Legislador solicita al Departamento de Justicia investigar a comisionada y excomisionada de la OCIF

Zequeira es excomisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y Rodríguez es la actual comisionada de la agencia.

El referido enviado al Departamento de Justicia surge tras la obtención de una declaración jurada y evidencia electrónica que, según Torres García, “revela un patrón alarmante en el que el poder regulador del Estado pudo haber sido utilizado para castigar a una empresa privada por asuntos personales”.

De acuerdo con la información aportada, “uno de los elementos más alarmantes del referido es un intercambio de mensajes atribuidos a la entonces Comisionada, Natalia Zequeira, en el que una allegada, le solicita que al momento de imponer una multa añada un ‘cargo insultante’ y un ‘cobro abusivo’ contra el empresario y gerente general de Allied Fleet Services Inc. y AAA Car Rental, Sebastián Carazo Forastieri”.

Según se desprende de la declaración jurada, “el ‘cargo insultante’, surge de una comunicación vía mensaje de texto enviada a Zequeira por su amiga íntima, Natalia Castiel”.

Se añade que: “la señora Castiel, quien acababa de terminar una relación sentimental con el gerente de la empresa afectada, le sugirió a la entonces Comisionada que, al momento de ejercer su poder regulador y multar a la entidad, inventara e impusiera este cargo arbitrario junto con otros epítetos insultantes”.

Y además, “lo que comenzó como un comentario de desprecio entre amigas, presuntamente se materializó en una persecución institucional que resultó en multas reales de miles de dólares".

De acuerdo con el documento sometido a Justicia, la conversación incluye expresiones no cónsonas con el lenguaje de un funcionario público.

“Estas expresiones son profundamente perturbadoras y totalmente incompatibles con el ejercicio imparcial del servicio público. Más grave aún cuando provienen de una funcionaria con amplios poderes regulatorios y sancionadores sobre empresas privadas en Puerto Rico”, expresó Torres García, en declaraciones escritas enviadas al medio Puerto Rico Onlines News.

El legislador del PPD sostuvo que luego de esos mensajes, la OCIF comenzó una serie de actuaciones contra Allied Fleet Services y AAA Car Rental que incluyeron multas de decenas y cientos de miles de dólares, así como denegatorias de licencias.

Además, bajo la administración de la actual comisionada, Rodríguez Villa, quien fungía como subcomisionada bajo Zequeira, continuó el patrón de hostigamiento regulatorio contra la empresa.

“El país tiene que preguntarse si en Puerto Rico se estaban imponiendo multas regulatorias basadas en evidencia y Ley… o basadas en corajes personales, amistades y venganzas privadas. El llamado ‘cargo insultante’ simboliza exactamente el tipo de degradación institucional que no podemos permitir”, añadió el también Representante del Distrito 25 (Ponce, Juana Díaz y Jayuya).

En el referido se le solicita al Departamento de Justicia una investigación independiente y exhaustiva sobre las actuaciones denunciadas, “que incluya la preservación inmediata de toda evidencia electrónica relevante, la evaluación de posibles violaciones éticas y criminales, la determinación de conflictos de interés dentro de la OCIF y un posible referido al Tribunal Supremo de Puerto Rico por conducta incompatible con la profesión legal”.

Torres afirmó que, de confirmarse los hechos, el caso representaría “uno de los ejemplos más peligrosos de utilización del poder gubernamental como herramienta de represalia personal”.

El legislador advirtió que: “Las agencias reguladoras existen para proteger al pueblo, no para ejecutar vendettas personales desde el Gobierno. Nadie puede convertir el poder del Estado en un arma privada”.

FUENTE: Con información de Puerto Rico Online News