Mientras exista impunidad en Venezuela, mientras se sigan cometiendo atropellos a la libertad de expresión y de conciencia, mientras se persiga y se aprese por razones políticas, mientras no exista un sistema de justicia creíble y profesional y mientras prevalezca la dictadura por encima del Estado de derecho, la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos en Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, debe continuar su labor de recolección y documentación de violaciones graves de los derechos humanos, para establecer responsabilidades y asegurar la posibilidad de justicia y reparación para las víctimas.
Por María Alejandra Aristeguieta en su columna publicada en El Nacional
Creada en septiembre de 2019, en siete años de trabajo, la Misión ha logrado establecer patrones constitutivos de políticas de Estado, identificar las estructuras que cometen tales violaciones, así como sus cadenas de mando, presuntos perpetradores y patrones de represión.
También se ha adentrado en la crisis preelectoral y postelectoral y ahora, durante este 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, debe presentar su último informe, que cubre el período comprendido entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. En él analizará sus hallazgos a partir de su mandato original, es decir, la investigación de violaciones graves de derechos humanos ocurridas en Venezuela desde 2014, específicamente las referidas a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, así como violencia sexual y de género.
En este informe abordará, además, lo que ha sucedido en Venezuela desde el 3 de enero hasta el presente y retomará las investigaciones sobre las estructuras de mando que tuvo que suspender para poder abordar la ola represiva de 2024 y 2025. A ello sumará el análisis de las modificaciones en el estamento militar realizadas por Delcy Rodríguez durante estos nueve meses de tutelaje. Por lo tanto, una parte de lo que se determine en este informe tendrá implicaciones respecto de la responsabilidad directa de la camarilla actualmente en el poder.
A lo largo de estos años, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos ha marcado pauta. Ya en su primer informe, de 2020, concluyó que existían motivos razonables para creer —su estándar de prueba— que autoridades estatales, incluidas personas de los más altos niveles del Gobierno, habían diseñado y ejecutado una política destinada a “silenciar, desalentar y anular” a la oposición venezolana, y que esta incluía conductas constitutivas de crímenes de lesa humanidad. Los informes posteriores no abandonan esta tesis; por el contrario, la desarrollan y documentan su evolución.
En los informes de 2022 y 2023, describió con certera claridad las estructuras de las fuerzas de seguridad del Estado y la combinación de mecanismos de “línea dura” con mecanismos más “blandos”, como la intimidación, la criminalización, la inhabilitación política, la censura y las restricciones a las ONG, los sindicatos, los medios y los partidos políticos. La Misión logró establecer con precisión la ubicación de centros de tortura en medio de urbanizaciones, bajo la apariencia de viviendas; los métodos de tortura, y la continuidad y evolución de todo el aparato represivo. Por ejemplo, en esos informes se pudo comprobar cómo se cometían ejecuciones extrajudiciales bajo el amparo de operativos de seguridad, primero con las OLP, luego con las FAES y, posteriormente, con la DAET, lo que permitió determinar la continuidad entre esas estructuras, más que su desmantelamiento efectivo.
La Misión concluyó que durante el proceso electoral de 2024 se produjo una intensificación de la represión y del cierre del espacio cívico y democrático tras el 28 de julio, y constató la reactivación de los mecanismos más violentos del aparato represivo, al calificar ese período como una de las crisis de derechos humanos más agudas de los últimos años, similar a las de 2014 y 2017. La magnitud de la crisis postelectoral obligó a la Misión a reorientar sus investigaciones y posponer la conclusión de su investigación específica sobre la Guardia Nacional Bolivariana y su cadena de mando. La propia Misión dijo que la completaría si se renovaba su mandato y será seguramente parte del informe que escucharemos este 18 de septiembre.
Durante la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos del informe de 2025, escuchamos tres elementos que dan cuenta de los avances y de la profundización de sus investigaciones. El primero fue la determinación de patrones postelectorales, en los que se analizaron individualmente y de manera conjunta las seis categorías investigadas: detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas; tortura y tratos crueles; muertes en protestas y bajo custodia; violencia sexual y de género, y persecución de opositores, defensores, periodistas y miembros de la sociedad civil. El segundo, y quizás el más importante de cara al futuro, fue determinar que la “continuación exacerbada del plan de aniquilar a opositores o personas percibidas como tales” constituiría un crimen de lesa humanidad de persecución por razones políticas, según lo establecido en el artículo 7.h) del Estatuto de Roma. Y el tercer elemento fue la determinación, por parte de los expertos, de un patrón de continuidad y adaptación del sistema represivo.
En su actualización oral de marzo de este año, la Misión expresó que sus investigaciones llevaban a la conclusión de que el aparato represivo del Estado permanecía “intacto”, pese al cambio de liderazgo. Los expertos también pidieron que la incertidumbre política actual se tradujera en cambios significativos en materia de derechos humanos.
Por todo lo anterior, se puede suponer que el nuevo informe que leeremos y escucharemos en los próximos días dará cuenta detallada de la evolución de las estructuras y cadenas de mando responsables de la represión; de la situación de las personas detenidas arbitrariamente y de las desapariciones documentadas, sobre todo luego del supuesto cierre del Helicoide, que no fue más que otro ardid para continuar con su patrón de adaptación; de los nuevos casos de tortura y violencia sexual; del funcionamiento del sistema judicial posterior al 3 de enero; de las responsabilidades individuales de personeros del régimen, y de los posibles cambios en el aparato represivo o de su continuidad.
Por otra parte, esperamos que se evidencie que 1.465 personas excarceladas siguen sometidas a regímenes de presentación y otras medidas sustitutivas o restrictivas de la libertad, con lo cual se concluye que no se ha avanzado realmente —a pesar de la captura de Nicolás Maduro— debido a que toda la estructura chavista permanece en el poder. También deberían abordarse los cambios realizados por Delcy Rodríguez en la estructura militar, así como la estructura de la Guardia Nacional Bolivariana, junto con otras estructuras cuyo análisis quedó pendiente desde 2023 debido al incremento de la represión durante el período preelectoral y postelectoral. Finalmente, ojalá también nos indique la relevancia de estos nuevos hallazgos de cara a los procesos de justicia internacional.
En definitiva, el informe de 2026 puede ser cualitativamente distinto de los anteriores: ya no se tratará solamente de documentar la represión bajo Maduro, sino de determinar qué ocurrió con las estructuras responsables después de su salida y si existen condiciones reales de rendición de cuentas, reforma institucional y no repetición, o si, por el contrario, el aparato represivo continúa operando bajo nuevas autoridades y mediante estructuras institucionales adaptadas a la nueva realidad política.
Pese a todo, este instrumento internacional e independiente cuenta con formidables enemigos. Desde su creación, la Misión ha sido duramente obstaculizada y atacada por la dictadura venezolana, que para ello se ha valido de impedimentos para investigar dentro del territorio venezolano o de argumentos falaciosos y huecos, como que se trata de un mecanismo que no cuenta con el apoyo del Gobierno o que atenta contra la autodeterminación de los pueblos. Pero, sobre todo, la dictadura venezolana se ha valido de sus colegas dictadores y de gobiernos de izquierda para distorsionar o diluir las responsabilidades que recaen sobre quienes controlan el poder, o simplemente para obstaculizar el trabajo de los expertos dentro y fuera de Venezuela. La coordinación ideológica entre dictaduras en el contexto multilateral es, sin embargo, el mejor indicador de la pertinencia y el éxito de la Misión, pues permite comprender que el trabajo de investigación realizado hasta ahora es de gran rigor y enorme utilidad para el establecimiento de la verdad, la consecución de la justicia y la garantía futura de no repetición de este doloroso y oscuro capítulo de la historia republicana.
En conclusión, luego de siete años de trabajo, podemos aseverar que en este momento no estamos ante el desmantelamiento del sistema represivo documentado desde 2020, sino únicamente ante su adaptación a una nueva realidad política.
Por lo tanto, es urgente que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos continúe su trabajo de recopilación de información para combatir la impunidad, asegurar la rendición de cuentas y proteger el derecho a la justicia de las miles de víctimas venezolanas y extranjeras.
