Los solicitantes de asilo venezolanos deberán presentar pruebas de amenazas, persecución pasada, vigilancia, tortura y detenciones, entre otros, que demuestren un peligro
Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
AFP
Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)
WASHINGTON — Un fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos (BIA por sus siglas en inglés) determinó que el riesgo de persecución en Venezuela disminuyó. Si bien la medida no implica de una vez la deportación, sí obliga a los solicitantes de asilo venezolanos a probar que su vida corre peligro con el régimen de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.
La BIA comenzó a incorporar la salida de Nicolás Maduro (capturado el 3 de enero por fuerzas élites de EEUU) como un elemento para tomar decisiones sobre la petición de protección de los ciudadanos del país suramericano.
Rodríguez ha sido reconocida como jefa del gobierno interino de Venezuela y el presidente Donald Trump más de una vez la ha señalado como una aliada de su administración.
El dictamen de la BIA se conoció tras la revocatoria del asilo concedido previamente a una venezolana que se identificó como opositora y entró a EEUU en 2014. El fallo fue emitido el pasado 4 de septiembre,
Un juez de inmigración le concedió el asilo en el entendido de que tenía motivos fundados de persecución si regresaba a Venezuela debido a su abierta oposición al régimen de Maduro. Pero la Junta de Apelación, que depende del Departamento de Justicia, ordenó devolver el expediente al tribunal inferior con el argumento de que la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses representa un cambio significativo en las condiciones del país que debe ser evaluado.
Se trata de una mujer que llegó a EEUU en el 2014 con una visa de estudiante. En el 2015, su esposo solicitó asilo en EEUU e incluyó a su esposa como beneficiaria.
“La pretensión de la solicitante se basa en su opinión política de oposición al gobierno de Maduro. La solicitante declaró que tanto ella como su esposo eran miembros de grupos políticos a favor de la democracia y participaban en actividades políticas de oposición en Venezuela y que, como consecuencia, fueron objeto de amenazas e intimidación por parte de personas que ella consideraba partidarias del régimen de Maduro, así como por parte de un funcionario gubernamental de la Universidad de Carabobo, según el fallo de la BIA.
La BIA agrega que: “Además, su esposo fue agredido. La solicitante declaró que, en octubre de 2015, tras haber llegado a Estados Unidos, las autoridades venezolanas anularon su pasaporte y que ella continuó expresando una firme oposición al régimen de Maduro y celebrando su salida del poder a través de las redes sociales”.
El juez de inmigración le concedió asilo y el gobierno apeló ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.
En el fallo, la Junta de Apelaciones estableció que la salida del poder de Nicolás Maduro en Venezuela, quien se encuentra detenido junto a su esposa en EEUU, constituye un cambio fundamental en las condiciones del país para los solicitantes de asilo.
Según el sitio web de la BIA, la Junta de Apelaciones dictaminó que la transferencia de la autoridad ejecutiva afecta la manera en que debe evaluarse el temor fundado de persecución futura, señalando que las personas que solicitan asilo específicamente debido al régimen de Maduro “podrían dejar de tener fundamentos válidos para argumentar un temor generalizado”.
No obstante, el fallo también ordena que los casos individuales sean devueltos a los jueces de inmigración para que evalúen adecuadamente si el solicitante aún enfrenta un riesgo particular e individual de persecución futura, a pesar del cambio de gobierno.
Ahora, los solicitantes de asilo venezolanos deberán presentar pruebas de amenazas, persecución pasada, vigilancia, tortura, detenciones, vínculos con grupos que permanezcan activos o cualquier otra circunstancia que demuestre un riesgo individualizado, tras la salida del poder de Nicolás Maduro.
Cabe destacar que esta decisión no establece que Venezuela ahora sea un país seguro o que los venezolanos deban perder sus casos de asilo. Sin embargo, obliga a los jueces de inmigración a incorporar el nuevo escenario político al analizar las circunstancias particulares de cada solicitante.
De acuerdo con datos publicados por El País de España, los tribunales de inmigración de EEUU contabilizaron 2.310.698 solicitudes de asilo según la data de Asylum Tracker, de las cuales hasta julio 145.989 eran casos de venezolanos revisados y el porcentaje de aprobación era del 9,8%.
FUENTE: Con información de Efecto Cocuyo/El Nacional/Telemundo
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