Revocan licencia de Chevron en Venezuela, reavivando tensiones entre EEUU, el régimen de Maduro y potencias como Rusia, China e Irán por el control petrolero
Miguel Angel Martin Tortabu
La reciente revocación de la licencia que permitía a Chevron operar en Venezuela ha reactivado un conflicto latente entre intereses económicos, política exterior y seguridad energética. La decisión, tomada por la administración Trump como parte de su política de “máxima presión” contra el régimen de Nicolás Maduro, ha tenido un impacto directo en la presencia de la última gran petrolera estadounidense en suelo venezolano.
Durante décadas, Chevron mantuvo operaciones estratégicas en Venezuela a través de empresas mixtas con la estatal PDVSA. Esta permanencia se justificaba bajo la premisa de que sus actividades no beneficiaban directamente al régimen, sino que contribuían a preservar activos y experiencia técnica esenciales para una futura transición democrática. Sin embargo, esta narrativa comenzó a fracturarse a inicios de 2025, cuando salieron a la luz informes que indicaban que Chevron había presentado declaraciones fiscales por aproximadamente 300 millones de dólares ante el SENIAT, el órgano tributario del régimen.
Según documentos revelados por Energy Analytics Institute, estos compromisos tributarios podrían representar una inyección indirecta de fondos al Estado venezolano, lo cual entraría en contradicción con las restricciones impuestas por la Licencia General 41 otorgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), durante gobierno del presidente Biden. Esta licencia estuvo vigente hasta su revocación en marzo de 2025, la cual prohibía expresamente cualquier pago directo o indirecto al gobierno venezolano o a entidades bajo su control.
La respuesta de la administración Trump fue contundente. El secretario de Energía, en declaraciones recientes, afirmó que “ninguna empresa puede seguir fortaleciendo al aparato represor de Maduro a través de la riqueza petrolera. Estados Unidos no será cómplice.” Chevron recibió un ultimátum para cesar operaciones antes del 3 de abril, bajo amenaza de sanciones y futuras acciones legales.
No obstante, la empresa ha adoptado una estrategia dual: presionar políticamente en Washington y mantener su infraestructura operativa en Venezuela. Su CEO, Mike Wirth, ha sostenido reuniones con funcionarios del Departamento de Estado y líderes del Congreso, argumentando que una retirada definitiva afectaría la seguridad energética de EE. UU. y entregaría la industria petrolera
venezolana a actores rivales como China, Rusia o Irán. Paralelamente, reportes del medio Energy Connects indican que contratistas y empleados de Chevron en Venezuela no han recibido aún la orden formal de detener actividades, lo que sugiere una intención de resistir el cierre operativo mientras se exploran salidas diplomáticas.
Mientras Chevron se ve atrapada entre la presión del gobierno de EE. UU. y sus propios intereses corporativos, el régimen de Nicolás Maduro ha comenzado a diversificar sus socios internacionales. Ante la posibilidad de una salida de Chevron, Venezuela está intensificando sus relaciones con potencias no occidentales como Rusia, China e Irán, buscando una alternativa que le permita mantener su industria petrolera operativa, a pesar de las sanciones.
Rusia, a través de su gigante petrolero Rosneft, ya ha tenido una presencia activa en Venezuela desde hace varios años. Su involucramiento podría intensificarse aún más si Chevron se retira, y se espera que Rosneft amplíe sus inversiones en los yacimientos de crudo pesado de la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de petróleo del mundo. A su vez, China ha sido un socio clave para el gobierno venezolano, proporcionando financiamiento a cambio de petróleo. La expansión de empresas chinas en el sector energético podría ser una de las principales respuestas ante la salida de Chevron.
Teherán, por otro lado, ha estado fortaleciéndose como un aliado estratégico. Irán ha enfrentado sanciones similares a las de Venezuela y se ha convertido en un experto en operar en mercados internacionales con restricciones, lo que lo convierte en un socio atractivo para Caracas. La colaboración con Irán podría involucrar no solo el área petrolera, sino también la transferencia de tecnología y el apoyo logístico para mantener en funcionamiento los campos petroleros.
La permanencia de Chevron en Venezuela se encuentra en el centro de un creciente escrutinio en Estados Unidos. Si bien no existe evidencia pública de una investigación formal en curso por parte de la OFAC, informes sobre las actividades fiscales de Chevron en Venezuela, en particular la presentación de declaraciones por unos 300 millones de dólares ante el SENIAT, han generado preocupación entre funcionarios y legisladores en Washington. Estas preocupaciones surgen en el
contexto de la ya revocada Licencia General 41, que prohibía explícitamente realizar pagos, directa o indirectamente, al régimen de Nicolás Maduro. Aunque no está confirmado que Chevron haya efectuado esos pagos, el solo hecho de presentar las declaraciones ha despertado señales de alerta sobre un posible incumplimiento de las sanciones estadounidenses.
Voces dentro del Congreso, como la de la congresista María Elvira Salazar, han señalado a Chevron por “beneficiarse de la opresión” y han exigido mayor claridad sobre las actividades de la empresa. El entorno político apunta a un endurecimiento del tono contra las multinacionales que operan en países sancionados, y Chevron se perfila como un caso emblemático de esta tensión entre intereses económicos y principios legales.
La controversia ha escalado a nivel legislativo. El secretario de Estado designado, Marco Rubio, ha prometido revisar con detalle el papel de empresas estadounidenses que habrían incumplido sanciones, y se espera una supervisión más rigurosa de parte del Congreso. En este tablero de intereses cruzados, Chevron se encuentra en una posición ambigua: presiona para proteger sus activos e influencia, pero enfrenta cuestionamientos legales y éticos sobre su rol en Venezuela. El conflicto evidencia una realidad incómoda: cuando los intereses corporativos y los principios democráticos chocan, la ley muchas veces queda en entredicho.
Por su parte, el régimen de Maduro sigue apostando por alianzas con potencias como Rusia, China e Irán, que podrían no solo reemplazar a Chevron, sino reconfigurar el mapa energético regional. La eventual retirada de la petrolera estadounidense no sería un retroceso para Venezuela, sino una oportunidad para consolidar un nuevo bloque energético alternativo al eje occidental.
Más allá del pulso entre Chevron, el Departamento de Estado y los nuevos socios geopolíticos del régimen de Maduro, los venezolanos enfrentan una realidad donde el petróleo sigue siendo símbolo de riqueza potencial, pero también de frustración histórica. Mientras las grandes potencias negocian licencias, sanciones o contratos, la mayoría de los ciudadanos lidia con apagones, hospitales colapsados y salarios insuficientes.
Las aspiraciones del venezolano común no se limitan al restablecimiento de la producción petrolera, sino al restablecimiento de la democracia misma. Es evidente que se necesita inversión y tecnología para recuperar la industria energética, pero esa recuperación no puede ir desligada del respeto a los derechos humanos ni de la reconstrucción institucional del país.
Existe una percepción ampliamente compartida en la sociedad venezolana: los ingresos petroleros, una y otra vez, han terminado concentrándose en manos de la cúpula corrupta del chavismo, alimentando redes de poder y represión en lugar de traducirse en bienestar colectivo. Esta desconfianza está arraigada en años de opacidad, desvío de fondos públicos y uso político de los recursos del Estado.
Si las alianzas energéticas —sean con Chevron o con actores como China, Rusia o Irán— continúan ignorando estas demandas fundamentales, Venezuela corre el riesgo de repetir el mismo ciclo: riqueza sin desarrollo, petróleo sin libertad.
El verdadero desafío no es solo quién se queda con los pozos, sino quién está dispuesto a construir una Venezuela donde el petróleo vuelva a ser un recurso para el bienestar colectivo, no un instrumento de control político.
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