Expertos de Naciones Unidas afirmaron que siguen documentando patrones de tortura y malos tratos contra presos políticos en Venezuela
En la represión participan grupos armados llamados llamados "colectivos", partidarios del régimen. (en la foto participan junto con la Milicia Nacional Bolivariana en un ejercicio militar en el barrio 23 de Enero, Caracas, Venezuela, 5 de febrero de 2020).
AP/Matias Delacroix/ArchivoGINEBRA.- La represión contra los presos políticos y opositores en Venezuela que incluye patrones de torturas y otras violaciones de derechos humanos por parte de la actual gestión, permanece “intacta” tras la captura de Maduro en enero pasado, advirtió la Misión de la ONU en su nuevo informe sobre la situación en este 2026.
El grupo de expertos afirmó que, aunque observaron “ciertas mejoras”, el país no cuenta con avances institucionales que garanticen su continuidad.
Y alertó que persiste la actuación de colectivos o grupos armados afectos al chavismo, de los cuales se responsabiliza al ministro Diosdado Cabello.
"La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles", aseguró la presidenta de la Misión, Sofía Macher, al dar a conocer el documento este miércoles que será presentado en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La situación resultó tan preocupante que la Misión pidió que Estados Unidos y otros "actores influyentes" intensifiquen esfuerzos para promover cambios reales en materia de derechos humanos en el país.
Pidió asegurar que las acciones "no contribuyan a más violaciones de derechos humanos ni faciliten la comisión de crímenes internacionales".
Sofía Macher, experta peruana y nueva presidente de la Misión, dijo que continúan documentando patrones de tortura y malos tratos contra detenidos por motivos políticos.
En la actualidad entre 300 y 500 personas permanecen en las cárceles como presos políticos, según datos de ONG, a pesar de las excarcelaciones otorgadas desde febrero.
Mencionó casos de intubación forzada y confinamiento prolongado en cisternas subterráneas (un método apodado "la máquina del tiempo") en la prisión de máxima seguridad El Rodeo I, cárcel que ha sido señalada de “centro de torturas” por defensores de derechos humanos.
La Misión denunció que en Fuerte Guaicaipuro, una instalación militar, los detenidos son confinados en celdas similares a fosas subterráneas, y son sometidos a condiciones degradantes como privación de alimentos.
Dijo que desde el 3 de enero hasta la fecha, registra 64 nuevos casos de tortura, mientras cientos de personas siguen expuestas a "condiciones de detención deplorables", que han derivado en la muerte bajo custodia por falta de atención médica o malos tratos en algunos casos.
La misión hizo referencia también a que ha identificado un patrón recurrente de arrestos de corta duración para intimidar a activistas, opositores, periodistas y otros actores, aunque: 200 de las 214 detenciones arbitrarias reportadas en el último año se produjeron antes de la captura de Maduro, tras el 3 de enero.
"Mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible", advirtió la presidenta de la misión.
Subrayó que leyes usadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes, los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad conservan las mismas estructuras.
Además, periodistas y otros actores de la sociedad civil siguen enfrentando obstáculos en su labor cotidiana, y al menos 19 funcionarios que la misión identificó en informes previos como responsables de graves violaciones de derechos humanos continúan ocupando puestos clave en el régimen.
Los expertos apuntaron que este año se observó aspectos positivos como una disminución significativa de las detenciones de larga duración y desapariciones forzadas, además de la excarcelación y un "un margen algo mayor" para protestas, reuniones públicas y actividades de la sociedad civil.
Sin embargo, advirtió que no se ha adoptado ninguna medida para desarmar o desmantelar a los "colectivos" o grupos civiles armados.
Informó que el viernes próximo presentará junto al informe sobre 2026 otro estudio centrado en el funcionamiento de "colectivos", donde concluye que no son organizaciones marginales o periféricas, sino "parte central del aparato represivo estatal".
La expansión de estos grupos, brazos del aparato represivo, durante los regímenes de Maduro y Hugo Chávez "no fue fortuita, sino que respondió a una estrategia política orientada a fortalecer las bases de apoyo para su proyecto político, también a través de la violencia y la coacción", indicó.
FUENTE: Con información de EFE
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