El pasado 1ro. de agosto, el Gobierno cubano acordó suspender la entrega de nuevas licencias para determinadas actividades del trabajo por cuenta propia hasta que concluya –explicó la prensa oficial– un nuevo proceso de “revisión y reordenamiento”. La reacción no se hizo esperar, y algunos califican el hecho de una nueva restricción estatal contra el sector privado.
Es cierto, Cuba se caracteriza por hacer uso de su arbitrariedad para no reconocer el derecho de sus ciudadanos. Con partido único y una fuerza represiva capaz de controlar la libertad de prensa y de pensamiento, es harto conocido que durante todos estos años de revolución, el régimen cubano ha tomado medidas que frenan la iniciativa privada como el Plan Maceta, ese descalabro que alcanzó notoriedad en los años 90 en Cuba, amparado bajo la Ley 149/1994, que estuvo destinado a confiscar mercaderías y detener y enviar a la cárcel a los que poseyeran “dinero ilícito”, proveniente de ventas de productos industriales y artesanales o de intercambio en el mercado alternativo.
En 1986, Fidel Castro eliminó los mercados libres campesinos al acusar a los intermediarios de “explotadores del pueblo” que operaban mediante un sistema parecido al de oferta-demanda; pero en la primera mitad de la década de los 90, como consecuencia del quebranto en las relaciones con el extinto campo socialista, se afectó de forma severa la producción agropecuaria, deprimiéndose el producto y el consumo, empezando por la canasta básica de alimentos, lo que propició el desarrollo vertiginoso de un mercado informal de sustento, y aunque para Castro constituía una figura negativa en el contexto social, se vio presionado a restablecer los mercados agropecuarios aun cuando el rencor hacia el dinero “mal habido” continuó siendo el denominador común de la lucha contra toda iniciativa privada; hasta que en mayo de 2016, por orden del Consejo de Ministros, el Ministerio de Finanzas y Precios dictó las resoluciones 157-C y 162 del 2016 que establece, entre otros aspectos, regulaciones a los precios de los productos agrícolas que venden los trabajadores por cuenta propia.
Aunque al régimen cubano le sobra fuerza y crueldad para aplicar sanciones severas a los cuentapropistas, las circunstancias y el presente no están a favor. El país, como mercado, todavía no logra seducir al inversionista extranjero y pese a todo el esfuerzo que hace el Gobierno por publicitar las opciones de inversión y mostrar el Proyecto Mariel como una joya necesaria para el mundo empresarial, la isla continúa teniendo una población con escasa solvencia, limitado poder de consumo y un embargo económico impuesto por los Estados Unidos que espanta al inversor, tanto como la ley cubana de inversiones, que obliga al inversionista, en paralelo, a realizar gestiones propias de negocios e interactuar de manera sostenida con el Gobierno, y como añadidura insoslayable, el criterio oficialista que regula, incluso, el estilo de vida.
Los cuentapropistas cubanos carecen de un marco legal que los proteja. Al no ser tenedores de empresas ni empleados del Gobierno, solo son emprendedores sin ningún amparo legal. No obstante, conozco algunos de estos llamados cuentapropistas, que no son militares ni familia de militares ni hijos de dirigentes ni tienen relación con la Seguridad del Estado, y que después de pagar sus pendientes y los impuestos de la ONAT [Oficina Nacional de Administración Tributaria], con sus negocios en Cuba facturan entre 200 y 500 mil CUC al año. Es incuestionable, en Cuba existe una incipiente pero pujante clase media, con un considerable poder adquisitivo, integrada en su mayoría por trabajadores por cuenta propia, cooperativistas, empleados de empresas extranjeras, empleados del Gobierno que por métodos informales han capitalizado importantes sumas de dinero, y un reducido número de cubanos que con habilidad e ingenio se han convertido en propietarios de algunas de esas empresas extranjeras radicadas en la isla. Por eso, y por la actual coyuntura, el régimen cubano no atacará a ese sector no estatal que lucha por la economía, porque de alguna manera depende de ellos. Sólo modifica y perfecciona para obtener mayor dividendo.
“Cada cual puede decir e interpretar como le parezca la resolución No. 31 que publicó La Gaceta Oficial Extraordinaria; pero solamente responde a la expresión castellana “sin prisa; pero sin pausa”, adoptada como bandera por Raúl Castro, que persigue convertir a los cuentapropistas en empresarios, y aplicar sin trabas las regulaciones que deben cumplir las empresas. Es justo lo que lleva este tipo de reajustes, que son más conceptuales que reales”, afirmó un alto funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República de Cuba, quien por miedo al sobresalto prefirió la clandestinidad.
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