martes 9  de  julio 2024
ESTADOS UNIDOS

En la carrera electoral, Biden abre camino con la mayor medida migratoria expansiva

Expertos en inmigración dicen que resolución de Biden sobre legalización de cónyuges de ciudadanos estadounidenses despeja vías para protegerse de deportación

Por Sofía Nederr

MIAMI. - El martes 18 de junio, el presidente Joe Biden anunció que su Gobierno aplicará una medida para que algunos cónyuges de ciudadanos estadounidenses, sin estatus legal, puedan solicitar la residencia permanente.

Se considera que esta decisión representa la protección federal más expansiva de Estados Unidos para los inmigrantes en más de una década. La medida solo se aplicará una vez y, para poder ser beneficiario del programa, una persona debe llevar en Estados Unidos un mínimo de 10 años. De acuerdo con los funcionarios gubernamentales, los inmigrantes que cumplan 10 años en el país luego del 17 de junio de 2024 no podrán participar en el programa.

En caso de que la solicitud sea aprobada, la persona contaría con tres años para requerir de un permiso de residencia permanente y recibiría un permiso temporal de trabajo. El anuncio fue hecho a cinco meses de las elecciones presidenciales y semanas después de anunciarse la aplicación de medidas más estrictas en la frontera entre Estados Unidos y México.

Para la abogada María Herrera Mellado, especialista en temas migratorios, la resolución anunciada por Biden constituye “una medida con tintes electorales que busca ganar el apoyo y el voto de millones de hispanoamericanos”.

Añade que el mandatario estadounidense “busca salvar su presidencia y evitar las críticas de los que lo acusan de aprobar políticas parecidas a las de Donald Trump para controlar la frontera”.

Al mismo tiempo, considera que se trata de una buena noticia para los esposos de ciudadanos estadounidenses “que puedan beneficiarse de este potencial alivio”.

La especialista destaca que, con la norma, también se propicia la posibilidad para los abogados “de representar a miles de inmigrantes y ganar casos de ajuste de estatus y residencia sin tener que demostrar una extrema necesidad a los familiares y ciudadanos estadounidenses o residentes como esposos o padres”.

El abogado John De La Fuente, quien maneja asuntos de inmigración, refiere que la sociedad norteamericana en un porcentaje altísimo, 68%, ha dicho que el tema migratorio es uno de los fundamentales a la hora de decidir por quién votar en las próximas elecciones.

“Nos hemos dado cuenta de que hay un grupo también alto que piensa que el presidente Joe Biden no ha hecho el trabajo correcto, que no ha sido diligente para parar la crisis migratoria, especialmente, fronteriza”, afirma.

Por su parte, Isadora Velázquez, también abogada de inmigración, destaca que se revisará ver cuánto tiempo lleva la persona en Estados Unidos y que cumpla con los requisitos legales, dentro de los que se incluye no tener antecedentes ni ningún factor que sea inadmisible y “el estar presente en el país sin una orden de deportación”.

Velázquez señala que lo más cercano a la nueva disposición fue lo que se dio cuando personas que tuvieran familiares podrían conseguir una residencia si habían estado en el servicio militar. “Pero, esta es la expansión más grande que hemos visto hasta ahora”, asevera.

Añade que el cambio para familiares sí pudiera conceder el privilegio de sacar la residencia sin tener que salir del país.

A juicio de Velázquez, “más allá de lo electoral, también veo que la medida de Biden es una necesidad. Hay que recordar el cambio anterior a esto, hecho por el presidente Obama, que daba a las personas el privilegio de poder pedir un perdón si habían entrado ilegalmente por la frontera y así recibir una residencia, pero esta residencia tiene que pedirse en el país de origen”.

Sostiene que aparte de los señalamientos sobre una posible connotación electoral, la medida también está atada a lo que hizo Obama en su momento, cuando no iba por la reelección.

“Es algo que el país necesita para no perder a estas personas, deberían recibir residencia por su estatus”, puntualiza. Añade que era claro que la ley es anticuada y que esto “se da también a falta de un cambio de sustancia que venga del Congreso”.

Lapsos clave

El abogado John De La Vega indica que el cálculo inicial de quienes se beneficiarían con la medida es de 500. 000 personas.

“Estamos hablando de muchas personas que se encontraban en los Estados Unidos, digamos, viviendo en la sombra, personas sin ningún tipo de estatus, que estaban indocumentadas y que hoy en día pudieran empezar a aplicar, cuando se conozcan las reglas y los protocolos, para cambiar su situación. Ahora existirán las vías para que estas personas puedan protegerse de la deportación y pedir un permiso de trabajo”, expresa.

Califica como un “paso excelente” que va a promover la unión familiar. Coincide con su colega Velázquez en que podrían ser más los migrantes casados con estadounidenses que los anunciados como potenciales beneficiarios de la nueva resolución, por cuanto el ingreso irregular al país es difícil de calcular. Agrega que el número que estima el Gobierno se deriva del número de personas que puede identificar.

De acuerdo con la organización de defensa de la inmigración FWD.us, alrededor de 1,1 millones de inmigrantes sin estatus legal están casados con ciudadanos estadounidenses en Estados Unidos.

De la Vega señala que el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos está tardando para adjudicar solicitudes. “Pero, basado en mi experiencia con otros procesos, con programas similares, puede tardarse de seis a nueve meses. Creo que el Gobierno le pondrá prioridad a esto”, señala.

De su lado, la abogada Isadora Velázquez compara la nueva medida con el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) aplicado por Barack Obama en 2012, cuando Biden era su vicepresidente, y que fue de rápida ejecución. “Pero, eso llevó a que en la Corte pudiéramos decir que DACA no aplica a todo el mundo y que no fue implementado correctamente”, acota.

Agrega que tal vez sean 30 días de comentarios para evitar esa batalla legal que eliminó DACA en su momento y que pueda eliminar la resolución de Biden.

“Hay que recordar que el Gobierno es lento y podemos compararlo con la aplicación del (programa) parole humanitario para nuestros países en Latinoamérica, cuánto tardaron en darnos los formularios y los pasos a seguir”, enfatiza.

De acuerdo con el presidente Joe Biden, el programa entrará en vigor a finales del verano.

John De La Vega explica que, el próximo paso, sería que la resolución se ponga en un Registro Federal, la Gaceta, con instrucciones completas, y que determinará los formularios y pruebas adicionales que deben enviarse.

Por otra parte, el anuncio presidencial se hizo días después del duodécimo programa DACA. Este programa protege a sus beneficiarios, los "dreamers o soñadores", de la deportación.

Según la abogada Isadora Velázquez, la nueva resolución representa un añadido al programa de DACA, el cual busca darle la oportunidad a los “soñadores” de aplicar o de recibir una visa H-1B, una visa de empleo.

“La importancia de esto es poder cambiar el estatus de personas que tienen DACA a un estatus de personas con visa, ya que eso les podría abrir, tal vez, algunas puertas adicionales para conseguir residencia”, asevera.

En este sentido, John De La Vega cree que una opción adicional sería expandir el tipo de protección y tipo de aplicaciones para los “jóvenes DACA” en EEUU.

“Es algo de lo que se está hablando, la otra parte de la medida es que se pudiera agilizar y hacer más eficiente para que esos jóvenes, puedan aplicar, o sus empleadores puedan pedirlos, para distintos visados de empleo”, señala.

Recursos judiciales

La abogada María Herrera Mellado asevera que contra la nueva acción ejecutiva de Biden podrían imponerse recursos por inconstitucionalidad según se haga pública la orden.

Sin embargo, cree que “será difícil que prosperen por la discrecionalidad de la que goza el Gobierno en materia de inmigración para legislar”.

Por su parte, John De La Vega dice que estaría muy pendiente en los próximos días sobre estos recursos “porque creo que, especialmente, los estados republicanos pueden considerar una demanda a nivel federal argumentando que esto traerá una carga para poder ayudar a estos migrantes”.

Otro aspecto de la medida, indica, que se pone sobre el tapete es el carácter político por cuando los estados están demostrando que están peleando.

Crisis migratoria

Durante el mandato del presidente Biden, la migración ilegal a través de la frontera sur se convirtió en tema de interés nacional por razones de seguridad, manifestadas por expertos y autoridades del Buró Federal de Investigaciones.

La cifra de entradas irregulares registradas en las zonas fronterizas con México desde enero de 2021 se aproxima a los diez millones de personas. Hay ciudades cuyos refugios habilitados para recibir inmigrantes han colapsado.

Las medidas migratorias recientes anunciadas por la Casa Blanca se adoptan cuando restan apenas meses para la elección presidencial en la que Biden aspira a la reelección para un segundo mandato.

@snederr

FUENTE: Diario Las Américas / AFP

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