Ni la policía, ni la fiscalía del condado Hendry, en Florida, tuvieron la voluntad de investigar el caso de cinco mujeres, provenientes de México y Centroamérica, que denunciaron que habían sido víctimas de abusos: tres de ellas de acoso sexual y las otras dos de violación, según lo afirmó la abogada que las representó, Victoria Mesa, en ese entonces miembro de una organización que prestaba servicios legales gratis a los trabajadores agrícolas.
Los delitos se cometieron en la empresa Moreno Farms, localizada en la pequeña población de Felda, en el Condado Hendry. Su dueño, Oscar B. Moreno, nacido en México, la creó hace diez años. En ella trabajaban sus hijos, Omar, que fungía como gerente y Oscar Jr, que supervisaba las labores agrícolas en los surcos. Javier “el rubio” García era el capataz.
Los hijos de Moreno y García fueron hallados culpables, en un caso civil, de violación y acoso sexual contra estas cinco mujeres. La empresa Moreno Farms, que ya no existe, tendría que pagar 17.4 millones de dólares a estas trabajadoras del campo. Dos de ellas regresaron a México, dos viven en Immokalee, y la quinta es una trabajadora migrante que viaja por el país tras las cosechas de temporada.
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Ninguna de las víctimas, por ahora, verá un solo centavo de la indemnización. Moreno Farms se disolvió, los activos eran mínimos y los que había estaban a nombre individual en un fideicomiso. “Lo que la gente no sabe –explicó Mesa– es que en la mayoría de estos casos civiles, en el que el veredicto cobija a varias personas, resulta en que no se puede recolectar el dinero. O se recoge algo mínimo. Pero la justicia que nosotros estábamos buscando para mis clientas no era dinero sino la reivindicación de que ellas sí fueron víctimas de esos hechos y que eso no se puede repetir.”
Romper el miedo
La abogada Mesa lo dice de una manera cruda pero exacta: “si la mujer no puede mostrar su ropa interior manchada de semen, la policía no le pone atención”.
Pero va más allá en el análisis de la situación que vivieron sus clientas: “Es un condado [Henry] con una historia de discriminación muy fuerte, a quién le importan cinco mujeres latinas, centroamericanas, que fueron violadas o víctimas de abuso. Si hubieran sido cinco mujeres blancas se hubiera tratado el caso de una manera muy distinta”.
Sin embargo, para la representante legal de las víctimas, como para la comisión de igualdad en el empleo (EEOC, por sus siglas en inglés), esta victoria es un hito para los trabajadores rurales de la Florida.
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“Fue la primera vez que varias mujeres presentaron una demanda, y tuvimos que educar al Gobierno para que entendiera que esto era serio. Es una comunidad muy vulnerable que necesita intervención del Gobierno para enviarle una señal a la industria agrícola de que esto [los abusos] no se puede repetir”, expresó Mesa y remató: “es una esperanza muy grande para todas estas comunidades”.
Y es así porque de pronto esto podría romper una situación que ha sido constante en una industria de 100.000 millones de dólares: el miedo a reportar casos de ataques sexuales contra las pocas mujeres que trabajan en los campos del centro de Florida, sobre todo en Immokalee. Para Mesa, hay mucho miedo a denunciar por el temor a las represalias, hay intimidación, gran cantidad de los hombres y mujeres que trabajan en los surcos son indocumentadas. Además, “mucha gente trabaja en familia, tú por quejarte estás arriesgando a que tu hermano o prima pierdan su trabajo”, puntualizó la abogada.
A la espera
A pesar de que ninguna de las personas que cometieron los delitos está en la cárcel, e incluso viven en la misma ciudad donde tenían sus negocios, están en la mira de las autoridades.
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Si crean una nueva empresa, o utilizan testaferros, se sabrá. Una hija de Moreno tiene una empacadora, pero ningún miembro de su familia, comprometido en los delitos por los cuales fueron juzgados, forma parte de esa compañía, según recuento de la abogada de las trabajadoras.
Victoria Mesa ahora tiene su propia firma y sigue defendiendo a los trabajadores. La organización en la que trabajaba cerró sus puertas, porque se quedó sin los fondos que provenían del Gobierno estatal. “No quieren, ni el gobernador de Florida, ni los legisladores estatales, que los pobres tengan acceso a las cortes”, señaló.
DIARIO LAS AMÉRICAS agradece a Caracol Radio la información suministrada
