En los últimos informes de prensa se ha destacado que la situación en Nicaragua empeora cada vez más. El régimen de Daniel Ortega continúa su marcha hacia el autoritarismo, al mismo tiempo que infringe los derechos humanos más básicos y deteriora las instituciones democráticas del país. Yo patrociné el proyecto de ley NICA Act que responsabiliza a los que violan los derechos humanos en el país centroamericano diariamente. Como hemos visto en nuestro hemisferio, en mi patria natal Cuba, y en Venezuela, los dictadores rara vez retroceden y, si el pasado nos enseña algo, el régimen de Ortega continuará consolidándose en el poder a través de la anulación del estado de derecho. Es de gran importancia que los Estados Unidos y todas las naciones responsables en el mundo reafirmen su apoyo al pueblo nicaragüense y declaren firmemente que esta perversión contra la democracia será tolerada.
Recientemente dirigí una carta bicameral y bipartidista, con mis colegas del Congreso, instando a la Administración de EEUU a sancionar a Roberto Rivas, presidente del Consejo Electoral Supremo de Nicaragua, y Francisco López, vicepresidente de ALBANISA, bajo el Global Magnitsky Act.
Este acto se basa en el Russia and Maldova Jackson-Vanik Repeak and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act, aprobada por primera vez por el Congreso de los Estados Unidos para imponer sanciones contra oligarcas rusos responsables del asesinato en la prisión de Sergei Magnitsky en 2009, un activista prodemocrático y crítico del régimen ruso. En 2016, el Congreso promulgó el Global Magnitsky Act para su uso contra los que amenazan la democracia y los derechos humanos en todo el mundo.
Felicito a la actual Administración de EEUU por utilizar esta ley para designar a Roberto Rivas para sanciones por el fraude y la corrupción de las que es responsable de orquestar en su rol en el CES. No es solamente un primer paso en la lucha contra la corrupción, la impunidad y el desprecio por los derechos humanos, pero también es un paso importante. A principios de 2017, la Cámara aprobó otra medida, un proyecto de ley que yo redacté, el NICA Act, que proporcionará una herramienta más para que el Gobierno cumpla con estos objetivos. Insto a mis colegas en el Senado a que tomen esta medida y la envíen al escritorio del Presidente para enviar un poderoso mensaje a Ortega y sus cómplices de que estos abusos no podrán continuar sin consecuencias. Estoy comprometida a seguir luchando incasablemente por nuestra comunidad nicaragüense del sur de la Florida y por los derechos humanos alrededor del mundo.
