MADRID.- La Justicia española amplió este miércoles su ofensiva contra los impulsores del referéndum catalán del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, al convocar a los alcaldes dispuestos a colaborar con la consulta, con la amenaza de que podrían llegar a ser detenidos.
El fiscal general español, José Manuel Maza, pidió a los fiscales de la región de Cataluña que citen como imputados a los alcaldes favorables a ceder locales para el anunciado referéndum independentista.
En el caso de que no acudan a la citación la Fiscalía ordena la detención de esos alcaldes, que podrían superar los setecientos en los cerca del millar de municipios con los que cuenta la región de Cataluña, de 7.5 millones de habitantes.
La orden de la Fiscalía incluye la lista de los 712 ayuntamientos que, según la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia, han firmado decretos para poner a disposición del Gobierno catalán los locales necesarios para llevar a cabo la consulta de octubre.
El presidente catalán, Carlos Puigdemont, había dirigido previamente una carta a los alcaldes para que colaboren a través de la cesión de locales públicos en los que celebrar la votación.
De este modo, la Justicia española estrecha el cerco contra los promotores y organizadores de esa anunciada consulta, después de haber emprendido otras acciones.
En concreto, el Constitucional ha suspendido la ley que permitiría el referéndum y la que pondría las bases de la hipotética república catalana, aprobadas la semana pasada por el Parlamento regional.
Asimismo, la fiscalía se ha querellado contra los integrantes del Ejecutivo catalán y la presidenta de su Parlamento por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, vinculados a la convocatoria de la consulta ilegalizada.
Ayer la Fiscalía ordenó a las Fuerzas de Seguridad que actúen ante cualquier acto ejecutado por autoridades, funcionarios o "particulares en connivencia con aquellos" dirigidos a preparar y celebrar del "referéndum de autodeterminación ilegal" y que se incauten de material destinado a esa consulta, como urnas o papeletas.
La medida anunciada este miércoles por José Manuel Maza amplía esas acciones judiciales contra el referéndum y sus promotores, aunque la treintena de alcaldes de la formación CUP ya ha anunciado que no acudirán a la cita con la Fiscalía.
En el plano político, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy reiteró que no dialogará con los secesionistas sobre algo "manifiestamente ilegal", como es el referéndum, y pidió a los ciudadanos catalanes que sean citados para una mesa electoral el 1 de octubre que no acudan a esa convocatoria.
En el contencioso institucional se escuchó la voz del rey Felipe VI quien, durante la entrega de los Premios Nacionales de Cultura, pronunció unas palabras que se pueden vincular a este caso.
La Constitución "prevalecerá sobre cualquier quiebra", dijo el monarca en su primera intervención pública desde que el Parlamento de Cataluña aprobó la ley del referéndum con el fin de amparar la votación de octubre.
"Los derechos que pertenecen a todos los españoles serán preservados" frente a "quienes se sitúan fuera de la legalidad constitucional y estatutaria", añadió Felipe VI, a quien la ley atribuye un papel moderador, no ejecutivo.
Felipe de Borbón subrayó en su discurso que, ante los que están al margen de la legalidad "y fracturan la sociedad, estoy seguro de que los derechos que pertenecen a todos los españoles serán preservados y de que las libertades de todos los ciudadanos serán garantizadas y protegidas".
FUENTE: EFE
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