MIAMI. – En una combinación de legislación, estrategia diplomática y posibles acciones judiciales se centra la actual política de Washington hacia el régimen de La Habana.
Así lo precisó el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart durante una exclusiva concedida al programa La Resistencia, de América Radio 1260 AM, conducido por los periodistas Andrés Reinaldo y Miguel Cosío.
Durante la emisión, el legislador federal expuso tres líneas que, analizadas en conjunto, delinean la actual hoja de ruta de Washington: la aplicación de la nueva ley de asignaciones federales con impacto directo en aliados del régimen, la negativa a cualquier negociación que permita la permanencia del poder político en La Habana y la preparación de una solicitud formal para evaluar el encausamiento de Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, ordenado por el entonces Ministro de Defensa cubano el 24 de febrero de 1996, hecho en el que murieron cuatro civiles estadounidenses que sobrevolaban en aguas internacionales.
Ley de asignaciones
Díaz-Balart explicó que la legislación, ya promulgada, incorpora mecanismos destinados a limitar fuentes de financiamiento indirecto de la dictadura castrista mediante acuerdos con terceros países.
Uno de los puntos centrales establece sanciones contra gobiernos que mantengan contratos bajo el esquema de exportación de profesionales médicos cubanos, sistema que según la visión de la Casa Blanca canaliza los pagos hacia el Estado cubano y no hacia los trabajadores.
Entre las medidas contempladas figuran la suspensión de asistencia económica estadounidense a países que mantengan esos programas y la imposición de restricciones de visado a funcionarios y familiares vinculados a dichos acuerdos.
La normativa también introduce evaluaciones sobre el comportamiento de países receptores de ayuda estadounidense en votaciones dentro de organismos multilaterales, reforzando la relación entre cooperación económica y alineamiento político estratégico.
Sin negociación
El congresista reiteró que la actual estrategia descarta cualquier negociación orientada a prolongar la permanencia del sistema político cubano.
En este contexto expuso, el objetivo es acelerar una transición democrática mediante presión económica sostenida, aislamiento diplomático y medidas ejecutivas destinadas a restringir el acceso del régimen a recursos estratégicos, incluido el suministro energético.
La dimensión judicial
El elemento de mayor impacto potencial es la confirmación de que trabaja junto a otros legisladores en una solicitud formal para que el Departamento de Justicia evalúe el encausamiento de Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, donde murieron cuatro personas, tres de ellas ciudadanos estadounidenses.
Díaz-Balart sostuvo que existe evidencia que vincularía directamente al exmandatario cubano con la orden del ataque, subrayando que el proceso se desarrolla como una acción legal sustentada en documentación y análisis jurídico.
De avanzar, el caso podría sentar un precedente en materia de jurisdicción internacional sobre crímenes contra nacionales de EEUU.
Mensaje regional
Las declaraciones reflejan una visión hemisférica orientada a imponer costos políticos y económicos a gobiernos que cooperen con estructuras consideradas adversas a los intereses de seguridad de la administración Trump.
El enfoque combina presión financiera, aislamiento diplomático selectivo y acciones legales dirigidas a responsabilidades individuales.
Momento político
El planteamiento proyecta un intento de redefinir la política estadounidense hacia Cuba desde una lógica que integra legislación, política exterior y acción judicial.
Si estas iniciativas avanzan, podrían marcar un punto de inflexión en la relación bilateral y en el alcance legal estadounidense frente a hechos vinculados a seguridad nacional.
