EDGAR C. OTÁLVORA
Analista
@ecotalvora

Nicolás Maduro saluda al enviado del Gobierno colombiano Frank Pearl junto al jefe del ELN Antonio García el 30 de marzo en el Palacio de Miraflores. (@fotosmaduro)

En un apresurado acto organizado en la sede de la cancillería venezolana en Caracas, el 30MAR16, el Gobierno colombiano y la jefatura del ELN firmaron un acuerdo para iniciar, sin fecha aún determinada, conversaciones públicas para “la paz en Colombia”. La condición impuesta por el ELN para conceder figuración a Nicolás Maduro fue finalmente aceptada por el Gobierno de Juan Manuel Santos. La posición del ELN en los últimos meses fue fijar Caracas como sede de esas negociaciones en detrimento de Ecuador o Brasil. El Gobierno Maduro es un aliado del ELN, cuyas fuerzas se localizan mayoritariamente en zonas fronterizas con Venezuela, país que le sirve de retaguardia logística, santuario de las unidades militares y cómoda sede operativa para sus jefes políticos. El Gobierno Maduro mantiene una estructura oficial de apoyo al ELN la cual encabeza el exinfante de marina, hombre de confianza de Hugo Chávez y actual gobernador del estado Guárico Ramón Rodríguez Chacín.

El Gobierno colombiano, en tanto, prefería que las conversaciones se realizaran en un país no involucrado directamente en la guerra interna colombiana como es el caso de Venezuela y con cuyo Gobierno mantiene rutinarios roces. El acuerdo pactado finalmente estableció que las negociaciones tendrán lugar en Ecuador bajo cobijo de Rafael Correa, pero determinó una suerte de sedes portátiles en Brasil, Venezuela, Chile y Cuba, con lo cual Maduro obtuvo la condición de garante de las negociaciones de Juan Manuel Santos con el ELN. Por cierto, el Ministerio de la Defensa de Ecuador, actualmente en manos del excanciller Ricardo Patiño, inició el 30MAR16 un notorio incremento del pie de fuerza militar en las unidades de “reacción rápida” que mantiene en la frontera con Colombia.

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El ELN, al igual que las FARC, se niega a proceder a su total desarme luego de la firma de un eventual acuerdo de paz. El acuerdo firmado en Caracas entre los enviados de Santos y el ELN no hace referencia al futuro desarme sino que se limita a enunciar que se “construirá un acuerdo sobre las armas del ELN para poner fin al conflicto armado”. La entrega de armas es uno de los temas que mantienen frenadas las negociaciones que el gobierno Santos sostiene en La Habana con las FARC desde 2012.

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El domingo 19ABR16 sería la fecha prevista para que la Cámara de Diputados de Brasil vote la apertura de un proceso de impeachment contra la presidente Dilma Rousseff. La comisión parlamentaria que estudia el caso deberá concluir sus actividades el 17ABR16 con un informe en el cual recomiende la apertura o no del proceso. La plenaria de Diputados puede aprobar o negar el informe y en consecuencia, la guerra política en Brasilia en este momento, está concentrada en el número de diputados dispuestos a dar curso al enjuiciamiento de Rousseff. En caso ser aprobado por Diputados, el proceso pasará al Senado, órgano que deberá considerar la apertura del proceso y, en caso afirmativo, constituirse en juzgado para el enjuiciamiento de la Presidente. Hasta el momento, la principal acusación que enfrenta Rousseff no está relacionada con los escándalos de corrupción de Petrobras sino por la utilización de mecanismos contables ilegales para el financiamiento de gastos públicos. El 28MAR16, la influyente Orden de los Abogados de Brasil introdujo ante la comisión del impeachment una nueva solicitud contra Rousseff en la cual argumentan que el intento de designar a Lula da Silva como Ministro Jefe de la Casa Civil constituyó un intento de obstrucción de la justicia, delito que debería sumarse a la solicitud de impeachment.

Aparte de los elementos jurídicos del caso, el futuro del Gobierno de Dilma Rousseff dependerá de los resultados de una intensa e implacable campaña que ejecuta el oficialismo bajo la directa conducción del expresidente Lula da Silva. Tras el abandono del principal partido brasileño, el PMDB, de la alianza que respalda a Rousseff, el oficialismo abiertamente intenta canjear apoyos políticos parlamentarios de partidos pequeños a cambio de cargos ministeriales y de alto nivel en organismos, bancos y empresas públicas. En tanto, el PT intenta, sin mucho éxito, crear un clima de agitación callejera “en contra del impeachment y a favor de la democracia”. Para el jueves 30MAR16 fueron convocadas concentraciones y marchas prooficialistas en las principales ciudades del país incluyendo Brasilia donde se realizaría una marcha de cuatro kilómetros desde el Estadio Nacional Mané Garrincha hasta el Palacio de Planalto con Lula encabezando a sus seguidores movilizados desde todo el país. La baja asistencia al evento, calculada en apenas 30.000 personas por sus propios organizadores, hizo que Lula desistiera de participar en el evento.

En Brasilia, cada partido y dirigente está sacando sus respectivas cuentas de conveniencia acerca de la continuidad o cese del Gobierno de Rousseff. Las quinielas con listados de diputados a favor o en contra del impeachment corren de mano en mano. La oposición requiere 342 votos favorables en la Cámara de Diputados. Al Gobierno le bastarían 172 votos o abstenciones para impedir el enjuiciamiento de Rousseff.

Incluso la opción de que el impeachment no prospere en el Congreso ya ha sido evaluada por las principales organizaciones políticas. En el caso del principal partido opositor, el PSDB, su Presidente honorario Fernando Henrique Cardoso ya anunció que de fallar la vía del impeachment en el Congreso, se insistiría en el proceso judicial ya en marcha en el Tribunal Supremo Electoral. En caso de que el TSE encuentre culpable a Rousseff de financiamiento electoral ilegal en su campaña por la reelección en 2014, el vicepresidente Michel Temer también perdería su cargo por lo cual serían convocadas nuevas elecciones presidenciales.

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La iniciativa del Gobierno de Tabaré Vázquez, actual presidente de Unasur, de emitir un pronunciamiento a favor del Gobierno de Rousseff fracasó, así como las presiones de Evo Morales para convocar un encuentro presidencial suramericano en Brasilia para mostrar respaldo a Lula y Rousseff. El Gobierno de Mauricio Macri intentó canalizar una reacción de Mercosur a favor de la estabilidad en Brasil por lo cual la canciller argentina, Susana Malcorra, procuró infructuosamente programar una reunión de los cinco cancilleres. El 18MAR16, Malcorra anunció que Mercosur se pronunciaría en breve para dar apoyo institucional a Rousseff pidiendo que los procesos judiciales y parlamentarios contra la mandataria “se enmarque en los procedimientos democráticos y que se respeten las instituciones”. El 21MAR16 Malcorra anunció que su Gobierno estaba promoviendo una reunión de Cancilleres de Mercosur para tratar el caso brasileño. “La preocupación es clara: que un país del peso y el tamaño de Brasil esté afectado por una crisis institucional es algo que nos preocupa a todos, y que pueda encontrar una salida dentro de los marcos institucionales es importante para nosotros”. La reunión de cancilleres de Mercosur no pudo realizarse, ni siquiera vía videoconferencia ya que el gobierno paraguayo se opuso, rompiendo la unanimidad necesaria en el grupo sureño.

Paraguay, país que fue expulsado de Mercosur en 2012 por maniobras de la propia Dilma Rousseff en connivencia con Cristina Kirchner y Hugo Chávez, asentó una clara derrota a las cancillerías castrochavistas y a la diplomacia del gobierno argentino. El 25MAR16, el gobierno de Horacio Cartes hizo público su parecer de “no cree conveniente que se saque ningún tipo de pronunciamiento ni a favor ni contra de nadie en Brasil”. El vicecanciller paraguayo Óscar Cabello Sarubbi, afirmó ese día que “la posición del Gobierno paraguayo es no acompañar comunicado alguno ni del Mercosur, Unasur o Celac”.

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La primera vuelta en las elecciones presidenciales de Perú tendrá lugar el 10ABR16. La campaña electoral, la polarización de las intenciones de voto y nuevas normas legales han generado una drástica reducción del número de candidatos postulados, al extremo que el Partido Nacionalista Peruano liderizado por Nadine Heredia esposa de Ollanta Humala, retiró sus candidatos a la Presidencia y al parlamento a principios del mes de marzo. Los dos candidatos que encabezan las encuestas, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, a escasos días del día de votaciones enfrentan procesos en la justicia electoral que aún pudieran sacarlos de la competencia.

Las mediciones de intención de votos ratifican la tendencia que ya se asomaba desde el año 2015 con Keiko Fujimori, la hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori, encabezando el listado de aspirantes presidenciales. El promedio de seis encuestas realizadas por las empresas CPI, Ipso y Datum durante el mes de marzo dan a Fujimori 39,28% de intención de votos, cifra considerablemente superior al 17,6% otorgado a Kuczynski. De mantenerse las actuales tendencias, ninguno de los dos candidatos obtendría el 50% de votos válidos requeridos para ganar la Presidencia en primera vuelta por lo que el electorado sería convocado a una segunda ronda fijada para el 05JUN16.

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El retiro de la candidatura de Daniel Urresti como candidato oficialista abrió espacio para el crecimiento de una candidatura de izquierda, vinculada con corrientes castrochavistas según diversas fuentes de prensa peruanos. La peruano-francesa Verónika Mendoza Frisch suma 12,11% de intención de voto con tendencia a crecer electoralmente, disputándole el tercer lugar al ex aprista y consultor internacional Alfredo Barnachea.

La parlamentaria Veronika Mendoza se desempeñó como responsable internacional del Partido Nacionalista Peruano de Ollanta Humala, organización en la cual militó hasta 2012. Mendoza actuó como asistente personal de Nadine Heredia y existe evidencia de haberla acompañado en diversos viajes a Venezuela, para celebrar reuniones con el gobierno de Hugo Chávez, durante los años 2007 y 2008.

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