A un año de haber entrado en vigor la ley que la autoriza, unas 180 eutanasias han sido practicadas en España, uno de los pocos países del mundo que permiten a un paciente aquejado de una enfermedad incurable morir para poner fin a su sufrimiento.

"A día de hoy, en España se han realizado en torno a 180 eutanasias" desde que entró en vigor la ley el 25 de junio de 2021, "180 personas a las que hemos ayudado a morir de manera digna", declaró este viernes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en conferencia de prensa.

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España es el cuarto país del mundo que despenalizó la eutanasia, después de Holanda, Bélgica y Luxemburgo.

La ministra se felicitó de esta "nueva prestación sanitaria en el sistema nacional de salud (...) que permite acceder con más garantía a algunos de los bienes más valiosos de la condición humana: la dignidad, la libertad y la autonomía de la voluntad", y que hace de España una "sociedad más decente".

Darias dijo que las eutanasias practicadas habían permitido realizar 68 trasplantes de órganos gracias a 22 donantes.

España es líder mundial en donación de órganos, título que ostenta desde hace más de 30 años.

El gobierno de izquierda había priorizado la adopción de la ley de eutanasia, que permite tanto la eutanasia -cuando el equipo médico provoca el fallecimiento del paciente- como el suicidio médicamente asistido, es decir cuando el paciente toma la dosis del producto prescrito para darse la muerte.

El texto prevé que toda persona aquejada de una enfermedad "grave e incurable", o que sufra dolores crónicos incapacitantes, pueda pedir ayuda médica para morir y evitarse "un sufrimiento intolerable".

Las condiciones son no obstante estrictas: la persona que lo pida debe ser capaz y "consciente" en el momento de hacer la demanda, que debe formularse por escrito y "sin presión externa", y renovarse quince días más tarde.

El médico podrá rechazar la solicitud, si estima que no se cumplen los criterios, o hacer valer su objeción de conciencia.

La solicitud deberá ser aprobada por otro médico y recibir el visto bueno de una comisión de evaluación.

Esta ley generó posiciones divergentes en España, y suscitó la oposición de la Iglesia católica y los partidos conservadores.

FUENTE: AFP

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