jueves 13  de  junio 2024
ATAQUE TERRORISTA EN LA FRANJA DE GAZA

Solicitud de arrestos para Israel y Hamás, dudosa decisión de la justicia internacional

La petición del fiscal de la CPI contra autoridades de Israel y del terrorista Hamás, por igual, por la guerra en franja de Gaza, dispara críticas y suspicacias

Por Olgalinda Pimentel

MIAMI.- La solicitud de arresto contra autoridades de Israel en igualdad de condiciones que contra jefes del grupo terrorista Hamás, anunciadas por el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan a la instancia de La Haya, ha puesto en la mirilla a la justicia internacional.

La petición tiene lugar en el contexto de una investigación sobre crímenes de guerra cometidos en la confrontación bélica que desde octubre de 2023 no ha cesado en la Franja de Gaza, después de los ataques terroristas de que fue objeto la población israelí por parte de Hamás, en la zona sur de la nación hebrea, el 7 de octubre de ese año.

La decisión de Khan, dada a conocer a través del portal de la CPI el 20 de mayo, es cuestionada por gobiernos del mundo por “igualar” en los cruentos hechos ocurridos desde entonces, las acciones defensivas ordenadas por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, con tres de los jefes de Hamás: Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif), Ismail Haniyeh.

Yahya Sinwar es el actual líder de la organización islamista y extremista palestina Hamás en la Franja de Gaza, desde 2017, y el segundo, apodado El Deif (el Invitado), es conocido como fabricante de bombas y responsable de atentados suicidas en Tel Aviv, en 1996.

Netanyahu, quien considera la decisión fiscal “una indignación moral de proporciones históricas”, llamó a las “naciones del mundo civilizado” a negarse a practicar cualquier orden de arresto de un tribunal penal internacional emitida contra sus líderes.

El sábado 7 de octubre, al amanecer, comandos de Hamás atacaron por sorpresa a asentamientos de familias en el sur de Israel, en la franja de Gaza, así como un festival de música lleno de jóvenes, y mataron a más de 1.200 personas, en su mayoría civiles. Además, secuestraron a otras, más de 250, de las cuales 124 permanecen como rehenes y 37 murieron, según reportes del Ejército.

Desde entonces, más de 35.000 palestinos han muerto en Gaza, en la ofensiva de Israel en represalia al ataque sangriento, según datos no confirmados por ningún organismo independiente, de acuerdo con agencias de noticias que reportan las estadísticas informadas por las autoridades de la Franja de Gaza en control de Hamás.

Pero, además, las solicitudes de arresto de Khan han suscitado recelo por la celeridad en su decisión sobre Israel-Gaza, a siete meses de los hechos, mientras otras investigaciones por crímenes de lesa humanidad, como el caso de Venezuela tras siete años de proceso, siguen pendientes de decisión.

Decisión Israel-Hamas, sin contexto

“Aquí hay mucho que distinguir entre lo que el fiscal de la CPI quiere ver y lo que no quiere ver, en su investigación no toma en cuenta el contexto”, afirma Joseph Hage, analista político, especialista en Medio Oriente y antiterrorismo, al comentar la decisión de Khan.

El fiscal de la CPI decidió que en el conflicto los altos funcionarios israelíes “tienen responsabilidad penal” en seis delitos de lesa humanidad: “hacer morir de hambre a civiles como método de guerra”, causar daños graves o trato cruel, homicidio intencional o asesinato, atacar intencionalmente a una población civil, exterminio y persecución, “entre otros actos inhumanos en el territorio del Estado de Palestina (en la franja de Gaza), contemplados en el Estatuto Roma.

Mientras, a los miembros de Hamás los responsabiliza de siete delitos: exterminio como crimen de lesa humanidad, asesinato, tomar rehenes, violación y otros actos de violencia sexual, tortura como crimen de lesa humanidad y crimen de guerra, trato cruel, ultraje a la dignidad personal y otros actos inhumanos.

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Para Hage, el contexto es que Israel está buscando a los terroristas que atacaron a sus asentamientos israelíes y brutalizaron a la población civil, y también liberar a los rehenes secuestrados. No es difícil entender que esto [el ataque de Hamás] fue premeditado, según dice. “La resistencia ataca a objetivos militares, pero los terroristas atacan a civiles, violan a las mujeres”.

“El objetivo de Israel es el mismo y no ha cambiado: recuperar a sus rehenes vivos o muertos y desmantelar el aparato militar de Hamás, y eso no tiene retroceso, porque si Israel pierde la guerra, sería el objetivo de todo ataque terrorista para siempre”.

En su análisis, Hage señala que en el caso de Hamas “la prioridad es la sobrevivencia del liderazgo en la franja de Gaza; usan refugios de la población civil, y están dispuestos a hacer lo que sea y más”.

A pesar de que el fiscal Khan, en su decisión, señala que los tres jefes de Hamás “planearon e instigaron la comisión de crímenes el 7 de octubre de 2023”, y que lo pudo constatar luego de visitar un par de Kibutz, el sitio del Festival de Música Supernova en Re'im, y hablar con sobrevivientes, Hage cree que debió investigar más, incluso, la situación de hambre atribuida a Netanyahu como crimen de guerra.

“Todos los suministros de comida que entran a la Franja de Gaza los confisca Hamás y los almacena en sus depósitos, aunque hay limitaciones para el abastecimiento. No todo lo que dice, recoge la realidad, y hasta los reporteros lo ven”, afirma.

Ante la solicitud fiscal, Hage afirma que la reacción es “de indignación por parte de Israel y de honor y victoria histórica por parte de Hamás”, pero la situación deja claro que “Israel ha perdido la guerra de las relaciones públicas y la información”. “El bando de Hamás es aliado de toda la izquierda mundial y la mayoría de la prensa internacional”.

Aunque el analista político comparte el alegato fiscal de que el derecho de los estados a defender a su población no los exime de la obligación de cumplir el derecho internacional humanitario, plantea interrogantes similares a los que otros expertos se hacen.

“Por qué este fiscal es tan selectivo al pedir el encausamiento; dónde está la pesquisa de un genocidio como el que propició el presidente de Siria, Bashar Háfez al-Ássad, con los palestinos en el campamento Al Yamurk , debido a que estos rechazaron participar a su lado en la guerra civil, los encerró en el campamento y hubo miles de muertos; dónde está la investigación del fiscal de la CPI y por qué no emite orden de arresto contra Bashar Al Ássad que ha cometido más crímenes en Siria que todos los que murieron en Medio Oriente en los últimos 50 años?”, se pregunta.

Por qué la celeridad sobre Gaza

Otros analistas políticos muestran dudas, como Hage, sobre la celeridad con la que el fiscal de la CPI recabó evidencias para el pedido de encausamiento en tan breve tiempo, y citan otros casos de más antigüedad, como el caso Venezuela, que avanzan más lentos.

Expertos en justicia internacional aseguran que la diferencia entre los casos está en la inmediación, esto es, obtener información directa de los hechos y a través de varias fuentes.

“El fiscal pudo visitar zonas de Israel y Palestina en diciembre de 2023, tuvo constatación directa de los hechos y debió haber dejado allí a su personal, lo que le permitió ver las cosas más de cerca y recabar lo que luego consideró pistas necesarias para solicitar las comparecencias”, señalan.

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El caso es distinto al de Venezuela, cuya investigación comenzó formalmente en 2018 que marca el calendario. “Lo que ha ocurrido son maniobras dilatorias por parte del Estado [régimen venezolano]”, dicen los abogados.

Una de las maniobras ocurrió en 2023 cuando la representación oficialista del Estado venezolano prometió enviar seis anexos necesarios, “y terminó enviando un anexo por mes, es decir, retrasó el caso seis meses”. Además, hubo apelaciones declaradas inlimine, es decir, fuera del procedimiento, innecesarias, aunque legales.

“Por eso hay una diferencia notable en los casos, no atribuibles al fiscal ni al procedimiento”.

A esto se agrega que el Estado venezolano no colabora, a diferencia de Israel, para que se realice con celeridad la investigación.

“El Estado venezolano no solamente se apega a constantes maniobras o tácticas dilatorias, sino que tampoco colabora. Para que la fiscalía pueda hacer recorridos, el Estado tiene que admitirlos y eso no ha pasado en Venezuela. Si no hay colaboración de los Estados, se retrasan los casos”, explica el experto consultado.

La Corte Penal Internacional no tiene límite de tiempo para ordenar los arrestos solicitados por el fiscal Karim Khan.

[email protected]

FUENTE: Entrevista al analista político Joseph Hage, abogados, CPI, agencias

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