Miembros de los principales partidos opositores argentinos reclamaron este jueves que se trate con urgencia la denuncia contra la presidenta, Cristina Fernández, presentada por el fiscal Alberto Nisman, encargado de la causa del atentado terrorista contra la mutual judía AMIA en 1994.
Después de que la jueza María Servini de Cubría dictaminase este jueves que la demanda de Nisman no será tramitada durante las vacaciones de verano, la oposición pidió a la Justicia que se aborde con urgencia la investigación del fiscal, ya que consideran de alta gravedad institucional las acusaciones de que el Gobierno operó para encubrir las responsabilidades iraníes en el ataque.
La denuncia
La Unión Cívica Radical reclamó a través de un comunicado que la denuncia sea "abordada con responsabilidad y urgencia" en el Parlamento argentino.
El texto sostiene que la denuncia "reviste una gravedad institucional mayúscula" y lleva las firmas de los principales referentes del partido, entre los que se encuentra el senador Ernesto Sanz.
En declaraciones a radio Mitre, la diputada del bloque opositor Unen Elisa Carrió advirtió que "es terrible la política internacional de Cristina (Fernández)" porque "va a dar impunidad a los iraníes".
Además, cargó contra la mandataria argentina por vincularse con "una diplomacia paralela que tiene relaciones con grupos terroristas de Medio Oriente".
En tanto, el senador y aspirante presidencial de Unen Fernando Solanas instó a que se abran los archivos secretos del atentado y que el fiscal sume a la Secretaría de Inteligencia entre los acusados en la denuncia, en un comunicado.
Desde la conservadora Propuesta Republicana (PRO), la diputada Laura Alonso coincidió en que la denuncia reviste "una gravedad institucional importante".
Encubrimiento
"El memorándum fue el punto de llegada de una negociación oculta, espuria, que iba en contra de la Justicia argentina y que se estaba dando entre bambalinas entre representantes del gobierno argentino clandestinos con Irán a través de uno de los acusados", añadió la legisladora del PRO en declaraciones a Radio Rivadavia.
Por su parte, el exjefe de Gabinete Alberto Fernández, cercano al opositor Frente Renovador, consideró que es "absolutamente posible lo que dice" el fiscal Nisman y que el presunto encubrimiento es "es un enorme acto de deslealtad con las víctimas", en declaraciones a Radio Mitre.
Fernández, que fue funcionario durante el Gobierno de Néstor Kirchner y el primer mandato de Cristina Fernández, aseguró que Irán "siempre buscó un acuerdo" con Argentina para dar "petróleo a cambio de alimentos, granos" pero que "siempre fue negativa la respuesta".
El fiscal especial por la causa AMIA, Alberto Nisman, denunció este miércoles a la mandataria argentina, al canciller, Héctor Timerman y a varios dirigentes oficialistas por los delitos de "encubrimiento agravado, incumplimiento de deber de funcionario publico y estorbo del acto funcional".
Según Nisman, la denuncia se basa en evidencias reunidas mediante escuchas telefónicas sobre las maniobras del Gobierno argentino para "librar de toda sospecha a los imputados iraníes" y "fabricar la inocencia de Irán".
El atentado contra la AMIA causó 85 muertos y 300 heridos el 18 18 de julio de 1994, dos años después de que una bomba explotara frente a la embajada de Israel en Buenos Aires y provocara 29 víctimas mortales.
La comunidad judía atribuye a Irán y a la organización Hizbulá la planificación y ejecución de ambos atentados.
El Gobierno desmiente la denuncia
El Gobierno argentino calificó este jueves de "patraña" la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento de terroristas iraníes y la atribuyó a un complot judicial con ayuda de grupos de inteligencia y mediáticos.
Mientras Fernández guarda silencio, el Ejecutivo cerró filas para defenderla de las acusaciones del fiscal Alberto Nisman, que sostiene en su demanda que dio instrucciones para la firma de un acuerdo con Irán que presuntamente implicaba encubrir a los autores del atentado de 1994 contra la mutual judía AMIA, que dejó 85 muertos.
Para desestabilizar el Gobierno
"Se trata de una decisión disparatada, absurda, ilógica, irracional, ridícula y violatoria de artículos esenciales de la Constitución Nacional", afirmó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
El alto funcionario subrayó que el memorándum de entendimiento firmado con Irán en 2013 pretendió "garantizar el esclarecimiento" del peor atentado antisemita perpetrado en el país.
La denuncia de Nisman, dijo, responde a una "estrategia de carácter corporativo con algunos miembros y sectores del poder judicial con grupos mediáticos concentrados y grupos corporativos económicos con objeto no solo de hostigar al Gobierno sino de pretender su desestabilización permanente en una clara actitud golpista".
