MIAMI.- Este 20 de junio, a la media noche, se vence el plazo para que unos 16 individuos, exconvictos por delitos sexuales, abandonen la zona de la calle 48 del noroeste de Miami, entre las avenidas 36 y 37.

Ron Book, presidente del fideicomiso que administra los fondos destinados a acabar con el fenómeno de la indigencia en el condado Miami-Dade, indicó a DIARIO LAS AMÉRICAS que “en las últimas horas mi equipo y otras personas están trabajando en soluciones, no sólo para esa situación sino a largo plazo”.

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En concreto, se refirió a una estrategia más intensa con esa población en la que algunos se podrían considerar como desamparados crónicos. “Esto me tomará una utilización más agresiva de nuestro plan de trabajo con la comunidad para enviar cinco médicos a las calles, siete días a la semana, para que provea las mismas drogas psicotrópicas y medicinas que necesitan los indigentes crónicos para estabilizarse y puedan acercarse a nosotros para que actúe nuestro equipo de contacto con la comunidad. Trabajarán con los médicos, los gerentes de caso y el equipo de contacto con la comunidad, todos juntos, para seguir de manera agresiva a aquellos que no están dispuestos a dejar las calles por una variedad de razones que tienen que ver con problemas de adicción al alcohol y las drogas”.

Hace dos años, en cercanías a Hialeah, en el corredor de la calle 71 del noroeste, entre las avenidas 36 y 37, fueron desalojados alrededor de 70 exconvictos por delitos sexuales que acampaban en esa área, en carpas, sin ningún servicio sanitario y en medio de la protesta de los vecinos.

Esa historia en parte se vuelve a repetir, pero esta vez a una escala mucho menor, en términos de población.

Book es determinante: “Lo que le puedo prometer es que esta gente será retirada de ese sitio, como pasó la última vez, y les recordaremos que tienen el derecho de ser indigentes, si así lo quieren, pero les advertiremos que si dos de ellos viven en el mismo lugar y en la misma calle, se convertirán en 5 o 6, y no vamos a permitir que eso siga creciendo, se salga de control y se convierta en un problema para una parte de nuestra comunidad con el derecho de no tener esa situación en las calles, es decir, individuos con problemas de salud, que forman basura, hacen sus necesidades fisiológicas con la posibilidad de generar infecciones y enfermedad producidas por vivir en una situación tan precaria, sin servicios sanitarios”.

Suavizan normas

Mientras que la Ciudad de Fort Laudardale, al norte de Miami, decidió suavizar las fuertes restricciones geográficas para quienes estén registrados como personas que cometieron delitos sexuales, en el condado Miami-Dade esas normas siguen produciendo, en parte, el problema de permanente desplazamiento de esos individuos que, de por vida, aparecerán en los registros públicos como “sexual predators”.

Sin embargo, para Book “la peor parte de este problema no es el de las restricciones de residencia, sino un problema de desempleo y alojamiento que va más allá de la disponibilidad de vivienda, y se trata de que los arrendatarios estén dispuestos a aceptar a estas personas”.

La semana pasada un equipo del fideicomiso de desamparados visitó el área donde se encuentran los exconvictos.

Según Book, casi a todos ya los conocían. “La mayoría no ha hecho nada, absolutamente nada, para encontrar un lugar para vivir distinto a la calle. Hemos hablado con ellos varias veces sobre opciones de vivienda, sobre el proceso que requieren seguir”, enfatizó.

Pero reconoció que quienes sí aceptaron acogerse a la ayuda del fideicomiso no les fue bien. “También había gente que tuvo un empleo y vivienda en un momento dado, pero cuando el arrendatario o los empleadores se enteraron de que esas personas estaban registradas como delincuentes sexuales, fueron desalojados de la vivienda que ocupaban y despedidos de sus trabajos”.

El presidente del fideicomiso resaltó que hace diez años la situación era muy distinta. Como se recordará, debajo del Julia Tutle, el viaducto elevado que conduce a Miami Beach, vivían y pernoctaban 121 personas condenadas por delitos sexuales.

Como siempre, los más difíciles de sacar de las calles son los casos de indigencia crónica en la población de exconvictos sexuales. “Estamos trabajando en soluciones de largo plazo que esperamos den amplias oportunidades de vivienda no sólo para esta población sino para la de desamparados en general, porque sabemos que la tenemos que eliminar en el condado Miami Dade.

Book recordó que hay una grave situación de suicidio que se debe enfrentar. Al respecto, indicó que “he trabajado de manera diligente y agresiva sobre soluciones posibles que den opciones y esperanza a una comunidad que no encuentre aceptable tener gente viviendo en la calle”.

En 2005, el Condado Miami-Dade aprobó una ordenanza que, como se ha demostrado en la práctica, ha generado una situación de desplazamiento permanente.

Es claro, como lo enfatizó Book, que ya no son muchos los que deambulan por las calles con la imposibilidad de encontrar un sitio donde vivir y trabajar por sus antecedentes penales relacionados con delitos sexuales.

En Miami-Dade alguien que haya pagado sus deudas con la justicia, pero quede registrado en las bases de datos gubernamentales y públicas como “sex ofender” , no sólo permanecerá inscrito en esa lista por el resto de su vida sino hasta su muerte deberá llevar un grillete digital en su tobillo.

Bajo esa condición, según la ordenanza condal, no puede vivir a 2.500 pies de una escuela, un jardín infantil o un parque, y a 1.000 pies de una parada de bus escolar.

 

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