Estados Unidos y Catar enviaron una carta conjunta a la Unión Europea advirtiendo que las nuevas normas climáticas del bloque afectarán el comercio, la inversión y la seguridad energética.
El conflicto gira en torno a la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), una ley europea que permitirá sancionar a empresas, tanto locales como extranjeras, cuando generen daños ambientales o violaciones de derechos humanos en su cadena de suministro.
Washington y Doha sostienen que esta regulación amenaza sus exportaciones de gas natural licuado (GNL), un recurso clave para Europa desde que cortó la dependencia energética con Rusia. La advertencia tiene tono de ultimátum: si Bruselas no suaviza las normas, habrá consecuencias en el flujo de energía y en las inversiones bilaterales. En el caso estadounidense, el mensaje encaja con el estilo de la administración Trump, que combina presión comercial con rechazo a los compromisos ambientales.
En el caso de Catar, el cambio es más significativo. Históricamente, el emirato se movió con prudencia diplomática, utilizando su riqueza energética y su papel de mediador regional para proyectar influencia sin confrontación directa. Sin embargo, esta vez adoptó un tono amenazante y se alineó con Washington en defensa de los combustibles fósiles.
Lo hace porque percibe a una Europa debilitada, dividida y fácilmente influenciable. Doha observa que la Unión Europea cedió ante la presión de grupos vinculados a Hamas y de gobiernos árabes al reconocer a un Estado palestino inexistente, lo que interpretó como una señal de rendición simbólica. Sabe también que hospeda en su territorio, de manera impune, a la dirigencia de Hamas, cuya presencia nunca generó sanciones ni rupturas diplomáticas reales con Occidente.
Ese antecedente refuerza la convicción de que puede desafiar a Bruselas sin sufrir consecuencias. Catar ya lo comprobó durante el Mundial 2022, cuando las denuncias por violaciones a los derechos laborales y humanos fueron absorbidas por el éxito comercial y mediático del evento.
Ahora, traslada esa misma lógica al terreno energético: utiliza el gas como herramienta de poder. El trasfondo del caso es más estructural que coyuntural. Europa intenta liderar la transición verde sin resolver su dependencia de los proveedores autocráticos de energía. Esa contradicción la deja expuesta a este tipo de presiones.
Si la UE cede y modifica la directiva, demostrará que su política ambiental es negociable cuando afecta intereses poderosos. Si se mantiene firme, arriesgará el suministro que sostiene su industria y su estabilidad social. En ambos escenarios, Catar ya logró su objetivo: consolidarse como un actor capaz de condicionar a Europa tanto en el terreno político como en el energético, amparado en una impunidad que ningún otro país del Golfo disfruta con tanta claridad.
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