La decisión del Tribunal Supremo de España confirma que la amnistía no se extiende al delito de malversación que se le imputa a Puigdemont
El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, huido de la justicia española.
AP/Olivier Matthys, ArchivoMADRID.- El Tribunal Supremo de España emitió este lunes un fallo determinante al rechazar la solicitud de amnistía para el expresidente de Cataluña y figura central en el conflicto independentista de 2017, Carles Puigdemont. La decisión confirma que la amnistía no se extiende al delito de malversación que se le imputa a Puigdemont, manteniendo vigente la orden de arresto en su contra.
Esta resolución representa un golpe significativo para la Ley de Amnistía aprobada hace aproximadamente un mes, diseñada para beneficiar a líderes independentistas catalanes procesados o condenados por su participación en el intento de secesión. Aunque el Tribunal Supremo español reconoce que la amnistía es aplicable en casos de desobediencia, se argumentó que los actos específicos de Puigdemont involucran excepciones que excluyen la malversación, incluyendo el beneficio personal y el impacto en los intereses financieros de la Unión Europea.
Puigdemont, actualmente residenciado en Bélgica, enfrenta múltiples acusaciones que incluyen malversación de fondos públicos, desobediencia a la autoridad y cargos separados por presunto terrorismo relacionado con disturbios ocurridos en Cataluña en 2019. La decisión judicial subraya que, mientras la orden de detención por malversación se mantiene en vigor, la referente a desobediencia no aplica en su caso específico.
La Ley de Amnistía fue aprobada como parte de un complejo acuerdo político que facilitó la reelección del presidente Pedro Sánchez, gracias al apoyo de los partidos independentistas catalanes en el Parlamento. Sin embargo, la medida es objeto de críticas considerables por parte de la oposición de derecha y extrema derecha, quienes la consideran inconstitucional y ven en ella un precedente preocupante en términos de administración de justicia.
Se espera que el Tribunal Supremo español continúe evaluando los casos pendientes de más de 400 personas afectadas por esta legislación, lo que podría prolongar las tensiones políticas y legales relacionadas con el conflicto catalán.
FUENTE: Con información de AFP
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