Tras 21 largos años, los cubanos continúan esperando por un órgano de justicia internacional que investigue la inconcebible brutalidad del Gobierno cubano que conllevó al hundimiento del remolcador 13 de Marzo y la muerte de 37 seres humanos, mujeres y niños mayormente; el 13 de julio de 1994.
Aquella mañana, cuando el sol aún no anunciaba la llegada de un nuevo día, y la mayoría de los habaneros dormían agobiados por la desesperanza y las penurias de la hambruna, tras la pérdida de los aliados del bloque soviético, un grupo de 72, que incluía hombres, mujeres y niños, se apoderó de una vieja embarcación en el puerto de La Habana para huir del infierno que los quemaba vivos.
Fieles al ideal de haber convertido a la isla en una gigantesca granja, donde se forja el hombre nuevo y los habitantes viven felices, las autoridades no permitieron el escape estrepitoso del puñado de conejillos de india que demostraría el fracaso del régimen sociopolítico y económico que profesaban.
La voz de la guardia vigilante de turno rápidamente corrió como pólvora y llegó a la alta comandancia, donde probablemente el capataz de la hacienda, el Castro mayor, visiblemente enfurecido por la osadía del grupo de cautivos que trataba de escapar, se levantó enfurecido de la cama y ordenó parar la huida a cualquier precio.
Ante la ausencia de un poder judicial imparcial en Cuba, donde la justicia ostenta un significado muy diferente al que practican la mayoría de las naciones, es imperativo convocar la presencia de un órgano internacional fiable que examine el deplorable suceso y ponga al culpable en el banquillo de los acusados, ahora que vive y no después, cuando sea tarde y de nada sirva el acto simbólico de condenarlo.