MANAGUA. - El régimen de Nicaragua condenó que el gobierno de Panamá no autorizara el salvoconducto que permitiría la salida del expresidente Ricardo Martinelli.
De acuerdo con una comunicación enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen de Daniel Ortega a Panamá, "el no reconocimiento del asilo y la negación del salvoconducto constituyen una violación a las Convenciones sobre Asilo, en particular al Artículo 2, Disposición Tercera, de la Convención sobre Asilo de 1928, que establece claramente que el Gobierno del Estado que otorga el asilo puede exigir que el asilado sea expulsado del territorio nacional en el plazo más breve posible”.
Martinelli, quien fue presidente de Panamá desde 2009 hasta 2014, se asiló en la embajada de Nicaragua tras ser condenado por blanqueo de fondos públicos para adquirir acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), en diciembre de 2010, en el caso New Business.
En julio de 2023, el expresidente fue condenado a 128 meses de prisión y una multa de $19.2 millones. La sentencia luego fue ratificada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.
Nicaragua también dijo a Panamá que "el asilo político debe ser respetado como un derecho humanitario, de acuerdo al derecho internacional y las leyes del país que otorga el asilo”.
Según el régimen de Ortega, a Martinelli le fue concedido el asilo por razones políticas y por considerar que existe un riesgo inminente para su vida, integridad física y seguridad.
Los argumentos de Panamá
El gobierno de Panamá convocó a la embajadora de Nicaragua, Consuelo Sandoval Meza, para entregarle la nota en la que se le comunica la decisión sobre Martinelli. Además, le recordó “la obligación de garantizar que la sede de la Misión Diplomática a su cargo preserve las funciones que está llamada a cumplir”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá argumentó que "la solicitud de salvoconducto para la salida del territorio de la República de Panamá del señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal ha sido denegada en base a lo que dispone el Artículo 1 de la Convención sobre Asilo de 1928 y de la Convención sobre Asilo Político de 1933″.
Panamá advirtió también que cualquier acción del expresidente desde la embajada nicaragüense que incida sobre la política interna del país “será considerada una injerencia en los asuntos internos y generará consecuencias diplomáticas”.
FUENTE: La Prensa de Panamá / Infobae
