García, exoficial de la Dirección General de Inteligencia de Cuba (DGI), las revelaciones que vinculan a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo” y nieto de Raúl Castro, con una organización dedicada al tráfico de migrantes y al contrabando humano.
“Es un mensaje para que él sepa que aquí se conoce lo que ha hecho”, afirmó García en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, al valorar el alcance político y judicial de la investigación publicada por The New York Times.
García no habla únicamente desde la perspectiva de un analista. Entre 1978 y 1988 integró las filas de expertos de Inteligencia de la isla, dirigió acciones encubiertas en varios países de América del Sur y recibió formación especializada en escuelas de la KGB en Moscú. Mientras cumplía su última misión en Ecuador comenzó a colaborar con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que posteriormente lo trasladó a territorio estadounidense.
De 1989 a 2001 se desempeñó como consultor de la comunidad de Inteligencia estadounidense, de acuerdo con información registrada en su currículo. Esa experiencia en ambos lados de una de las confrontaciones más prolongadas del continente le permite examinar los señalamientos y explicar los procedimientos empleados por las autoridades federales para comprobar los datos aportados por testigos y colaboradores en el caso de Raúl Guillermo Rodrìguez Castro.
El reportaje del diario neoyorquino relaciona a Rodríguez Castro, coronel del Ministerio del Interior (MININT) y responsable de la seguridad personal de su abuelo, con una red criminal asentada en Quintana Roo que habría actuado durante años entre Cuba, México y EEUU.
Dos integrantes del grupo que cumplen extensas condenas lo identificaron ante las autoridades como supuesto colaborador. Uno de ellos aseguró que habría recibido sobornos y utilizado su influencia para evitar inspecciones de Guardafronteras y la Aduana. Mensajes de texto y de voz extraídos de teléfonos confiscados respaldarían parte de esos testimonios, según el rotativo.
Entre los bienes presuntamente entregados al nieto de Raúl Castro figuran una embarcación de alto rendimiento, un reloj Rolex, una motocicleta Suzuki y prendas de vestir de la marca Louis Vuitton. Las mercancías introducidas en la isla, adquiridas supuestamente con tarjetas robadas, habrían terminado en establecimientos administrados por el Estado.
Rodríguez Castro no ha sido acusado formalmente por estos hechos y se desconoce si permanece bajo una indagación federal. La Habana rechazó las imputaciones, las calificó de calumnias y negó cualquier vínculo con redes de tráfico humano.
Para el antiguo oficial de Inteligencia, una estructura capaz de mantener durante años el movimiento de embarcaciones, personas y mercancías a través de zonas sometidas a vigilancia no podría funcionar únicamente gracias a la influencia de un individuo, aunque perteneciera a la familia Castro.
“Por supuesto que tendría que existir protección institucional”, sostuvo.
Las Tropas Guardafronteras están subordinadas al Ministerio del Interior, explicó, por lo que cualquier intervención destinada a impedir inspecciones o garantizar el paso de lanchas exigiría coordinación dentro de esa dependencia. Si además participaran unidades de la Fuerza Aérea o la Marina de Guerra, el mecanismo alcanzaría otras áreas del aparato militar.
García comparó ese funcionamiento con misiones que conoció durante su permanencia en la DGI. En aquella etapa, oficiales coordinaban con Guardafronteras y otras fuerzas para que determinadas naves pudieran aproximarse a las costas sin ser interceptadas.
También aseguró que colaboradores de los servicios de La Habana radicados en Florida y propietarios de lanchas viajaban hasta los cayos de la isla para reunirse con sus oficiales de caso. Antes de cada trayecto se impartían instrucciones con el propósito de evitar que fueran detenidos.
“Es la misma operación. Eso se ha hecho siempre”, sentenció.
Su descripción no prueba que se empleara un método idéntico en los hechos examinados ahora, pero permite comprender el grado de coordinación que requeriría neutralizar controles fronterizos de manera continuada.
“‘El Cangrejo’ no moviliza por sí solo a Guardafronteras. Si puede hacerlo, significa que existe una autorización dentro del Ministerio del Interior”, señaló. “Es todo un andamiaje”.
El especialista enmarcó lo divulgado en lo que considera un historial de implicación de organismos oficiales en actividades ilícitas destinadas a generar divisas. Mencionó el narcotráfico, el lavado de dinero, el contrabando, la falsificación de mercancías y la explotación de las rutas migratorias.
Como antecedente recordó que fiscales federales acusaron en 1982 al entonces jefe de la Marina de Guerra, Aldo Santamaría Cuadrado, y a otros funcionarios de proteger embarcaciones utilizadas para transportar drogas desde Colombia hacia territorio norteamericano.
También aludió a la Causa Número 1 de 1989, que concluyó con el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa, el coronel Antonio de la Guardia, el mayor Amado Padrón y el capitán Jorge Martínez. En su opinión, aquellas operaciones no pudieron desarrollarse sin conocimiento de autoridades superiores y los procesados fueron sacrificados para proteger a la dirigencia.
Esa afirmación corresponde a su interpretación de lo ocurrido. El Gobierno de Fidel Castro responsabilizó entonces a los oficiales condenados y negó que la máxima dirección hubiera autorizado los delitos.
“En las esferas de poder siempre se ha participado en negocios ilícitos”, manifestó. “Por eso, si el Gobierno estadounidense posee estas evidencias, no me sorprende. Es una repetición de la historia”.
Una de las principales objeciones contra los señalamientos es que parte de ellos procede de personas condenadas que pudieron colaborar con la Fiscalía para obtener beneficios judiciales.
El entrevistado rechazó que esa condición invalide automáticamente sus declaraciones. Un acuerdo de cooperación aclaró, no obliga a los fiscales a aceptar como cierta toda la información proporcionada.
“Desde el principio se les advierte que, si se comprueba que mienten, los beneficios desaparecen y las consecuencias pueden ser peores”, precisó.
Los datos deben contrastarse con documentos, comunicaciones, registros financieros y fuentes independientes antes de incorporarse a un expediente. Posteriormente, los abogados defensores pueden cuestionar ante el tribunal la credibilidad del colaborador, pero esa discusión pertenece a otra etapa del proceso.
El exoficial recurrió a su propia experiencia para explicar ese mecanismo. Aseguró que la CIA no asumió como ciertos todos los elementos que entregó tras romper con la DGI, pese al valor de lo que conocía sobre las operaciones del organismo en el exterior.
“Todo lo que yo brindaba, la inteligencia norteamericana lo verificaba”, recordó. “Así se construye la credibilidad de un testigo”.
Añadió que una causa puede apoyarse en fuentes confidenciales cuya identidad no se revela públicamente por motivos de seguridad. Por ello, el conjunto de pruebas en manos de los investigadores podría superar lo conocido hasta ahora.
García considera que el aprovechamiento económico de los desplazamientos irregulares tampoco constituye un fenómeno nuevo. Durante décadas, apuntó, las autoridades de la isla han obtenido ingresos mediante distintos mecanismos que permiten o estimulan la salida de ciudadanos hacia terceros países.
Mencionó itinerarios a través de Panamá y Ecuador, a los que se sumó más recientemente Nicaragua, después de que el régimen de Daniel Ortega eliminara el requisito de visado para los cubanos.
A su juicio, esas vías han permitido aliviar tensiones internas, generar ganancias y trasladar a EEUU parte de las consecuencias de la crisis nacional.
“Han convertido la migración en un negocio. El Gobierno siempre se lleva una parte del dinero”, aseveró.
La organización descrita por The New York Timesno se limitaba supuestamente a trasladar personas. Documentos judiciales recogen que quienes no podían pagar las sumas exigidas eran retenidos en México y sometidos a extorsiones, amenazas y actos de violencia mientras sus familiares intentaban reunir el dinero para pagar rescate.
La dimensión humana de esos delitos irrumpió con particular fuerza durante la conversación. Hace 14 años, este reportero recorrió durante 26 días la ruta desde Quito, capital ecuatoriana, atravesando el Darién y Centroamérica hasta la frontera sur estadounidense. En México, sus captores amenazaron con mutilarlo y asesinarlo si su familia no enviaba 3.500 dólares.
“No se te va a borrar nunca”, reaccionó García al escuchar el relato. “Esa es una cicatriz que vas a tener el resto de tu vida”.
Para el experto, la retención y el maltrato de seres humanos colocan el caso en una categoría de especial complejidad criminal.
“Eso es tráfico humano, extorsión y amenaza contra la vida. Habría muchos cargos que agregar”, advirtió. “Puede ser tan grave o peor que el narcotráfico, porque están jugando directamente con la vida de las personas”.
Calificó la trama como una “maquinaria criminal” construida para lucrar con la desesperación de quienes intentan escapar y con la angustia de sus familiares.
La posible llegada a establecimientos públicos de artículos comprados con tarjetas robadas abriría otra línea de indagación. De comprobarse, dejaría de tratarse únicamente de la actuación de contrabandistas y plantearía interrogantes sobre la recepción, distribución y comercialización de esos productos dentro de la economía oficial.
García cree que esa conexión revelaría una estructura empresarial con capacidad para desenvolverse dentro y fuera del país. No obstante, reconoció que carece de pruebas judiciales propias sobre el destino final de los bienes descritos.
También hizo referencia a antiguas sospechas sobre la participación de personas relacionadas con el castrismo en fraudes financieros y contra los seguros médicos en el sur de Florida. Aclaró, sin embargo, que no dispone de elementos directos para atribuir tales delitos al régimen, por lo que se trata de un asunto que requeriría averiguaciones específicas.
A su entender, lo publicado encaja en un patrón más amplio de acciones ilegales desarrolladas fuera de las fronteras nacionales, junto con el espionaje y la colaboración de La Habana con China, Rusia, Irán y Corea del Norte.
“Mientras la dictadura exista, será una amenaza para la seguridad de Estados Unidos”, consideró.
La ausencia de una acusación pública contra Raúl Guillermo Rodríguez Castro no demuestra, según el analista, que las autoridades hayan descartado su posible responsabilidad.
Una pesquisa federal puede mantenerse en secreto durante años e incluso una imputación aprobada por un gran jurado podría permanecer sellada para no comprometer diligencias, alertar a otros sospechosos o interferir en consideraciones diplomáticas.
“No sé si existe en este caso y no puedo afirmar que exista”, advirtió. “Pero no estaría tan seguro de que solo haya lo publicado. Puede haber mucho más que no se haya querido hacer público”.
El exagente recordó que otros expedientes relacionados con dirigentes extranjeros permanecieron reservados hasta que las autoridades consideraron viable proceder. El momento de divulgarlos depende del curso de las averiguaciones, de la posibilidad de detener al implicado y de decisiones estratégicas.
Su planteamiento no confirma la existencia de cargos secretos contra “El Cangrejo”. Se limita a advertir que, dentro del sistema federal, la falta de pronunciamientos oficiales no equivale al cierre de una causa.
El canciller Bruno Rodríguez calificó la publicación de “fabricación calumniosa” y aseguró que el régimen no participa en actividades de tráfico humano en Centroamérica o México. Su pronunciamiento no incluyó el anuncio de una revisión interna sobre los testimonios que mencionan al nieto de Raúl Castro.
García considera improbable que las autoridades cubanas examinen de manera independiente lo denunciado.
“¿Qué investigación interna van a hacer si estamos hablando de todo un andamiaje?”, cuestionó.
La reacción de La Habana, en su criterio, reproduce una estrategia habitual: negar las acusaciones, responsabilizar a Washington de una campaña política y evitar el escrutinio sobre figuras cercanas a la dirigencia.
Aun así, insistió en que no debe atribuirse automáticamente al Estado cada acto descrito por los testigos. Para establecer responsabilidades judiciales sería necesario demostrar quiénes impartieron instrucciones, qué organismos colaboraron y cuál fue el destino de los pagos y las mercancías.
Aunque Rodríguez Castro ganó visibilidad como posible emisario de La Habana en contactos con Washington, el exoficial no lo considera una figura con influencia política autónoma.
“Su poder está dado por ser el nieto favorito de Raúl Castro”, aseguró. “No tiene vuelo propio. Es un mensajero de la persona que todavía toma las decisiones fundamentales en Cuba”.
En su opinión, esa autoridad podría disiparse cuando su abuelo muera y deje de ejercer dominio sobre el sistema. Hasta entonces, el acceso directo al general de Ejército lo convierte en un canal útil para transmitir mensajes dentro del régimen y hacia actores extranjeros.
Esa condición explicaría que funcionarios estadounidenses pudieran mantener contactos con él pese a las alegaciones. Para el especialista, conversar con alguien mencionado en una investigación criminal plantea un dilema, pero la Casa Blanca podría priorizar su capacidad para llevar propuestas directamente a Raúl Castro.
El posible diálogo no significaría necesariamente que la administración desconoce las imputaciones. Por el contrario, el reportaje podría advertirle que sus movimientos se encuentran bajo observación.
“Él puede haber sido utilizado como mensajero y ahora se le envía un mensaje”, valoró.
García tampoco cree que estas revelaciones determinen por sí solas el futuro de Rodríguez Castro. Mientras conserve la protección familiar, difícilmente enfrentaría consecuencias internas. Fuera de la isla, sin embargo, su imagen quedaría marcada por señalamientos relacionados con el crimen organizado transnacional.
A juicio del especialista, el alcance de lo divulgado trasciende a una sola persona. Los detalles transmitirían a otros integrantes de la nomenclatura que las agencias federales conservan información sobre sus actividades y podrían avanzar cuando existan condiciones jurídicas o políticas.
“Cuando este país dedica recursos a investigar, logra descubrir, si no todo, casi todo”, dijo. “La advertencia es para que la nomenclatura sepa que Estados Unidos conoce la mayoría de los ilícitos que cometen”.
Entre las posibles consecuencias estarían nuevas citaciones, sanciones financieras, restricciones de viaje, cooperación con otras naciones y una eventual acusación federal. Recalcó que ninguna puede darse por segura y que el curso del expediente dependerá de las evidencias disponibles.
En su evaluación, el caso forma parte de una presión gradual sobre la dictadura cubana en momentos en que la Casa Blanca combina advertencias públicas con posibles canales de negociación.
El antiguo oficial se mostró convencido de que Cuba se aproxima a una transformación, aunque rechazó la idea de que la caída del régimen conduciría de inmediato a una democracia estable. Reconstruir las instituciones, establecer garantías legales y convocar elecciones requeriría varios años, observó.
No obstante, estima que el margen de maniobra de la dirigencia se reduce mientras se acumulan la crisis interna, la presión internacional y las averiguaciones sobre figuras cercanas a la familia gobernante.
“Ellos creen que son inmunes porque llevan 67 años haciendo lo mismo”, concluyó. “Pero las opciones se les están acabando. Estamos más cerca de la libertad de Cuba.”
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