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Para muchos, lo peor, no son las protestas o el procés, ni siquiera la independencia. Lo peor es que el clásico Barça-Madrid ha tenido que ser aplazado hasta el próximo 18 de diciembre.

Ambos clubes acordaron, por razones de seguridad, que el partido, cuya celebración oficial estaba programada para el próximo 26 de octubre, cambiara de fecha tras los últimos sucesos que sacuden la ciudad de Barcelona.

Fútbol aparte, han sido días de mucha tensión y graves disturbios en Cataluña.

La calle estalló, porque doce políticos y activistas catalanes fueron condenados el lunes de esta semana por cargos de sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia, con los cuales habían sido acusados por su participación en un intento fallido e ilegal de independizar a esta comunidad autónoma de España en 2017.

El juicio en contexto

El juicio a estos líderes, que permanecieron en la península después del referendo efectuado por el gobierno catalán el 1ro de octubre de 2017, se armó sobre la base, justamente, de esta decisión que fue declarada anticonstitucional por orden del máximo tribunal del país.

Aunque quienes permanecieron apegados a la idea de que Cataluña se mantuviera dentro de España no salieron a votar en aquel momento, el resto que lo hizo provocó que ganara el sí. El 27 de octubre el parlament catalán declaró la independencia y con ello se desató una de las peores crisis políticas de las últimas décadas en España.

El gobierno de Madrid lanzó entonces sus fuerzas públicas, que colisionaron con los votantes, y los ánimos se caldearon.

El juicio contó con la presencia de más de 500 testigos, incluido el presidente Mariano Rajoy, y fue televisado a nivel nacional en 50 sesiones. La fiscalía se apoyó en el argumento de que los líderes independentistas contravinieron la Constitución y amenazaron la integridad territorial del país.

Para los nueve acusados de rebelión en diferente grado, inicialmente la fiscalía solicitó en total 156 años de cárcel, sin incluir otros 21 a los tres consejeros que se les imputaban delitos de malversación. La defensa alegó que los acusados solo cumplieron con la voluntad de los independentistas que, de acuerdo con sondeos, suponen cerca de la mitad de los 7,5 millones de habitantes de Cataluña.

La sentencia final del Tribunal Supremo consideró imponer penas de entre 9 y 13 años de cárcel a los acusados. El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junquera, recibió la condena más alta, con 13 años por el delito de sedición, mientras que los tres que se encontraban en libertad fueron castigados con inhabilitación y multas, al tiempo que los otros ocho restantes recibieron penas entre 9 y 12 años por diferentes causas.

El impacto político

En opinión de expertos, los líderes del juicio del procés han devenido en símbolos importantes para los partidarios de la independencia, pese a lo controversial que ha resultado el dilema de entre los que quieren reconocerlos como “presos políticos”, y los que pretenden calificarlos de “políticos presos”.

De acuerdo con un reporte de la agencia AP, los independentistas más acérrimos, como el actual presidente autonómico, Quim Torra, han dicho que el descontento social que quieren avivar tras el fallo del tribunal podría crear una segunda oportunidad de independizarse de España.

Por otra parte, los separatistas más moderados lo ven improbable y prefieren una vía más pragmática, como convocar elecciones autonómicas anticipadas para canalizar el malestar entre los independentistas y conseguir más votos para sus partidos en la cámara regional.

Según se informó, el veredicto se conoce, además, antes de las segundas elecciones generales en España este año. Los españoles volverán a las urnas el 10 de noviembre y la cuestión catalana será uno de los temas claves de la campaña.

Se cree que dada la fragmentación en el Congreso, es muy posible que los independentistas catalanes tengan la llave para formar el próximo gobierno en España.

El Gobierno y las protestas

Pedro Sánchez, a quien se le ha atribuido encabezar una actitud de línea dura contra el independentismo tras la sentencia del procés, ha descartado ofrecer indultos a los independentistas y ha asegurado que el Gobierno garantizará "los derechos de todos en Cataluña desde la firmeza, la moderación y la unidad".

El presidente en funciones, que ya había deslizado que aplicaría la Ley de Seguridad Nacional o el 155, de ser necesario por las "transgresiones" en Cataluña tras conocerse el fallo, también aseguró que el Gobierno central actuará para mantener el orden frente a "grupos violentos perfectamente organizados".

Sin embargo, las protestas, que reventaron pocas horas después de conocerse la sentencia el pasado lunes, lanzaron a las calles de Barcelona a miles de personas quienes cortaron avenidas y marcharon al aeropuerto.

Durante el resto de la semana, los disturbios escalaron progresivamente y hasta el viernes, en que huelgas y marchas masivas ya habían paralizado Cataluña y su capital, se habían cancelado 57 vuelos en varios de los principales aeropuertos de la región, aunque analistas calculan que para apuntalar las protestas y reivindicaciones se necesita un “paro de país” con un único objetivo: colapsar Barcelona.

Mientras tanto, Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat quien fue dejado en libertad sin fianza tras casi dos años de su huida a Bélgica, ha insistido en que condena la violencia, pero sin hacer autocrítica expresa sobre la que proviene de independentistas radicales.

Por su parte, Miquel Buch, ministro de seguridad catalán, dijo que la violencia reciente no es representativa del movimiento separatista amplio y pacífico. “Las imágenes que estamos viendo en Barcelona y en otras ciudades catalanas no se corresponden con las movilizaciones que se vienen haciendo en estos últimos años: cívicas y pacíficas”, aseguró.

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