lunes 17  de  noviembre 2025
Reforma a la inmigración

El gobierno británico endurece la política de asilo y suprime ayudas sociales a inmigrantes

Las ayudas sociales: vivienda, subsidios económicos, ya no serán automáticas. El gobierno quiere suprimirlas "para aquellos que tienen derecho a trabajar y pueden mantenerse por sí mismos"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES — El gobierno laborista británico presentó este lunes un plan de reformas para endurecer su política de asilo e inmigración y frenar la llegada de personas en pequeñas embarcaciones desde las costas francesas, cuando la derecha encabeza los sondeos de intención de voto.

Entre las medidas a adoptar, publicadas este lunes, se incluyen la reducción de la protección a los refugiados, quienes serán "obligados a regresar a su país tan pronto como se considere seguro", y la supresión del acceso automático a las ayudas sociales para los solicitantes de asilo.

Desde el 1 de enero, 39.292 personas llegaron a Reino Unido en pequeñas embarcaciones, más que en todo 2024 (36.816).

Desde 2021 se registraron más de 400.000 solicitudes de asilo, frente a 150.000 entre 2011 y 2015, según cifras oficiales.

Ascenso de la derecha

El partido de derecha, Reform UK, que ha convertido la inmigración en su principal tema de campaña, lidera las encuestas de intención de voto.

"Si no logramos gestionar esta crisis, arrastraremos a más personas hacia un camino que comienza en ira y termina en odio", declaró este lunes en el Parlamento la ministra del Interior, Shabana Mahmood.

La ministra criticó en su alocución un sistema percibido como "fuera de control e injusto".

Entre las medidas anunciadas, los refugiados deberán "regresar a su país tan pronto como se considere seguro", por ejemplo, en caso de un cambio de régimen en su lugar de origen, y su situación será revisada cada 30 meses.

20 años para solicitar residencia

Los demandantes de asilo tendrán que esperar veinte años, frente a los cinco actuales, para solicitar la residencia permanente, una medida inspirada en el modelo danés.

En cuanto a las ayudas sociales (vivienda, subsidios económicos), ya no serán automáticas.

El gobierno quiere suprimirlas "para aquellos que tienen derecho a trabajar y pueden mantenerse por sí mismos".

En la actualidad, las autoridades pagan una asignación semanal y proporcionan alojamiento a los demandantes de asilo.

El costo de los hoteles para alojarlos ha sido muy criticado por los contribuyentes británicos.

Expulsiones

El gobierno quiere modificar la aplicación en Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos para facilitar las expulsiones.

De este modo, sólo podrán permanecer en el país las personas que ya tengan familiares directos en Reino Unido (hijos, padres).

"Si las nuevas propuestas son aceptadas por el Parlamento, es poco probable que tengan un efecto inmediato y directo en los migrantes procedentes de países latinoamericanos", analizó el experto en política británica y comentarista de medios, Mark Garnett.

"Están destinadas a hacer que Reino Unido parezca un destino mucho menos atractivo para las personas que esperan quedarse aquí de forma permanente sin cumplir los requisitos normales, en otras palabras, inmigrantes irregulares, que provienen principalmente de África y Oriente Medio", explicó Garnett.

Restricción de visados

Antes de la publicación del plan de reformas, el gobierno anunció este lunes que podría restringir la concesión de visados a tres países africanos, a los que acusa de no colaborar en la repatriación de sus ciudadanos en situación irregular.

El Ministerio del Interior señaló a Angola, Namibia y la República Democrática del Congo, indicando que considera "inaceptable" su escasa cooperación en materia de expulsiones.

Los tres países africanos "tienen un mes" para mejorar la situación, advirtió el gobierno.

Para respaldar la posible medida, el Ministerio de Interior sostiene que "miles de migrantes en situación irregular originarios de estos tres países se encuentran actualmente en Reino Unido".

Nigel Farage, líder de Reform UK, celebró los anuncios del gobierno laborista, diciendo que la ministra de Interior "parece una simpatizante" de su partido.

En cambio, la diputada laborista Stella Creasy calificó las medidas como "crueles" y "mal calculadas" desde el punto de vista económico, en declaraciones al diario The Guardian.

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