El nuevo presidente de los colombianos anuncia el desmonte de la llamada “paz total” del saliente Gustavo Petro y desplegar una ofensiva militar, judicial y tecnológica contra las organizaciones ilegales
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.
AFP
CALI.- La “mano dura” ofrecida por Abelardo de la Espriella no quedó reducida a una consigna electoral. En su primer discurso como presidente de Colombia, el abogado penalista ratificó las bases de una estrategia que combina operaciones militares, persecución financiera, fumigaciones, megacárceles, tecnología de vigilancia y cooperación con Estados Unidos e Israel.
El mandatario, conocido como el “Tigre”, cerró la puerta a nuevas conversaciones con las estructuras armadas y anunció que expedirá una lista de organizaciones consideradas “narcoterroristas”. También prometió respaldo jurídico a policías y militares, una revisión rigurosa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y nuevas prisiones para recluir a quienes representen las mayores amenazas para la seguridad nacional.
El mensaje pronunciado en el Cantón Militar Pichincha, después de prestar juramento en la Universidad Santiago de Cali, confirmó un vuelco monumental frente a Gustavo Petro: el centro de la política dejará de ser la negociación simultánea con los grupos ilegales y pasará a ser la presión armada para forzar su sometimiento.
La estrategia se nutre de lo que De la Espriella presentó durante la campaña como una versión renovada del Plan Colombia. Su propuesta incorpora drones, inteligencia artificial, vigilancia aérea, intercambio de información en tiempo real y una mayor capacidad para rastrear las finanzas del narcotráfico.
El entonces candidato prometió desplegar a la Fuerza Pública en los territorios con mayor presencia criminal, reincorporar militares veteranos, aumentar el pie de fuerza y ejecutar operaciones contra los cabecillas de las principales organizaciones.
Inicialmente habló de recuperar el control del país en los primeros 90 días. Más adelante moderó esa meta y explicó que el plazo correspondía a un plan para capturar o “dar de baja” a 10 jefes del narcotráfico y el crimen organizado.
El discurso de posesión no reiteró el límite de tres meses, pero sí confirmó la doctrina: los grupos deberán acogerse a la justicia o enfrentar la ofensiva del Estado. El programa electoral también contemplaba 10 megacárceles, mayores penas y menos beneficios para reincidentes.
Otro componente será el regreso de las fumigaciones contra los cultivos de coca. De la Espriella asegura que utilizará herbicidas distintos al glifosato y compatibles con las exigencias ambientales y sanitarias de la Corte Constitucional. La medida se combinaría con erradicación manual, extinción de dominio y ataques contra laboratorios, rutas y centros logísticos.
En campaña habló de vastas hectáreas sembradas de coca. El último informe disponible de Naciones Unidas registró 261.000 hectáreas de coca en 2024, la cifra más alta desde que comenzó el monitoreo, pero inferior al cálculo empleado durante la contienda. La Policía Nacional contabilizó 258.144 hectáreas productivas al cierre de 2025, según un análisis de Colombiacheck.
El endurecimiento de la política de seguridad encontró respaldo electoral en medio del deterioro del orden público. Petro llegó al poder en 2022 con la promesa de negociar simultáneamente con guerrillas, disidencias y organizaciones narcotraficantes. Cuatro años después, ninguna de las grandes estructuras completó un proceso de desarme o tránsito colectivo a la legalidad.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) estimó que los grupos armados pasaron de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a unos 28.802 en julio de 2026, incluidas sus redes de apoyo. El aumento fue cercano a 90%.
El Clan del Golfo se consolidó como la organización más numerosa, con más de 10.000 integrantes. Le siguen el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central y otras facciones disidentes de las FARC. Las zonas donde estas estructuras se enfrentan entre sí aumentaron de siete a 14 durante el mandato de Petro.
La FIP también contabilizó 277 ataques con drones cargados de explosivos en 2025, más del doble que el año anterior. Los aparatos, económicos y difíciles de detectar, concedieron a las disidencias una ventaja frente a unidades militares que no siempre cuentan con equipos adecuados para neutralizarlos.
El crecimiento de los grupos no puede atribuirse únicamente a la “paz total”. También responde a la débil presencia del Estado, las limitaciones de inteligencia, el reclutamiento en comunidades empobrecidas y la expansión de distintas economías ilícitas.
No obstante, la ausencia de condiciones estrictas en algunos ceses al fuego permitió que varias organizaciones ampliaran sus filas y territorios mientras permanecían en las mesas, según el balance final de la FIP.
La principal dificultad para el “Tigre” será que Colombia no enfrenta un solo ejército rebelde con una estructura vertical. El escenario actual está fragmentado entre guerrillas, disidencias, bandas regionales y redes criminales que cooperan o se enfrentan según sus intereses.
Esas organizaciones tampoco dependen exclusivamente de la cocaína. Obtienen recursos de la minería ilegal, la extorsión, el contrabando, la trata de personas y el control de contratos o actividades económicas locales. Algunas funcionan como franquicias y tercerizan operaciones, lo que dificulta identificarlas y atacarlas mediante bombardeos tradicionales.
Además, una organización armada no solo ocupa un territorio con combatientes. En numerosas comunidades ejerce funciones de autoridad, resuelve disputas, cobra impuestos ilegales y determina quién puede entrar, salir, trabajar o comercializar productos.
Una operación militar puede expulsarla temporalmente, pero el vacío reaparece si el Estado no lleva justicia, carreteras, escuelas, salud y oportunidades económicas, según analistas.
La confrontación también puede agravar la situación humanitaria. Durante 2025, más de 107.000 personas sufrieron desplazamientos masivos y otras 128.000 quedaron confinadas por amenazas o combates. Colombia acumula más de 7,2 millones de desplazados internos por el conflicto. La ofensiva deberá atender al menos ocho grandes focos de violencia, desde el Catatumbo y el Cauca hasta Arauca, Chocó, Guaviare y el sur de Bolívar.
De la Espriella pretende compensar las debilidades tecnológicas y presupuestarias con una estrecha alianza internacional. Anunció la incorporación de Colombia al Escudo de las Américas, iniciativa promovida por el gobierno de Donald Trump para coordinar inteligencia y operaciones contra cárteles y redes criminales transnacionales.
Su objetivo es obtener de Estados Unidos e Israel drones, equipos antidrones, herramientas de interceptación, entrenamiento, imágenes satelitales y sistemas para identificar movimientos de dinero. Sería una suerte de Plan Colombia 2.0, adaptado a organizaciones más dispersas y a una guerra en la que la información puede ser tan importante como la cantidad de soldados.
Sin embargo, la financiación será uno de los grandes interrogantes. El nuevo gobierno recibe un déficit fiscal equivalente a 6,4% del producto interno bruto y una deuda pública superior a 60% del PIB. El propio De la Espriella anunció el congelamiento del gasto, por lo que tendrá que explicar cómo financiará prisiones, tecnología, aeronaves y nuevos despliegues sin sacrificar programas sociales.
De la Espriella ganó la segunda vuelta con 49,66% de los votos, frente al 48,70% de Iván Cepeda. El escrutinio definitivo dejó una diferencia de apenas 251.854 sufragios, reflejo de un país dividido casi por mitades.
Cepeda anunció una oposición democrática, mientras el nuevo presidente deberá construir acuerdos en un Congreso donde no dispone de control absoluto. Las megacárceles, el endurecimiento de penas, los cambios a la justicia y varias fuentes de financiación necesitarán respaldo legislativo.
Las fumigaciones y los bombardeos también estarán sometidos a controles judiciales y a normas de protección ambiental y de derechos humanos.
La primera prueba para la “mano dura” no será únicamente el número de cabecillas capturados o campamentos destruidos. Su éxito dependerá de que la presión militar reduzca la capacidad criminal sin multiplicar los desplazamientos, de que los territorios recuperados no vuelvan a quedar abandonados y de que el respaldo a la Fuerza Pública no se convierta en impunidad.
De la Espriella ha prometido recuperar la iniciativa del Estado. Ahora tendrá que demostrar que la contundencia puede convertirse en seguridad duradera y no solamente en una nueva etapa de una guerra que Colombia lleva décadas intentando cerrar.
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