Con un poco de dinero se pueden arreglar viviendas; con una resolución fiscal y un marco jurídico que ofrezca confianza real al inversor, se estimula el crecimiento de la economía nacional; con una campaña efectiva encaminada a conseguir concientización social, se soluciona el problema de la degradación moral; y con que nuestros decadentes políticos quieran ceder un adarme de su voluntad política, se restituirían buenamente las libertades civiles que los cubanos demandamos. Lo que no tiene solución, no al menos a corto plazo, es el paupérrimo estado del fondo nacional de pensiones que es incapaz de garantizar a los ciudadanos cubanos una vejez con dignidad.
En el año 2005 el Gobierno cubano intentó enfrentar el problema, o mejor dicho, trató de sacudirlo, cuando inició la llamada “actualización del modelo socialista” eliminando puestos de trabajo estatales y despidiendo a funcionarios que sin vocación, no tuvieron más opción que refugiarse en un naciente sector privado sin cobertura en el sistema de pensiones.
Así vimos la transformación de médicos y militares que, entrando en una línea de abandono, se hicieron campesinos; y abogados e ingenieros que dejaron sus profesiones para fungir como taxistas o vendedores de fritas.
Es cierto, a modo de compensación, la dirección del país ordenó aumentar la mensualidad a todos los jubilados promulgando leyes al respecto; pero la continua desvalorización del peso cubano hizo menguar el valor real del monto del dinero que recibe un pensionado; de manera que hoy, reciben más, pero ganan menos.
Sin querer buscar culpables sino más bien llamar la atención para encontrar soluciones, no es difícil entender que políticas irresponsables provocaron que nuestra isla cuente hoy con una de las poblaciones más envejecidas del planeta. Las razones son harto conocidas, la emigración aumentó al tiempo, en paralelo, que decreció la tasa de natalidad y el crecimiento poblacional.
Para todos los ancianos, retirarse es un anhelo; salvo para el mandatario cubano que, según la ley vigente de Seguridad Social, supera en más de 20 años el límite de "caducidad", lo requerido para retirarse y recibir una pensión.
Pero para el ciudadano común, resulta vergonzoso saber que el país agotó la sustentabilidad financiera del sistema de pensiones, y que estiró tanto el déficit fiscal que hoy es insuficiente para sufragar el período de retiro.
En las circunstancias actuales, para que el Estado cubano pueda ofrecer cierto estatus a la población laboral próxima a la jubilación, el gobierno tendría que aumentar la cotización que pagan los trabajadores isleños y, a la vez, aumentar el tiempo de retiro hasta la ridícula y extravagante edad de 200 años. Para tener una idea, un joven sano y saludable, nacido en 1997 y residente, con derechos en la isla, tendría que trabajar algo más que su vida entera para poder cobrar pensión. Por supuesto, el tema de los discapacitados es parte de esa otra historia que por diferente no deja de ser peor.
