CARACAS.- REDACCIÓN WEB / DLA
Se trata de Luis Enrique Gallardo, electo gobernador del estado Guárico el 5 de diciembre de 2010 para completar el período hasta 2012. Él sustituyó al entonces mandatario regional, el chavista Willian Lara, luego que éste perdió la vida de forma trágica cuando el vehículo en el que viajaba se salió de la carretera y cayó en un río con fuerte caudal.
Gallardo fue apoyado ampliamente por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Representantes de esa tolda política en la región dijeron, al anunciar su candidatura, que se evaluaron las condiciones de líder y que había probado su transparencia en la gerencia pública como profesor-fundador y rector de una institución de educación superior en el estado Guárico llamada Universidad Rómulo Gallegos. Increíblemente, los halagos hacia este líder chavista aún se preservan en el portal oficial del PSUV.
De alabado a condenado
La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, anunció muy emocionada este viernes en su programa "Justicia y Valores", que transmite la estación Unión Radioen Caracas, que el Ministerio Publico logró una condena de 18 años de prisión contra el ex gobernador de Guárico, Luis Gallardo, por varios delitos vinculados a la corrupción.
Ortega Díaz dijo además que la sentencia también aplicó para el expresidente del instituto autónomo de la vivienda, Leonardo Rodríguez, el exsecretario general de gobierno, Carlos Alfonso Cerezo, el expresidente de la comisión de contrataciones del estado Guárico, Ciro Pérez, el exconsultor jurídico, Nemesio Cedeño y el exsecretario de infraestructura, Angel Barrios.
Quienes alguna vez fueron aplaudidos por la cúpula chavista, ahora deberán pasar 18 años en prisión por los delitos de peculado doloso propio, malversación especifica de fondos públicos, concierto de funcionarios públicos con contratistas y evasión de procedimientos de contratación pública.
La Fiscal General explicó que las investigaciones en torno a este grupo de funcionarios iniciaron el 22 de marzo de 2013, luego de que se corriera la información de que el gobernador Gallardo y su tren ejecutivo firmaran contratos millonarios para la construcción de viviendas que nunca llegaron a desarrollarse.
Varios afectos al régimen chavista han afirmado que el proceso judicial contra Luis Enrique Gallardo es una retaliación política. Medios de tendencia oficialista, como Aporrea, aseguran que al exgobernador “le montaron pérfidos laboratorios de guerra sucia para desestabilizarlo políticamente”, aunque no dan mayor explicación para sustentar tal afirmación.
