Esta semana, la Cámara de Representantes aprobó la ley Nicaraguan Investment Conditionality Act, también conocida como la Ley Nica, que presenté junto a mi amigo y colega Albio Sires, de Nueva Jersey. Este proyecto de ley tiene como objetivo impulsar la influencia de Estados Unidos y condicionar nuestro voto, en cualquiera de las instituciones financieras internacionales, respecto a Nicaragua, hasta que el Gobierno en el país centroamericano tome medidas significativas para restaurar el orden democrático. Estas condiciones buscan promover la democracia, así como un sistema judicial independiente y un consejo electoral, fortalecer el estado de derecho, combatir la corrupción, incluyendo la investigación y enjuiciamiento de funcionarios gubernamentales sospechosos de corrupción y proteger el derecho de los partidos políticos de oposición, periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil para que operen sin obstrucciones.
Estas condiciones son similares a las que hemos aprobado en el Congreso para Honduras, Guatemala y El Salvador. Este proyecto de ley está destinado a apoyar al pueblo de Nicaragua y existen disposiciones para asegurar que la asistencia humanitaria continúe siendo proporcionada para el pueblo nicaragüense. Algunas de esas necesidades, como elecciones libres y transparentes, no se están cumpliendo. Han surgido informes de que el consejo electoral nicaragüense está regalando tarjetas de identidad para que los menores puedan votar. Además, nicaragüenses que no aparecen registrados en las listas electorales también podrán votar. Esto significa que no habrá manera de determinar si el individuo votó más de una vez, y eso es exactamente lo que quiere el régimen de Ortega para poder manipular los resultados de las elecciones.
También estamos viendo a los líderes de la sociedad civil nicaragüense expresar públicamente su preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país y como han sido blanco de persecución como resultado de hablar en contra del Gobierno. Las comunidades indígenas también han expresado su preocupación por la toma de tierras por parte del Gobierno y la violencia está estallando a medida que los militares nicaragüenses están siendo enviados para detener estas protestas pacíficas.
También es preocupante que Rusia haya establecido operaciones en Managua, representando una amenaza a la seguridad nacional de nuestro país y de Nicaragua. De acuerdo con testimonios del Congreso, la PDVSA de Venezuela también está utilizando a su filial en Nicaragua, ALBANISA, para lavado de dinero. Si Maduro está usando a Nicaragua para eludir las sanciones de Estados Unidos, necesitamos examinar más de cerca estos lazos.
Este proyecto de ley responsabilizará al Gobierno nicaragüense, como lo hemos hecho con otros países de Centroamérica, para que nuestra nación pueda realmente ayudar estos pueblos. Estas condiciones incentivarán a estos países a rectificar errores y hacer reformas institucionales para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Espero que el Senado estadounidense sancione esta ley para que podamos enviar un mensaje claro a Ortega que sus continuos abusos contra los derechos humanos no serán tolerados por Estados Unidos.
