Las Farc, en cabeza de Julián Gallo, dicen haber asesinado a Álvaro Gómez. Muchos hemos recibido la noticia como un intento de sepultar la difícil investigación que se viene adelantando ante la justicia ordinaria. Llevar la investigación a la JEP es la manera de que no se investigue y de que los victimarios no paguen cárcel.

Recordemos que al momento del magnicidio, el país nacional en pie exigía la renuncia del presidente Samper, a cuya campaña, se había comprobado, habían entrado los dineros del Cartel de Cali. Gómez se erigía como la principal figura de la oposición al régimen. Su asesinato acalló a quienes buscaban liberar la democracia de la influencia de los narcotraficantes.

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Si las Farc tuvieron que ver en este asesinato, eso no excluye lo que las pruebas recaudadas mostraban: los seguimientos que el DAS le hacía a Gómez y evidencias que vinculan al cartel de Cali en ese asesinato. Por lo tanto, la confesión de las Farc está lejos de ser completa. La teoría de que las Farc mataron a Álvaro Gómez por viejas rencillas liberal-conservadoras, superadas desde el Frente Nacional, treinta años después, es poco creíble. Pero decirnos que asesinaron a Álvaro Gómez, el ícono de la oposición, en medio de la crisis de legitimidad institucional más grande de la historia reciente de Colombia, porque “profundizaban las contradicciones en los partidos”, como supuestamente lo dice el libro de Marulanda, es un irrespeto.

Eran claros los vínculos del gobierno con los financiadores del Cartel de Cali. ¿Cuáles eran los vínculos del gobierno Samper con las Farc? ¿Cuáles eran los vínculos de las Farc con el Cartel de Cali?

Ahora , lo que más me sorprende es que a los defensores del acuerdo, que además creen en esta confesión, no les impresione que el asesino de un líder democrático hoy esté de congresista. El resultado de la impunidad otorgada es evidente y vil. Senadores de votos y senadores de muertos. El cinismo de algunos congresistas llega al extremo de llamar valientes a quienes empuñaron las armas contra los colombianos, y dicen sentirse aliviados con la verdad. No les inquieta que el asesino esté sentado junto a ellos.

Asombra también que unos políticos, supuestos conocedores de esta “verdad”, la hayan ocultado. ¿Lo hicieron estratégicamente para facilitar la firma del Acuerdo? ¿Temían que si Colombia sabía que las Farc habían matado a Álvaro Gómez, rechazaría la negociación con las Farc? ¿Ocultaron ese magnicidio para facilitar la impunidad? ¿Si hubiera sido de otra filiación política el muerto, habrían hecho lo mismo?

En este escenario, el de los defensores del Acuerdo, es más digna la interpretación jurídica del exfiscal Néstor Humberto Martínez. Los guerrilleros se someten a la JEP y ahí obtienen los beneficios que pactaron. Pero, si se hacen congresistas, asumen las normas que les corresponden a los congresistas. Es lo lógico. A un congresista lo juzga la Corte Suprema de Justicia con el código penal. Si el guerrillero quiere obtener los beneficios de la JEP tiene que renunciar.

Esto es, las Farc solo podrían mantener las curules en cabeza de guerrilleros o militantes que no sean responsables de delitos de lesa humanidad. Colombia no puede admitir que el criminal confeso de un crimen de lesa humanidad, sin juzgamiento, sin sanción, siga de congresista. Es lo mínimo.

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