MÚNICH.- Alemania cerrará este miércoles uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente cuando sea dictada la sentencia contra la única superviviente de la célula neonazi NSU, a la que se responsabiliza de la serie de violencia ultraderechista más sangrienta del país desde la Segunda Guerra Mundial.

Después de más de cinco años y de cerca de 440 vistas, el tribunal de Múnich que juzga el caso se pronunciará sobre el destino de la principal acusada, Beate Zschäpe, para quien la fiscalía antiterrorista germana pidió cadena perpetua al entender que estuvo implicada en el asesinato de ocho inmigrantes turcos, de uno griego y de una policía alemana entre los años 2000 y 2007.

"Por favor, no me juzguen por lo que hicieron otros y por algo que yo no quería ni hice", declaró Zschäpe la semana pasada en su alegato final, que ponía el broche a un uno de los procesos judiciales más complejos, largos y caros en la historia de Alemania.

La presunta terrorista también alegó en su defensa que jamás estuvo al tanto de los asesinatos cometidos por sus dos compañeros Uwe Mundlos y Uwe Böhnhardt, ya fallecidos, y dijo también no saber qué criterios siguieron éstos a la hora de elegir a sus víctimas.

Su desvinculación de los llamados "asesinatos del Bósforo" o "asesinatos del kebab", nombre con el que fue bautizada por la prensa esta trama ultraderechista que tenía en el punto de mira a ciudadanos de origen extranjero, genera sin embargo muchas dudas entre la opinión pública alemana que ha seguido con expectación el proceso.

Sobre Zschäpe recae la sospecha de integrar junto a Mundlos y Böhnhardt la célula Nationalsozialistischer Untergrund NSU/ Clandestinidad Nacionalsocialista), a la que se considera responsable, además, de perpetrar un ataque bomba en Colonia contra el negocio de una familia iraní.

Junto con ella rinden cuentas ante la Justicia Carsten S., Ralf W., André E. y Holger H, acusados de colaboración en esta ola de violencia ultraderechista.

En el juicio fueron llamados a declarar más cien testigos y se consultó a cerca de medio centenar de expertos para intentar arrojar luz sobre esta célula neonazi, que generó terror durante años en Alemania.

La Fiscalía también acusó a Zschäpe de consumar varios atracos graves y de prender fuego a la última vivienda que compartía con Mundlos y Böhnhardt una vez que ambos habían muerto. Según la versión oficial, los dos se suicidaron en 2011 cuando eran perseguidos por la Policía tras el asalto a un banco.

Además, la acusación considera probado que Zschäpe compartió la ideología fanática nacionalsocialista del trío y que contribuyó a sembrar el miedo entre los inmigrantes con asesinatos arbitrarios. El fiscal describió a la principal acusada como "una persona fríamente calculadora" para la cual la vida de los demás carecía de importancia.

Zschäpe ha negado toda participación en las muertes desde que comenzó el juicio y en todo momento responsabilizó a Mundlos y Böhnhardt de los hechos.

Tras la muerte de ambos, Zschäpe incendió el apartamento en el que vivían en la localidad de Zwickau, en el este del país, y se entregó a las autoridades. La Fiscalía sostuvo que lo hizo para destruir pruebas, poniendo en riesgo a los demás residentes del edificio.

A la petición de cadena perpetua para la presunta terrorista, que en Alemania se corresponde con una privación de la libertad por tiempo indeterminado, pero al menos durante 15 años, se suma la petición de la fiscalía de 12 años de cárcel para Ralf W., un ex funcionario del Partido Nacional Democrático, de ideología neonazi, acusado de haber conseguido una pistola Ceska con la que los terroristas dieron muerte a los nueve inmigrantes.

El ministerio público tambien solicitó tres años de prisión en un correccional juvenil para Carsten S. por haber ayudado a procurar una pistola.

Contra otro de los cinco acusados de complicidad en la trama ultraderechista, el alemán André E., la acusación pidió también 12 años de prisión por su presunta participación en el atentado explosivo a una tienda de alimentos en Colonia, mientras que para Holger G. solicitó cinco años de prisión por haber suministrado documentos falsos a los neonazis.

El caso, que comenzó a juzgarse en mayo de 2013, dejó al descubierto graves errores por parte de la Policía y los servicios de inteligencia germanos, que no tuvieron la mínima sospecha de una posible motivación racista y dirigieron las pesquisas hacia el entorno de las víctimas, indicando en un principio que eran ajustes de cuentas entre mafias extranjeras.

FUENTE: EFE

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